expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> febrero 2018 ~ Mensajero Digital

pino

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viernes, 16 de febrero de 2018

Lejísimo

El Soyem no aceptó la propuesta salarial de Gennuso

Consideraron como “una falta de respeto” la intención del Ejecutivo Municipal de aumentar los sueldos en un 15%. El gremio va por el 32%.

El Soyem anunció que los trabajadores reunidos en asamblea rechazaron “unánimemente” la propuesta de aumento salarial del 15% propuesta por la gestión de Gustavo Gennuso.

Los empleados municipales desistieron de su pedido inicial del 35% pero intentarán negociar un 32%, reconocieron algunos asistentes a la asamblea.

“Se rechazó totalmente el ofrecimiento del gobierno. Los compañeros lo tomaron como una falta de respeto, dijeron que era un porcentaje irrisorio”, indicó el secretario general del Soyem, Juan Fuentes, al término de la asamblea en el gimnasio Germán González.

Según indicaron, en las próximas horas elevarán al Ejecutivo Municipal el resultado de la asamblea y el nuevo pedido de aumento. Pero prefirieron no dar mayores precisiones sobre el encuentro que se prolongó por más de una hora y media, aunque sin mucha participación de los trabajadores ya que muchos están de vacaciones.
DeBariloche

Cada vez más bondi

FlyBondi debió reprogramar todas sus partidas de ayer y hoy

Con demoras de hasta nueve horas, ayer Flybondi reprogramó todos los vuelos y en algunos casos los pasajeros tuvieron que ser trasladados desde El palomar hasta Aeroparque. Los dos primeros vuelos de esta mañana también fueron postergados.




La aerolínea low cost FlyBondi sigue suspendiendo vuelos y derivando pasajeros hacia otros aeroparques por complicaciones en El Palomar. Ayer, la empresa suspendió un vuelo a Córdoba y reprogramó el resto de las salidas, algunas incluso con demoras de hasta nueve horas. Esta mañana los vuelos que estaban anunciados desde Buenos Aires (El Palomar)-Córdoba y Córdoba-Buenos Aires también fueron reprogramados. Quejas y burlas en las redes sociales.

Despegar a horario parece un desafío difícil para la low cos favorita del Gobierno. A los problemas con el "aeropuerto trucho” –como los denominaron los vecinos- de El Palomar- se sumaron complicaciones técnicas y de logística.


Ayer, la empresa canceló el vuelo 5013 que partía desde El Palomar con destino a Córdoba, anunciado para las 20:05. Los pasajeros fueron trasladados en combis hasta Aeroparque, donde tres horas más tarde pudieron abordar el vuelo. Esta no fue la primera salida frustrada de Flybondi, el resto de las partidas también debieron ser reprogramadas.

El vuelo 5400, que debía salir desde Córdoba a Mendoza a las 6:00 fue reprogramado para las 14:30. También fue postergado el viaje que iba desde Mendoza a Iguazú, con partida a las 7:35, que terminó saliendo a las 16:30, vía Córdoba. El vuelo 5451, Iguazú-Mendoza, también fue reprogramado. Lo mismo que el que hacía Mendoza-Córdoba, que salió con dos horas y media de retraso.


Esta mañana Flybondi, también reprogramó los vuelos Buenos Aires-Córdoba y Córdoba-Buenos Aires. El vuelo que debía salir a las 06:10 fue postergado hasta las 11:45 y de las 07:55 se pasó para las 10.

Cortocircuitos de una sociedad que le dice a los jóvenes "tomá, tomá, tomá, no tomes, no tomes"

Un chofer les dijo que no podían consumir alcohol y lo golpearon

Tres personas subieron con una lata de cerveza pero se ofuscaron cuando el chofer señaló que no podían beber en la unidad. Lo agredieron y rompieron el colectivo.


Un chofer de la empresa Mi Bus fue agredido físicamente anoche en la calle Beschtedt y Ruta 40 mientras realizaba un recorrido. Además de golpearlo, los agresores arrojaron piedras a la unidad 44 rompiendo el parabrisas delantero y el primer vidrio lateral derecha.

El chofer radicó la denuncia de inmediato. Según relató, todo comenzó cuando realizaba un recorrido por el puente de Villa Los Coihues donde levantó a tres personas (dos hombres y una mujer). “Como uno de ellos tomaba una lata de cerveza, le indiqué que no podía beber en el interior del colectivo. Respondió de manera desafiante que la iba a guardar”, señaló en la denuncia.

Antes de bajar del colectivo, a la altura de Beschtedt y Ruta 40, “comenzaron a insultarme y agredirme con golpes de puño. Cuando pude sacarme el cinturón de seguridad, bajaron de la unidad y comenzaron a arrojar piedras”, puntualizó el hombre.

