expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> Impunidad: funcionario de Bullrich es abogado de imputados en casos Maldonado y Nahuel ~ Rafita presente!

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martes, 10 de julio de 2018

Impunidad: funcionario de Bullrich es abogado de imputados en casos Maldonado y Nahuel

Conocé el “prontuario” de Fernando Soto, director nacional de “ordenamiento y adecuación” de las Fuerzas de Seguridad que a la vez defiende al asesor de la Corte Gonzalo Cané y al prefecto Francisco Pintos.


Por Daniel Satur@saturnetroc LID




La semana pasada fue muy activa para el doctor Fernando Soto. Es que a sus tareas habituales en el Ministerio de Seguridad le debió agregar un importante viaje a Bariloche y más de una reunión con carácter reservado. Además de su jefa política, Patricia Bullrich, por estos días al teléfono de Soto lo bombardearon a llamadas y mensajes sus “clientes” Francisco Pintos y Gonzalo Cané.

Pintos es el cabo primero de la Prefectura Naval Argentina sospechado de haber asesinado con su pistola 9 milímetros, por la espalda, al joven mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre del año pasado en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.

Acompañado por el doctor Soto, Pintos se presentó el último jueves en el Juzgado Federal de Bariloche para prestar declaración indagatoria ante el juez Gustavo Villanueva. La citación fue decidida por el magistrado luego de obtener resultados de las pericias sobre la bala hallada en el cuerpo de Nahuel.

Esos peritajes realizados por prestigiosos laboratorios de Bariloche y Salta, determinaron que las estrías y demás características detectadas en el proyectil coinciden sin margen de dudas con el arma que el prefecto portaba aquel sábado de fines de noviembre.

Gonzalo Cané es desde hace años secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero entre diciembre de 2015 y abril de este año se desempeñó como secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Desde allí se convirtió en uno de los sables más filosos de Patricia Bullrich (quien además es su amiga) en la pelea por conseguir la impunidad para la Gendarmería y en la campaña de persecusión a la familia de Santiago Maldonado y a testigos de la causa por su desaparición y muerte.

Hace algunos días Cané, también acompañado por el doctor Soto, presentó en los Tribunales de Comodoro Py un particular pedido al juez federal Daniel Rafecas. En el marco de una causa abierta por espionaje ilegal a los Maldonado, cuyos denunciantes son Myriam Bregman y Matías Aufieri, el exfuncionario de Bullrich solicitó tener acceso al expediente en el que se lo investiga.

Rafecas dio curso al requerimiento de Cané pero ni siquiera lo citó todavía a indagatoria.

Hacerse el Soto


No es nada casual que el doctor Soto haya aceptado el pedido de su jefa de que patrocine como letrado a dos sospechados de delitos graves que, de comprobarse, podrían poner en peligro la misma estabilidad de la ministra. Un poco porque él está “en el mismo barco” que ellos y otro poco porque lleva años de experiencia embarrándose en causas que involucran a uniformados y demás actores del poder.

Las relaciones de Soto con las fuerzas represivas del Estado y con el Poder Judicial datan de, al menos, dos décadas atrás, focalizadas por lo general en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde parece que cultivó profundos lazos con la Policía Federal y con algunos destacados habitantes de los tribunales.

Ya a mediados de los 90 el actual director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas de Seguridad del Ministerio era un avezado abogado penalista. Y no solía defender, precisamente, a perejiles.

En noviembre de 1998 el diario Clarín informaba que Soto había sido “el primer abogado de (Norberto) Oyarbide cuando se conoció el escándalo de Spartacus”, el prostíbulo en el que el juez federal fue filmado participando de una fiesta VIP y por lo que fue acusado de proteger a una extensa red de esos negocios ilegales. Según el propio diario, Oyarbide terminó pidiéndole a Soto que dejara de defenderlo, ya que era “conocida” su participación “en la defensa de dueños de prostíbulos” y eso no lo beneficiaba para nada.

En aquel artículo (sin firma), Clarín detallaba que “Soto se presentó varias veces en procedimientos y allanamientos en el sauna The One”, un prostíbulo cuya propiedad se le adjudicó siempre al proxeneta VIP Raúl Martins, amigo personal de Mauricio Macri y exagente de la SIDE durante los 70 y 80.

