expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> Una fallo para frenar a la borracha mata pibes ~ Mensajero Digital

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sábado, 22 de septiembre de 2018

Una fallo para frenar a la borracha mata pibes

UN FRENO A LA DOCTRINA BULLRICH
Seis prefectos recibieron penas de ocho a diez años y medio de prisión por torturar y realizar simulacros de fusilamiento a dos jóvenes de la Villa 21-24 de Barracas. Es la primera condena a miembros de fuerzas de seguridad por delitos represivos cometidos en el gobierno de Cambiemos.
Por Carlos Rodríguez


Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, las dos víctimas, emocionados después del fallo.


Sobre los hombros de sus compañeros de La Poderosa, Iván y Ezequiel flamearon como banderas, convertidos en héroes de una batalla judicial que supieron ganar en buena ley, porque terminó con condenas de 10 años y seis meses y de 8 años y once meses de prisión para los seis prefectos que en septiembre de 2016 los sometieron a torturas, humillaciones y simulacros de fusilamiento en la villa 21-24 de Barracas. Los dos chicos, Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, salieron llevados en andas por la puerta del Palacio de Tribunales que da a la calle Tucumán, mientras centenares de personas que los esperaban fuera del recinto coreaban: “Olé, olé, a nuestros chicos no les pegan nunca más, Patricia Bullrich vos tenés que renunciar”. Las abogadas querellantes, Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Gabriela Carpinetti, por La Poderosa, coincidieron en que fue “un fallo histórico” porque el accionar represivo fue calificado como “torturas, tal como corresponde” y la decisión del Tribunal Oral 9 “debe servir para poner freno a un accionar de las fuerzas de seguridad que es sistemático”.

Carpinetti recalcó que debe tomarse en cuenta “la responsabilidad política que tiene en casos como este el Ministerio de Seguridad” a cargo de Bullrich. De hecho, es la primera condena a integrantes de fuerzas de seguridad por un delito cometido durante la gestión de Patricia Bullrich. Agregó que “como militantes populares y abogados de derechos humanos, no podríamos festejar efusivamente la cárcel para ninguna personas, pero en este contexto pensamos que es un mojón importantísimo en la lucha contra la impunidad”.

Los prefectos Leandro Antúnez, Orlando Benítez y Osvaldo Ertel fueron condenados a 10 años y seis meses de prisión, mientras que sus coimputados Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsilli, recibieron penas de 8 años y once meses de cárcel, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para volver a ejercer cargos públicos. En todos los casos, la calificación del hecho fue durísima: “Privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves, en concurso real con robo agravado en poblado y en banda, con el agravante de haber sido cometido por miembros de las fuerzas de seguridad”. Además de los golpes, la tortura psicológica y las amenazas de muerte, los prefectos se quedaron con un celular y efectos personales de uno de los dos chicos. Los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de octubre.

Iván, cuyo testimonio fue fundamental a la hora de describir el itinerario que tuvieron que sufrir, esposados y a los golpes, entre las 23 del 24 de septiembre de 2016 y las siete de la mañana del día siguiente, le dijo a PáginaI12 que estaba “muy bien, muy emocionado por este fallo, porque se hizo justicia, gracias al acompañamiento que tuvimos de todos los chicos del barrio”. Consultado sobre su situación actual, luego de las amenazas y presiones sufridas durante el juicio, reiteró que está “muy bien, conforme porque lo que más queríamos es que ellos pagaran por lo que nos hicieron y la Justicia nos dio la razón, de manera que hemos logrado lo que queríamos”. A su lado estaba Ezequiel, perdido entre abrazos, risas y llantos. El chico, que tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos, sólo se limitó a sonreír porque “ahora por fin estamos mejor, más tranquilos”.

En la calle, Nacho Levy, referente de La Poderosa, destacó la participación que tuvo todo el proceso el Centro de Estudios Legales y Sociales. En nombre del CELS, Paula Litvachky, directora del equipo de Justicia y Seguridad del CELS, dijo que la condena “es muy importante porque estableció como tortura hechos que son cotidianos” y al mismo tiempo señaló que “más allá de la tarea jurídica, fue muy importante la movilización de La Poderosa y otras organizaciones sociales porque está claro que estos logros se van a alcanzar en la calle”.

La sesión comenzó a las 10.45 con las últimas palabras de los imputados ante los jueces. Todos los prefectos hablaron, con la única excepción de Yamil Marsilli. Algunos dijeron estar “arrepentidos” de lo que habían hecho contra los dos chicos, pero de todos modos recalcaron que no son “ni torturadores ni delincuentes como se nos ha tratado en esta audiencia”. En sus declaraciones indagatorios, algunos de los imputados dijeron que los golpes, amenazas y simulacros de fusilamiento fueron “sólo correctivos” físicos contra dos chicos a los que acusaban, sin ningún fundamente ni prueba alguna, de haber cometido un supuesto robo. Fue curioso cuando ayer, en su última presentación ante los miembros del Tribunal Oral 9, al menos dos de los prefectos comenzaron diciendo “no hicimos nada” y terminaron pidiendo disculpas “por lo que hicimos”. Uno de ellos, incluso, dijo que tenía ganas de “estrechar las manos de los dos chicos”, frase que provocó el rechazo de los familiares de Iván y Ezequiel.

Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, le dijo a este diario que “lo que hicieron los prefectos fue una parodia, una mentira que nada tiene que ver con lo que hicieron”. Precisó que “al pedir perdón, lo único que hicieron fue reconocer el delito que habían cometido”. Criticó además que hayan hablado “del dolor de sus familias, de sus hijos, porque ellos están presos, sin tener en cuenta el dolor que le causaron ello a los dos chicos torturados y a sus familias, que luego sufrieron amenazas y persecución”. Sobre el fallo condenatorio, consideró que se ha dado “un paso importante, pero hay que seguir luchando para que haya justicia en otros muchos casos similares que ocurren en las villas y que siguen impunes, como Kevin (Molina) y como tantos otros”.

Carpinetti coincidió en que “esta sentencia es la que todavía le debemos a Kevin Molina, a Kiki Lescano, a Nehuén Rodríguez y a un montón de pibes; en esta sentencia está resumido todo el dolor, pero también toda la lucha que hizo posible esta condena y toda la esperanza puesta en que la justicia es posible”. En el acto realizado sobre la calle Tucumán, Levy destacó que “este fallo fue posible, primero, para la valentía de Iván y Ezequiel, por el apoyo de su familia, y por la labor del CELS, que a veces no se nota tanto, pero que tiene una importancia enorme”. El agradecimiento se extendió a la presencia de Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza, y a Norberto Liwsky, víctima de la dictadura militar. Cuando la multitud reunida frente a Tribunales elevó el festejo a su máxima expresión, Levy concluyó: “Esta vez podemos decir con más razón que nunca: Feliz Primavera”. Luego hubo aplausos y risas, para cerrar una historia de dolor.

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