A mediados de enero, tres jóvenes asaltaron a otro chofer en la zona de la Barda del Ñireco. Aunque no puso resistencia, lo golpearon salvajemente.
DeBariloche

Hemos retrocedido mucho, pero no tanto como para legalizar el fusilamiento por la espalda

Confirmaron el procesamiento del policía Chocobar
La doctrina rumbo al banquillo
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal confirmó el procesamiento del policía señalado por asesinar por la espalda a un joven que había cometido un delito, acto por el que fue recibido por el presidente Macri. Se lo acusa de “homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber”. El tribunal también cuestionó al fiscal Ricardo Sáenz por no haber presentado un dictamen y en su lugar haberse dedicado a “opinar sobre la situación”.



La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del policía Luis Chocobar, acusado de haber asesinado por la espalda a una persona que había cometido el delito y que, a pesar de ello, recibió el apoyo explícito del gobierno nacional y hasta fue recibido por el presidente Mauricio Macri. La resolución del tribunal, además, anuló el embargo de 400 pesos que pesaba sobre el agente y aclaró que el fiscal general Ricardo Sáenz no presentó ningún argumento a favor del uniformado, sino que se limitó a dar sus opiniones.

De esta manera, la decisión de la Cámara confirmó la decisión del juez de Menores Enrique Velázquez pero endureció la calificación al entender que hubo un exceso en el cumplimiento del deber y no en la legítima defensa.

“Él le dio la pena de muerte a mi hijo. El video es contundente”, puntualizó la madre de la víctima, Ivonne Kukoc, en referencia a las imágenes que dan cuenta del momento en que el joven cae baleado por Chocobar mientras huía. “No pueden decir que eso esté bien”, añadió durante una entrevista por C5N. “No me suma ni me resta lo que va a pasar con Chocobar, pero que un policía esté así en la calle no le suma a nadie”, concluyó.

En el escrito de doce páginas, los camarista Julio Lucini, Mariano González Palazzo y Rodolfo Pociello Argerich consideraron correcta la actuación de Chocobar al intervenir en el robo cometido por Pablo Kukoc, pero advirtieron que el “exceso” ocurrió a partir del segundo de los nueve disparos que efectuó el agente.

“No es un detalle menor su condición de policía porque lo coloca, necesariamente, en un plano normativo distinto al de un particular en tanto el Estado, para el correcto uso de la fuerza pública, reglamenta su actuación”, sostiene el fallo.Tras reconocer que por la legislación los agentes tienen “estado policial permanente” aunque no se encuentran en servicio, los jueces recordaron que existen restricciones para el uso del arma solo “ante un supuesto de legítima defensa propia o de terceros, o la comisión de un delito que entrañe un peligro para la vida”.

En esa línea, para la Cámara Chocobar se encontraba obligado a intervenir cuando el turista estadounidense fue asaltado y apuñalado en La Boca por Kukoc y otro joven. “Inicialmente tomó las precauciones que el caso ameritaba: dio a conocer su condición de funcionario policial; le ordenó que se arrojara al suelo y; cuando realizó las primeras detonaciones, dio clara advertencia de su intención de emplear el arma reglamentaria con tiempo suficiente para que Kukoc considerara esta circunstancia”, señala el fallo.

Sin embargo, cuestiona la acción posterior cuando Kukoc se dio a la fuga: disparó “aparentemente cuatro veces” y “sin que surja, al menos de momento del legajo, agresión armada en su contra que explique la necesidad racional de hacerlo”. Para los camaristas, en vez de eso el policía pudo haber reiterado los disparos intimidatorios, continuar con la persecución o esperar la llegada de refuerzos policiales, que él mismo había solicitado. “Debemos dejar en claro que venía cumpliendo un mandato legal, pero luego sobrepasó la restricción sobre el uso de armas de fuego”, insistió la Sala VI de la Cámara del Crimen.

A pesar de ello, los jueces descartan en principio que haya habido intención de asesinar al presunto delincuente porque el disparo que ingresó por la espalda se encuentra “centímetros por encima de la cintura” y su trayectoria fue “de abajo hacia arriba” por lo que infieren que “éste impactó cuando Kukoc se agachó ante el primero recibido”. Sobre este punto, el fallo pide profundizar la investigación: pidió que se haga una reconstrucción del hecho con peritos e integrantes del Cuerpo Médico Forense “para que se establezca claramente la distancia de los disparos y en qué ángulos habrían ingresado en el cuerpo de Kukoc”.

Los camaristas también le dedicaron un breve párrafo al fiscal general Ricardo Sáenz, a quien ya habían reprendido durante la audiencia de apelación por no presentar ningún dictamen sino limitarse a opinar en defensa de Chocobar y de la policía en general. En el fallo le remarcaron que no recurrió ni adhirió a la resolución de primera instancia “limitándose a opinar sobre la situación de Chocobar, conforme se le comunicara en la audiencia ningún pronunciamiento hará esta Sala”.

jueves, 15 de febrero de 2018

Si quieren volver a aumentar el que ya es el boleto más caro del país, que muestren como se están fundiendo

Los usuarios quieren conocer las ganancias de Mi Bus en Bariloche

El planteo surgió de la audiencia pública en la que todos los oradores rechazaron el aumento pretendido por la empresa.