El diario aportaba otro dato: “en 1997 (Soto) fue envuelto en una denuncia por la cual un abogado -Angel Grieco- lo acusó de intentar sobornarlo en plena comisaría 2 para no radicar una denuncia por lesiones contra personal de ese boliche”. Se presume que Soto le ofreció $ 5 mil (equivalentes a U$S 5 mil) por su silencio.



Soto, Bullrich, Cané

Haciendo méritos con el patrón

Años después su carrera profesional le depararía volver a estar en el centro de la escena. Tras el incendio del boliche porteño Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, Soto se ganó la confianza de muchas de las familias de las 194 víctimas y se convirtió en una de la voces cantantes de las querellas.

Desde ese visible lugar Soto bregó con insistencia en que se juzgara y condenara a todos los miembros de la banda Callejeros (algunos de los cuales perdieron familiares en el siniestro) focalizando gran parte de la responsabilidad en los músicos para diluir lo más posible la culpa del funcionariado corrupto y del empresariado inescrupuloso.

En esos tiempos Macri (que había perdido en 2003 el balotaje en las elecciones a jefe de Gobierno) se hacía el “justiciero” y aprovechaba la oportunidad para promover la caída de Aníbal Ibarra, uno de los máximos responsables de la masacre del boliche de Once. Y mientras sus alfiles de Compromiso para el Cambio batallaban en la Legislatura porteña, Macri aprovechaba su tiempo para solucionar algunos problemas que tenía en la presidencia de Boca.

Entre otros contratiempos en la entidad deportiva, Macri debió atender una causa por asociación ilícita que involucraba a barrabravas del club y a miembros de su Comisión Directiva. Allí también el abogado Soto haría su trabajo de defensor, atendiendo los requerimientos de quien se estaba convirtiendo en su jefe político. Al menos dos de los involucrados en el negocio de entradas falsas y otros “quioscos” en el club fueron defendidos por Soto.
Todo servicio

El afianzamiento de diversas relaciones institucionales le permitieron a Soto ingresar en 2009 al Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, con el cargo de profesor en la materia Prevención Sumaria. Hasta hoy da clases allí. Algunos años antes ya había transitado esas aulas, aunque como “profesor invitado”.

Pero Soto debería esperar algunos años más para meterse de lleno a brindar sus servicios al macrismo ocupando cargos políticos. Cultor de la masonería, apoderado legal de la viuda de Jorge Luis Borges María Kodama y fanático defensor de la mano dura y la Doctrina Chocobar, hasta antes de que asumiera Macri como presidente Soto dedicaría casi todo su tiempo a casos particulares atendidos desde su estudio jurídico.

Finalmente en mayo de 2016 se sumó, al menos oficialmente, al plantel de Cambiemos en una de las áreas estratégicas de la gestión macrista: Seguridad. Bullrich lo ungió Director Nacional de Proyectos, Evaluación de Normas y Cooperación Legislativa del Ministerio, aunque él prefiere denominar su cargo con un título más tangible. En su cuenta personal de Twitter se define como director de “Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad”.

Su afán meritocrático lo llevó a ser uno de los funcionarios más serviles de Bullrich. Y llegarían las recompensas. En abril de 2017 sumaría a sus tareas el cargo de “Enlace con la Oficina Federal de Investigación” de los Estados Unidos, el FBI. Y en enero de este año el ministro de Justicia Germán Garavano lo sumó como miembro de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas. Él, chocho.

El lugar alcanzado y la experiencia acumulada hicieron que su jefa política no dudara a la hora de buscar garantizarles una buena defensa a los primeros imputados en causas sensibles para el Ministerio, como las de los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

En el primer caso, fue Soto quien se presentó ante el Poder Judicial, sin más pruebas que el hecho de que el cuerpo de Maldonado dejó de estar desaparecido, para reclamar que la causa dejara de caratularse como desaparición forzada. Tan endeble resultaba el argumento (y tan obvio el objetivo que buscaba) que el propio juez Gustavo Lleral (imposible de ser tildado de antimacrista) debió negar el pedido y no modificar la carátula.

