expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> Piden 6 y 8 años para que la policía rionegrina no vuelva a asesinar pibes ~ Rafita presente!

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jueves, 8 de noviembre de 2018

Piden 6 y 8 años para que la policía rionegrina no vuelva a asesinar pibes

La querella por Cárdenas pidió penas de 8 y 6 años de prisión

La abogada Natalia Araya acusó a los tres policías de homicidio en riña calificado por uso de arma y a los exjefes policiales les endilgó el delito de homicidio culposo.


Los tres policías imputados que fueron identificados por la querella como autores del disparo mortal a Cárdenas.(Foto: Alfredo Leiva)


Natalia Araya, expuso los alegatos por el caso Cárdenas. (Foto: Alfredo Leiva)

La abogada querellante Natalia Araya, representante de la familia de Sergio Cárdenas, dio por acreditado que los policías Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo integran el grupo que disparó y dio muerte al joven, y pidió 8 años de prisión y 16 años de inhabilitación.

La querella acusó a los tres policías, que en junio de 2010 prestaban funciones en la Comisaría Segunda, de los delitos de homicidio en riña calificado por uso de armas.

Además, Araya solicitó 6 años de prisión y 12 de inhabilitación para los excomisarios Jorge Carrizo (exjefe de la comisaría 28), Jorge Villanova (exjefe de la Policía de Río Negro), Argentino Hermosa (exjefe de la Regional Tercera) y Víctor Cufré (exsecretario de Seguridad) por los delitos de homicidio culposo e incumplimiento deberes de funcionario público y accionar negligente.

La abogada no acusó al exsegundo jefe de la Regional Tercera, Fidel Veroíza, al considerar que no estaba acreditada su responsabilidad porque el jefe de la Regional, “nunca pasó el mando”, cuando se fue a El Bolsón con sus superiores. “El (Hermosa) seguía intentando o queriendo manejar a su antojo la situación. Veroiza se enteraba poco y de revuelo, la Regional quedó acéfala porque a Veroiza solo se dijo que vaya a hacer tareas administrativas”, indicó Araya en su intervención.

Ante esta decisión de no acusar al excomisario, Araya manifestó que “las víctimas no buscan venganza, acá se busca verdad y justicia”.

La abogada querellante, junto a su par Julieta Blanco, plantearon que el 17 de junio hubo “violencia institucional, una práctica estructurada que usan los funcionarios públicos” y remarcaron que muchos testigos indicaron que “ese día se esperaba que pase algo grave”. Por eso cuestionaron con dureza que los exjefes Cufré, Villanova y Hermosa hayan decidido viajar a El Bolsón esa tarde aludiendo que la situación estaba más tranquila.

Las querellantes, al igual que ayer su par Marina Schifrin representante de la familia de Nicolás Carrasco, remarcaron diferencias entre la actuación del grupo Bora y los policías convencionales a quienes les atribuyeron la situación “desorganizada” y el “descontrol”. Dijeron que los uniformados no estaban preparados para una situación de conflictividad y que los jefes “enviaron a su personal absolutamente sin nada, a poner a el cuerpo, sin saber a qué iban ni lo que tenían que hacer”.

“Los jefes tenían la conducta de mando para haber evitado lo que sucedió”, dijo Blanco en su intervención en una nueva instancia de alegatos.

Respecto a los tres policías identificados como presuntos coautores del disparo que mató a Cárdenas, la querella indicó que quedó probado que tanto Pil como Sobarzo y Epuñán, integraban el grupo que se adelantó por la calle Sobral y que según imágenes fotográficas los tres portaban escopetas calibre 1260.
DeBariloche

Para la querella, Carrasco murió en una emboscada policial

La abogada que representa a la madre de Nicolás, Carmen Curaqueo, abrió los alegatos. Estimó que los agentes que dispararon postas de plomo tenían como objetivo a un testigo clave del caso Bonefoi, que en ese momento estaba con la víctima.

SOLEDAD MARADONA

“Nunca más un 17 de junio en Bariloche”, pidió la abogada querellante durante su alegato final.

Nicolás Carrasco fue víctima de una emboscada de un grupo de policías, según la hipótesis de la abogada querellante Marina Schifrin, quien avanzó en la teoría de que los uniformados en un “accionar planificado” iban tras otro joven que había sido testigo clave del crimen de Diego Bonefoi esa madrugada, muerto en un caso de gatillo fácil.