Por DANIEL MARZAL * RN

La empresa volvió a decir que los que pagan subsidian a los que tienen tarifa cero o con descuento. (Foto: Archivo)

El gobierno municipal deberá resolver en un par de semanas si aprueba el aumento en la tarifa del transporte urbano que pidió la concesionaria Mi Bus y desde ayer debe cargar con el unánime rechazo expresado durante la audiencia pública convocada para evaluar la propuesta.

Actualmente el boleto mínimo cuesta 16,44 pesos y la empresa quiere llevaron a 19,68, lo cual representaría un aumento del 19,5%. La revisión es “semestral”, de modo que habría otro ajuste antes de fin de año.

La pretensión de Mi Bus fue expuesta por su gerente, Pedro Ponte, que se quejó por la escasez de los subsidios otorgados por el gobierno nacional y dijo que hoy la empresa realiza 71.000 kilómetros extra cada mes, con combustible a precio de mercado y a su propio costo.

Dijo también que en promedio el sistema traslada unos 12,2 millones de pasajeros por año “que pagan el boleto”, mientras que “del 35 al 40% de los usuarios viajan gratis”, especialmente los estudiantes de los tres niveles.

Aseguró que el aumento reclamado es indispensable para cubrir los mayores costos. Explicó que al no haber compensación del Estado por los boletos escolares, esa carga se traslada al resto de los pasajeros a razón de 4 pesos por boleto.

Ponte comparó el aumento del colectivo en Bariloche con la evolución de otros precios como el del pan, el aceite y del azúcar, que habrían sido mayores. “A mí también me duele, pero es la realidad”, cerró.

Aunque no fue motivo central de la exposición del empresario, los oradores que lo siguieron pusieron el foco en las ganancias de la prestadora.

Esteban Estévez dijo que la firma tiene una utilidad de 80 millones de pesos al año,que con otros rubros no reconocidos, por ejemplo los boletos especiales a Catedral y la publicidad en los colectivos, redondea unos 100 millones. Advirtió que esa ganancia “quintuplica” la que reconoce el ministerio de Transporte a una prestadora de similar tamaño de Buenos Aires. Elena Florin, del Partido Obrero, pidió “que se abran los libros de la empresa” y propuso la estatización, pero que el transporte “no sea manejado por estos funcionarios, sino puesto bajo el control de los usuarios y los trabajadores”.

El representante de la Multisectorial del Transporte Ángel Vainstein se quejó por la “falta absoluta de información” que brinda el municipio y la ausencia de usuarios en la comisión de seguimiento del servicio. Advirtió que si no logran frenar el aumento por la vía administrativa irán “por la vía legal”.

La usuaria Sandra Suárez se opuso al aumento por que lo consideró que supera la inflación y porque “perjudica a los sectores más vulnerables”. Pidió el boleto combinado y dijo que la relación entre el precio del transporte y el salario “no puede ser desoída por las autoridades”.

Concepción Mohana, economista y especialista en transporte, subrayó que el Estado le entrega a la empresa un mercado cautivo y la tarifa necesariamente “debe ser política”. Señaló también que el pasajero de tarifa plana no puede subsidiar a los estudiantes.

El dirigente de la CTA Jorge Molina rechazó el aumento, dijo que el impacto sobre los hogares es “desproporcionado, porque les obliga a reducir su nivel de vida para seguir viajando” y que los niveles de ganancia de la empresa son “altamente excesivos”. Entendió que el 20% de rentabilidad garantizado a Mi Bus por contrato “es un hecho de corrupción política y económica”.

De la audiencia participaron unas 60 personas, algunos con carteles de repudio al aumento, y muchos aplaudieron las frases más tajantes e los expositores. Molina dijo que si el boleto aumenta como pretende la empresa saldrán a la calle a pedir “un gran referéndum popular”, que imponga “una distribución más justa de los recursos”.
Impacto
19,68 pesos
es el precio del boleto mínimo que reclama la empresa Mi Bus para el primer semestre del año.
Bariloche

Con la reforma votada a los tiros, a partir de hoy ya empezaron a robarle el 5% a cada jubilado, y vamos por más

El aumento de marzo será de 5,71 por ciento
Las jubilaciones bajo la nueva fórmula
El Gobierno oficializó la aplicación de la fórmula de ajuste jubilatorio aprobada en diciembre en medio de una brutal represión. El haber mínimo de 7246 pesos tendrá una suba de alrededor de 410 pesos. De haberse aplicado el cálculo que rigió hasta el mes pasado, el incremento hubiera rondado el 11 por ciento.


Imagen: Guadalupe Lombardo


El gobierno nacional oficializó un aumento de 5,71 por ciento para las jubilaciones y pensiones a partir de marzo. El porcentaje se estableció a través de la aplicación de la nueva ley que modificó la fórmula de movilidad para esos haberes, aprobada con escándalo y represión en diciembre pasado. De esta manera, el haber mínimo de 7246 pesos que cobra más de la mitad de los 6 millones de jubilados tendrá una suba de alrededor 410 pesos.