Soto también es quien encabeza una denuncia penal contra dos abogados defensores de derechos humanos, quienes a su vez habían denunciado al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Buscando una suerte de inversión de la carga de la prueba y apelando al desprestigio profesional de los acusadores, Soto se lanzó a la empresa de criminalizar a quienes buscaron acercarse un poco más a la verdad del caso.

Hace pocos días Soto volvió a aparecer por un juzgado. Pero no de Esquel sino de la Ciudad de Buenos Aires y como patrocinador de Gonzalo Cané. Si bien ambos compartieron gabinete en el Ministerio, Cané ya no forma más parte del staff de Bullrich. Como se dijo, hace meses volvió a ocupar su cargo de asesor letrado de la Corte.

Pese a ser muy amigos, parece que Bullrich prefiere tener marcado de cerca a Cané. Por eso ante el juez Rafecas este funcionario del Poder Judicial va representado por el doctor Soto, un funcionario del Poder Ejecutivo.

En el caso del crimen de Rafael Nahuel, Soto ya empezó a hacer de las suyas. En su declaración indagatoria del último jueves, su defendido Francisco Pintos mostró varias contradicciones en su versión de los hechos ocurridos en Villa Mascardi. Y, lo que es más sospechoso, negó aquello que las pericias balísticas dieron por incuestionable. El prefecto asegura que nunca disparó el arma que figura en el expediente y que tenía asignada al momento de reprimir a los mapuches.

Con esas contradicciones expuestas, el abogado Soto no lo dudó y ya anticipó que pedirá que se realicen nuevamente las pericias y estas sean declaradas nulas. De manual.
Ordenamiento y adecuación

Es interesante pegarse una vuelta por la cuenta de Twitter del doctor Fernando Soto. Se podría decir que allí expone sin tapujos algunos de sus pensamientos más profundos.

El año pasado, en medio de la búsqueda desesperada de la familia Maldonado, Soto reivindicaba y reproducía (en general retuiteando mensajes ajenos) cuanta propaganda de impunidad lanzara su jefa.




Una de sus habituales muestras de cinismo la dejó patentada el 22 de octubre, el mismo día de la elecciones legislativas. Desde su cuenta lanzó una clara señal de desprecio hacia los Maldonado y quienes exigen justicia por Santiago.


Fernando Soto@Doctor_Soto




Excelente trabajo del CONICET sobre causa de muertes por ahogamiento:http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=19613&congresos=yes&detalles=yes&congr_id=2696557 …
11:26 - 22 oct. 2017
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Desde ya, también retuitea las diferentes operaciones de prensa lanzadas por periodistas serviles de Clarín, La Nación o Infobae. “Noticias” que muy probablemente él o alguno de sus colegas del Ministerio se encargan de sugerir previamente a esas empresas periodísticas, llegando al extremo de proveerles “información” obtenida ilegalmente por el propio Estado. Por ejemplo, las escuchas ordenadas por el peligroso juez Guido Otranto sobre los teléfonos de Sergio Maldonado y testigos del caso.

No es un dato menor que Soto procede de forma diferente en cuanto al crimen de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura. Al menos en sus redes sociales, el funcionario se priva de realizar comentarios envenados o de cuestionar a la víctima. Posiblemente tema quedar en falsa escuadra ante las múltiples evidencias que ya existen en el caso del asesinato por la espalda del joven mapuche.

El doctor suele transmitir la idea de que en cuestiones criminales la “víctima” debe ser escuchada, consideradas sus opiniones y valorizada su intervención en los casos. Eso sí, siempre y cuando opinen y estén dispuestas a compartir la política que el mismo Soto representa.

Hasta llegó a quejarse de que el Ministerio de Seguridad “tuvo que gastar” $ 53 millones en la búsqueda de Santiago. Algo que, bien pensado, debería demostrar que él y sus colegas son unos fracasados. Si fuera cierto que el cuerpo de Santiago estuvo sumergido 78 días en el lugar donde se lo encontró, un lugar que había sido rastrillado previamente por las fuerzas federales en varias oportunidades, la confesión de parte sobre los gastos obliga al relevamiento de toda prueba.

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