Carrasco fue herido gravemente con cuatro disparos de postas de plomo entre las 16:21 y las 16:26 del 17 de junio de 2010. Cayó tendido junto a Lucas Gallardo, en la puerta de la vivienda de este joven, que era un testigo clave del asesinato de Bonefoi.

La querella agregó que la vivienda de Gallardo había sido atacada durante el día, como varios testigos y parte de la pericia señalaron en el juicio y argumentó: “podemos pensar que hubo un hecho que fue planificado. Se debería haber investigado”. Pese a que no se pudo precisar quién fue el autor material de la muerte de Carrasco, Schifrin dio por probadas las “omisiones” y “responsabilidades” de los exjefes policiales y por eso pidió que se condene a 6 años de prisión efectiva e inmediata a los exjefes policiales Jorge Carrizo, Fidel Veroiza, Argentino Hermosa, Jorge Villanova y al exsecretario de Seguridad, Víctor Cufré. (Ver aparte).

La querella avanzó en la posible existencia de acciones coordinadas de un grupo de policías que utilizaron postas de plomo, lo vinculó al crimen de Bonefoi y al hecho de que el autor de ese homicidio fue un agente de la Policía de Río Negro, el cabo Sergio Colombil, quien prestaba funciones en la Comisaría 28.

“Los policías agitaron el conflicto y mucho tiene que ver que tenían un camarada preso, no lo veían como un hombre que mató a un niño, lo veían como un camarada en desgracia”, afirmó Schifrin e insistió en la “desorganización” y “desproporción” del operativo que tuvo como objetivo “resguardar la comisaría 28”, donde hasta el mediodía estuvo detenido el cabo Colombil.

Varios testigos, incluso uno de los comisarios imputados, indicó que la orden era preservar la comisaría ante una posible quema o asalto por parte de los manifestantes, algo que fue cuestionado por la abogada quien se preguntó: “¿Si el objetivo era proteger un bien patrimonial por qué buscaron balas de plomo, por qué no buscaron vallas?”.

La querellante señaló también que en el juicio hubo policías que se remitieron a la falta de memoria para no responder. “Los policías tienen un pacto y es un pacto que no colabora con la verdad y la justicia”, afirmó y pidió al tribunal que la fiscalía investigue los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio doloso. En su alegato, la abogada pidió que otros dos policías sean investigados. Se trata de Fernando Manquenao quien admitió haber utilizado postas de plomo y haber trasladado cajas con esas municiones, y Mariela Bazán que “recolectó prueba” ya que distribuyó y luego levantó casquillos de municiones. También pidió investigar por encubrimiento al entonces jefe de Prosegur, Norberto Barridón.


Más información | Está entre cinco policías el autor del crimen de Cárdenas
Cómo sigue el proceso judicial
Hoy continúan los alegatos de la abogada querellante Natalia Araya, quien representa a Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas.
También sería el turno de los alegatos de la Fiscalía y el viernes tendrán su espacio los defensores de los policías imputados, Sebastián Arrondo y Marcos Cicciarello.
El plazo del tribunal para dictar la sentencia se extenderá más de lo habitual (8 días) atento a la subrogancia de dos jueces de otro fuero, que integran el tribunal.
Pidió 6 años a los exjefes policiales
La querella, en representación de Carmen Curaqueo, madre de Nicolás Carrasco, pidió al tribunal que se condene a 6 años de prisión efectiva e inmediata, con prisión preventiva, y el doble de la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, al exjefe de la Comisaría 28, Jorge Carrizo; el exsegundo jefe y el extitular de la Unidad Regional Tercera, Fidel Veroiza y Argentino Hermosa; el exjefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova; y el exsecretario de Seguridad de la provincia, Víctor Cufré.
Valoró que los cinco exjefes debían ser considerados responsables de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, y por la imprudencia, negligencia e impericia de sus acciones que causaron la muerte de Carrasco, el amedrentamiento de testigos y obstrucción de la Justicia y homicidio culposo.
“¿Si el objetivo era proteger un bien patrimonial, por qué buscaron balas de plomo, por qué no buscaron vallas?”,
señaló la abogada querellante Marina Schifrin.







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