El aumento dispuesto en la resolución 2E/2018 del Ministerio de Trabajo publicada hoy en el Boletín Oficial es el primero de los cuatro incrementos en el año que establece la nueva ley de Movilidad Jubilatoria. Los próximos serán en junio, septiembre y diciembre.

"El valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a marzo de 2018 es de 5,71 por ciento", dice el primer artículo de la medida. El aumento regirá también para los trabajadores en relación de dependencia que se jubilen a partir del 28 de febrero de 2018 o lo soliciten desde el 1 de marzo de 2018, aclaró la resolución firmada por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis.

Al porcentaje se lo calculó sobre la base de dos variables: según el indicador de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que mide el nivel de los salarios, y la variación trimestral de la inflación calculada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. La particularidad de este punto es que aún no se conocen los índices de la inflación del trimestre tomado como referencia.

El cálculo es desfavorable para los jubilados: con la fórmula anterior, el haber mínimo pasó de 690 a 7246 pesos, una suba del 950 por ciento entre marzo de 2009 y septiembre de 2017. En el mismo período, la inflación fue del 690 por ciento, según la estimación de institutos provinciales. O sea que el esquema anterior no sólo ofreció “protección” frente a la inflación sino que permitió mejoras en términos de poder adquisitivo de la jubilación.

De haberse aplicado el cálculo que rigió hasta el mes pasado, el incremento hubiera rondado el 11 por ciento. En febrero del año pasado, la suba había sido del 12,65 por ciento, apenas dos puntos del aumento que se estima para lo que resta de 2018.

En un país en serio todos pueden practicar la doctrina del gatillo fácil de Macri-Bullrich

Al menos 17 muertos en EE.UU. después de que un ex alumno abriera fuego en el colegio que lo había expulsado
Terror en una escuela secundaria de Florida
El atacante, de 19 años, fue arrestado en una ciudad vecina sin ofrecer resistencia. Le secuestraron un rifle de asalto AR-15 semiautomático y numerosos cargadores. Había sido expulsado de la escuela por problemas disciplinarios.


Un grupo de estudiantes evacúa la escuela secundaria de Parkland después de la masacre perpetrada por un ex alumno.

Al menos 17 personas murieron y otras resultaron heridas hoy cuando un ex alumno de una escuela secundaria de la localidad de Parkland, en el sur del estado de Florida, abrió fuego dentro del edificio escolar, informaron medios y autoridades locales.

El tiroteo tuvo lugar minutos antes de que terminara la jornada escolar, a las 14.40, hora local, en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman, a aproximadamente 75 kilómetros al norte de Miami. Como resultado, doce personas murieron dentro de la escuela, dos afuera y dos en un hospital cercano.

Un oficial federal informó que el atacante fue identificado como Nikolaus Cruz, de 19 años, ex alumno de la escuela, expulsado por problemas de disciplina. Fue arrestado en Coral Springs, una ciudad vecina, aproximadamente una hora después de haber dejado la escuela, según informó el diario The New York Times. Cruz estaba armado con un rifle de asalto AR-15 semiautomático e incontables cargadores, dijo el sheriff del condado de Broward, Scott Israel, quien también afirmó que el atacante fue detenido sin confrontación con la policía. “Es una catástrofe. Realmente no hay palabras”, lamentó el funcionario en su cuenta de Twitter.

El diario Miami Herald citó a Jim Gard, un profesor de matemáticas de ese centro educativo, quien aseguró que los docentes y personal administrativo fueron advertidos el año pasado de que el ex estudiante constituía una amenaza y no se le debía permitir el ingreso al colegio con una mochila. “Hubo problemas con él el año pasado amenazando a estudiantes, y creo que se le pidió que abandonase el campus”, manifestó el maestro al diario. Un estudiante de esa secundaria declaró a la cadena CBS que Cruz era un chico problemático que fue expulsado de la escuela y que siempre cargaba armas con él, las cuales, además, no tenía reparos en enseñar a los otros alumnos.

Al cierre de esta edición, la policía no había dado detalles sobre el móvil de la masacre, pero investigadores estuvieron hurgando en sus redes sociales y actividades online. “Lo que encontramos hasta el momento es muy perturbador”, afirmó Israel.

Después de escucharse varias ráfagas de tiros, decenas de patrulleros de la policía del condado llegaron al lugar, la acordonaron y comenzaron a evacuar a los estudiantes. Algunos salieron corriendo aterrorizados, otros caminaron de manera más ordenada, con los brazos en alto. “Escuché un sonido como si fuera un camión de basura y después escuche ‘bum bum bum’. Había gritos por todas partes. Sólo pude esconderme debajo del escritorio de mi maestra. Después la policía entró a la escuela y nos sacaron”, contó Michael Katz, uno de los alumnos, a la cadena de noticias ABC. “Escuché muchos disparos, como seis. Y pasaron muy cerca”, contó otra alumna, Nicole Baltzer.

Los estudiantes fueron evacuados a una escuela cercana. Imágenes de TV mostraron a algunos de ellos abandonando el establecimiento en fila, mientras los equipos de asalto SWAT de la policía entraban al lugar y personal de emergencia trasladaba a algunas personas en ambulancia. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que se comunicó con el gobernador de Florida, Rick Scott, y que la Casa Blanca trabaja junto a las fuerzas de seguridad “en el terrible tiroteo” en la escuela de Florida. “Ningún niño, maestro o alguien más debería sentirse jamás inseguro en una escuela estadounidense”, tuiteó el presidente.

Sin embargo, hace sólo unas semanas, en su discurso del Estado de la Unión, el mandatario había defendido su intransigente postura por el derecho a comprar y poseer armas y había criticado duramente a todos aquellos que quieren restringirlo con controles para evitar que menores, personas con problemas mentales o con antecedentes de violencia puedan adquirirlas. Por eso, no bien se conoció la noticia del tiroteo, el senador demócrata Nelson aprovechó su tiempo de micrófono en un debate por otro tema en el Congreso para denunciar el vínculo entre los constante tiroteos masivos en el país, la venta sin control de armas y la negativa de la mayoría de los legisladores en el Capitolio de no cambiar las leyes. “Déjenme decirles una vez más que somos responsables de la atrocidad masiva que está pasando en este país y que no tiene paralelo con ningún otro lugar”, sentenció el senador.

Según la CNN, Estados Unidos es el país desarrollado con más tiroteos masivos y más armas per cápita del mundo. Tan sólo en 2016, el 31% de los ataques masivos con armas de fuego registrados en el mundo ocurrieron en suelo estadounidense. Desde 2010 ha habido, además de este, 13 tiroteos significativos en escuelas. El más reciente de consideración fue el 23 de enero de 2018 en Kentucky, en el que un joven de 15 años mató a dos personas y dejó heridas a 18. Este es el cuarto incidente de una escuela secundaria o preparatoria que se registra en el país en lo que va de 2018.

La justicia de clase que no ve delito cuando pierden los pobres, define si extradita a Jones Huala




El juicio a Jones Huala ya tiene fecha y lugar
Al barilochense se lo imputa por un incendio de una estancia en el sur de Chile.

El juicio de extradición contra Facundo Jones Huala será el 28 de febrero en el Gimnasio Municipal 3, del barrio San Francisco, por orden de la Justicia Federal.

Así lo establece el llamado realizado por el juez federal Gustavo Villanueva. Fuentes judiciales informaron a ANB que no habrá testigos, por lo que en la audiencia sólo se llevarán adelante análisis de pruebas que aporten la Fiscalía y la defensa, sus argumentaciones y el testimonio del propio Huala.

Huala ya fue sometido a un juicio de extradición el año pasado, en el que finalmente el juez federal de Esquel, Guido Otranto, lo liberó sin cargo en noviembre.

Pero como el pedido de captura de Chile continuaba en pie, Villanueva ordenó detenerlo nuevamente el 27 de junio pasado. Se lo juzga por el incendio intencional de una estancia en el sur del vecino país.

Tras un recurso de la defensa, el caso fue elevado a la Corte Suprema de Justicia, que en agosto determinó la realización de un nuevo juicio de extradición. (ANB)

miércoles, 14 de febrero de 2018

Salir a Matar...

El policía me apuntó a la cabeza.

Erguido y tomando el arma con las 2 manos, como en las películas.

Me cruzó el patrullero delante de mi auto, que estacioné en la banquina luego de escuchar la sirena detrás mío.

Junto a mí observaba aterrada mi entonces pequeña hija.

Mientras el policía gritaba que me bajara del auto- sin dejarme de apuntar a la cabeza- llegó una motito con el empleado de la Estación de Servicio donde habíamos cargado nafta hacía unos minutos.

Resulta que firmé un cupón de tarjeta equivocado - cuestión que ni me había percatado- y solicitaron apoyo policial , quienes "me ubicaron" inmediatamente.

El policía había entendido que me fui sin pagar y ambos se disculparon ante mi enojo por lo desproporcionado del procedimiento.

Esto fue en Mar del Plata, zona del faro, sobre la ruta de la costa, enero del año 2000. Luego del mal momento entendí el significado que tuvo para la Policía Bonaerense el mensaje del recién electo gobernador Carlos Ruckauf, quien en su último tramo de campaña, usó un slogan que decía algo así como que a cada delincuente había que meterle una bala ...

Ahí nomás pensé que si a un turista de clase media en plena temporada marplatense lo trataban así, qué sería lo que harían con los jóvenes humildes de los barrios populares bonaerenses.

Ruckauf renunció a su turbulento gobierno tiempo después y -si bien no hay registros de la eficiencia de su política de mano dura a cargo del ex-carapintada Aldo Rico- si se sabe que fue denunciado desde Washington por la organización Human Rights Watch, al ser la gestión gubernamental en democracia con mayor índice de violencia policial; lo que supone abusos, torturas y muertes por parte de esta fuerza de seguridad. ( https://www.lanacion.com.ar/44078-ruckauf-y-la-policia-resultaron-aplazados-en-derechos-humanos) .

Recientemente, la apología del delito realizada por el Presidente de la Nación Mauricio Macri y la Ministra Patricia Bullrich - defendiendo al policía Chocobar - quien mató por la espalda a un joven delincuente que huía; promueve el "gatillo fácil"-literalmente los "fusilamientos"- para que las fuerzas de seguridad transgredan todas las leyes y protocolos vigentes en materia de actuación frente a un hecho delictivo, instructivos que dicen exactamente lo contrario de lo que aplauden Macri y Bullrich.

La postura del Presidente y la Ministra ratifican el rumbo tomado un tiempo atrás por la Gendarmería Nacional al desplegar un operativo ilegal que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, así como el homicidio por la espalda del Joven Rafael Nahuel en un procedimiento de la Prefectura Naval Argentina.

En estos días, un efectivo del Grupo Halcón acribilló por la espalda a un joven de 17 años que intentó robarle (http://telefenoticias.com.ar/actualidad/investigan-a-un-policia-del-grupo-halcon-que-mato-por-la-espalda-a-un-joven-que-intentaba-asaltarlo/) .

Es de esperar que estos hechos de violencia institucional de Fuerzas de Seguridad se multipliquen en los tiempos que vienen, donde un conflicto de tierras, una protesta social, un celular o un par de zapatillas tengan más valor que la vida de un ser humano , legitimando de hecho la represión violenta y la Pena de Muerte.

También pasan y seguirán pasando otras tragedias- donde nadie está exento- como consecuencia de las "balas perdidas" que surgen de esta habilitación gubernamental para "salir a matar", como sucedió en el microcentro porteño, donde fueron heridos 2 ciudadanos que transitaban por la zona. (http://www.eleconomistaamerica.com.ar/sociedad-eAm-argentina/noticias/8920430/02/18/Tiroteo-en-el-microcentro-de-Buenos-Aires-con-tres-heridos-de-bala.html).

Más allá de las víctimas inocentes que este accionar genera, en un mundo civilizado todo sospechoso o culpable de cometer un delito debiere tener la oportunidad de repararlo y reinsertarse en la sociedad. Nada de eso es posible ante la Muerte.

Está claro que ésa es la "orden política" de Macri y Bullrich hacia las fuerzas de seguridad, y está fuera de discusión que es un accionar totalmente ilegal y que viola el Estado de Derecho.

Es realmente bochornoso que el gurú oficialista Durán Barba salga a justificar estos asesinatos, argumentando que las encuestas marcan que la mayoría de la gente está de acuerdo con la Pena de Muerte, poniendo sus sondeos marketineros por encima de la Constitución Nacional y de todas las leyes vigentes.

Es lamentable que la mayoría de los medios de comunicación masivo- alineados con el gobierno nacional por intereses económicos y políticos- nieguen la gravedad de estos hechos, los distorsionen y/o intenten naturalizarlos sin condenarlos.

La Justicia debe actuar para juzgar a los autores materiales de estos "Crímenes de Estado"- quienes no podrán ya alegar la derogada "Obediencia Debida"- pero es saludable para fortalecer nuestro sistema democrático, que en algún momento - más temprano que tarde- también sean juzgados los responsables políticos de todas estas tragedias y muertes cotidianas.



Mg. Jorge Luis Vallazza

DNI 12.975.453



Legislador Frente Para la Victoria-Río Negro

lunes, 12 de febrero de 2018

Es el problema de la mano dura y el gatillo fácil, cuando le abrimos la puerta, mata también a los propios

Roque Garay, hermano del cadete fallecido en La Rioja
"Lo torturaron como en la dictadura militar"
"En su primer día de instrucción, a mi hermano lo mataron", afirmó Roque Garay. Su hermano Emanuel falleció tras sufrir un cuadro de deshidratación aguda grave por el severo entrenamiento físico al que fue sometido en la Escuela de Policía. "Les aplicaron el famoso 'baile'", denunció Roque y subrayó que otros 17 cadetes sufrieron los mismos síntomas que su hermano, y que algunos de ellos aún luchan por su vida.




"En su primer día de instrucción, a mi hermano lo mataron", lamentó Roque Garay, hermano de Emanuel, el cadete de la Policía de La Rioja que falleció tras sufrir un cuadro de deshidratación aguda grave por el severo entrenamiento físico al que fue sometido en la Escuela de Policía. "Les aplicaron el famoso 'baile', que es sinónimo de tortura", denunció Roque y subrayó que otros 17 cadetes sufrieron los mismos síntomas que su hermano, y que algunos de ellos aún luchan por su vida.

La investigación ya tiene ocho detenidos: cuatro comisarios y cuatro instructores. La familia de Emanuel Garay afirma que cadetes de años superiores ejecutaron las torturas ordenadas por sus jefes y seis de ellos fueron denunciados.

Roque recordó a su hermano como un joven que "siempre realizó actividad física, que no fumaba ni bebía y que se había entrenado tres meses antes para aprobar los exámenes físicos" de ingreso a la Escuela de Policía. Para Emanuel ingresar como cadete era parte de "un sueño" y la continuidad de una tradición familiar, ya que su padre es policía retirado al igual que otros integrantes de la familia Garay, según contó el hermano del joven fallecido.

"Nunca pensé que después de tanto tiempo que ha pasado de la última dictadura militar iban a realizar estas torturas", señaló Roque en diálogo con FM La Patriada, donde pidió que "esto no vuelva a ocurrir nunca más en ningún lugar del país". Agregó: "Lo torturaron como en la dictadura militar".

Según la autopsia, Emanuel falleció a causa de una “falla multiorgánica” a partir de un cuadro de “deshidratación aguda grave e insuficiencia renal”. Roque recordó que "lo sacaron de la escuela de policía en coma", que "no respiraba después de la tortura que le aplicaron".

"No es un caso aislado el de mi hermano, hay otros chicos que están muy complicados después de lo que le hicieron", denunció Roque al señalar los casos de otros cadetes, algunos de ellos trasladados a la ciudad de Córdoba y no descartó avanzar en una demanda conjunta con los familiares de otros jóvenes. "Hay otras denuncias penales a la escuela y a los criminales que le hicieron pasar por ese martirio", apuntó.

Respecto de la reacción del gobierno de La Rioja, el hermano del joven cadete consideró que lo que se hizo lo que dicta el sentido común, desplazar a los involucrados para que no entorpezcan la investigación". El gobernador Sergio Casas anunció la remoción del secretario de Seguridad de la provincia, Luis Angulo, y del jefe de Policía, Luis Páez, mientras que la Justicia ordenó la detención de oficiales y comisarios.

O por el aumento insuficiente, o por el mantenimiento insuficiente, parece que no arrancan las clases

Falta mantenimiento en las 18 escuelas de Bariloche que empiezan las clases esta semana

Desde el gremio docente aseguran que los edificios no están listos y que el ciclo “comienza peor que otros años”. El gobierno afirma que todo está en condiciones.

La escuela 315 del barrio Malvinas todavía está en obra. Los padres definirán el miércoles a las 8 si envían a clases a sus hijos. (Foto: Alfredo Leiva)

Los alumnos de 18 escuelas primarias de Bariloche comienzan las clases el miércoles, con la reiterada denuncia del gremio Unter por la falta de mantenimiento y reparaciones en los edificios educativos.

Las escuelas que abrirán sus aulas el miércoles son las que pertenecen al período febrero-diciembre, que tienen un receso invernal extendido (el mes de julio completo serán las vacaciones) pero “no todas están en condiciones”, según denunció la delegada de Salud Escolar de Unter, Andrea Roncati.

Días atrás la referente gremial recibió un informe del Consejo Escolar Zona Andina donde se confirmaba que no se habían completado las tareas de desmalezamiento, desratización, limpieza de tanques de agua y de calefactores en todos los establecimientos educativos de la ciudad.

El informe entregado el 7 de febrero (a una semana del inicio de clases) por el subcoordinador del Consejo Escolar, Marcelo Muena, detalla que de las escuelas que arrancan el ciclo lectivo el 14 de febrero, sólo en la N°255 se realizaron tareas de desmalezamiento.

“Esta situación grafica que el ciclo lectivo comienza peor que otros años”, sentenció Roncati a “Río Negro” y agregó que además de no haber tareas de mantenimiento, “en ninguna escuela se limpiaron los calefactores cuando actualmente bajaron las temperaturas y son necesarios para las primeras horas de la mañana”.

El coordinador del Consejo Escolar Zona Andina, Alberto Luce, dijo a este diario que tras ese informe del miércoles, se “terminaron las tareas y todas las escuelas están en condiciones de comenzar con normalidad”.

Uno de los establecimientos con mayores problemas es la Escuela N° 315 del barrio Malvinas donde ayer realizaban obras de vereda y un zanjeo. En ese establecimiento los padres y docentes se convocaron para realizar una asamblea el miércoles a las 8, para definir si enviarán a sus hijos a clases o no.

Según Roncati en esa escuela “faltan puertas de aulas y de baños, hay problemas con las cerraduras, falta agua, hay presencia de roedores, el baño de docentes tiene la mochila rota por lo que las docentes tienen que ir al baño con un balde, y falta personal para cocinar a los alumnos”. A esta situación se suman los escombros y material de obra dispersos en el patio por la obra de ampliación inconclusa que dejó abandonada el año pasado la empresa Planobra.

Luce admitió que este establecimiento tiene inconvenientes “de última hora” por la falta de agua pero señaló que el lunes (feriado) estará resuelto el problema y se podrá comenzar las clases con normalidad.

Las que empiezan en marzo

Para Unter, el gobierno tampoco realizó las tareas de mantenimiento en las escuelas que comienzan las clases el 5 de marzo. “De los 85 establecimientos educativos se trabajó en 20 y no con todas las tareas que debían hacer”, denunció Roncati.

El documento que Educación presentó incluye el desmalezamiento en los jardines 44, 39 y 17; las primarias 187, 267, 278 y Antu Ruca; las escuelas especiales 6 y 19; y las secundarias 33/44 (comparten edificio), 36, 20 y 105. También se realizó la desinfección y control de roedores en los jardines 68 y 33; las primerias 44, 321 y 267; y las secundarias 2 y 123.

El coordinador del Consejo Escolar aseguró que “en el término de la próxima semana se terminará el control de plagas en todas las escuelas y se continuará con el resto de las tareas para estar en condiciones para marzo”.
Los primeros
18
escuelas largan el miércoles: 48, 255,266, 343, 154,329, 129, 201, 202, 284, 190, 245, 315,367, 98,152, 231 y 158.
140
millones es el presupuesto que Educación destinó este verano al mantenimiento y limpieza de escuelas en toda la provincia.
Bariloche

La ley de la seva: “Es pena de muerte librada al criterio de la policía”

La socióloga Alina Ríos analiza la “nueva doctrina” del Gobierno en materia de seguridad

La investigadora de la UBA y el Conicet advierte sobre los riesgos del mensaje que Cambiemos les está dando a las fuerzas policiales. “Asociar la función policial al deber de matar a los delincuentes es profundamente antidemocrático”, dice.
Por Nahuel Lag


“Se habilitan los rasgos más autoritarios”, señala Ríos, sobre los efectos del discurso oficial. Imagen: Leandro Teysseire


“¿Qué significan en términos prácticos los dichos de la ministra (Patricia Bullrich) acerca de que el Estado les da presunción de inocencia a sus fuerzas? Lisa y llanamente, que el Estado no va a promover la investigación judicial de estos casos”, responde la socióloga especializada en políticas de seguridad y fuerzas policiales Alina Ríos, luego de una semana que se abrió el viernes 2 con la difusión del video en el que el policía Luis Chocobar mató por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años, y cerró con la denuncia del caso de Fabián Enrique, de 17, que murió tras recibir dos tiros en la espalda por parte de un integrante del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense. Con las diferencias de los casos, ambos policías actuaron fuera de servicio y en respuesta a un robo callejero, accionar que la ministra de Seguridad defendió como parte de una “nueva doctrina”.

La investigadora del Instituto Gino Germani (UBA) y del Conicet advierte que la política instalada por el Gobierno, que implica dar “presunción de inocencia” a las fuerzas de seguridad e “invertir la carga de la prueba” en pos del “cumplimiento del deber”, arrastra el peligro de justificar “la lógica del enfrentamiento amigo-enemigo como paradigma de la intervención policial”, con el objetivo de generar “una policía más activa, más reactiva, y menos reflexiva” y con un mensaje claro desde la conducción política: “Disparen sin dudar, no están solos”.

“Una policía en democracia no debería actuar como si algunos fueran sus enemigos, con el objetivo de eliminarlos, sino que debería gestionar situaciones complejas de conflictividad social”, sostiene Ríos, quien fue docente en el Instituto Universitario de la Policía Federal entre 2012 y 2014, cuando se intentó reformar el plan de formación policial.

–Luego de que se conociera el video de Chocobar, Bullrich insistió en que “actuó como debía actuar” porque tenía que “poner fin al hecho delictivo”. ¿Cómo se puede analizar esa definición a partir de los protocolos de actuación policial local e internacional?

–Un protocolo es una guía de acción. Todos los protocolos tienen implícita una definición del sentido de los hechos y de lo que se considera que debe ser el objetivo de la intervención policial. Estas definiciones son políticas. Desde una política democrática no podría decirse nunca que Chocobar hizo lo que tenía que hacer, tal como afirma la ministra, porque la intervención policial debe estar orientada a reducir los niveles de violencia y no a incrementarlos, y debe hacerlo recurriendo al uso de la fuerza según un mínimo necesario. Es decir, según los protocolos de uso racional de la fuerza, la actuación de Chocobar es indefendible.

–¿Cómo se ponen en juego los conceptos de “mínimo necesario” y el de “hacer cesar el hecho delictivo”?

–Si su finalidad es hacer cesar el hecho delictivo, esto se cumple con el inicio de la persecución. A partir de entonces, su objetivo debe ser la aprehensión, con el menor uso de la fuerza y siempre que no genere daños mayores. Dos tiros por la espalda a un individuo con un arma de menor capacidad letal no parece ser la menor fuerza necesaria y, aunque eso deberán determinarlo los peritos, podríamos arriesgar que, por lo menos, Chocobar actuó poco profesionalmente. En efecto, cuando dentro de la fuerza deben dar cuenta de casos como éste, suele apelarse a la falta de profesionalismo y a deficiencias de la formación policial.

–¿Y de qué hablamos cuando hablamos de deficiencias de la formación policial?

–La discusión profunda empieza en este punto porque la práctica policial no solo es producto de la formación policial, y menos aún en lo que respecta al uso excesivo o indebido de la fuerza. A este respecto entran a tallar otras cuestiones como la historia de la institución y su utilización política, las formas sociales de la construcción de la masculinidad (el macho y el uso de la fuerza), y otro factor central: los lineamientos que transmite la conducción política, el gobierno político de las fuerzas de seguridad. Lo que está de fondo es la discusión acerca de lo que debe ser la función policial, de las definiciones políticas acerca de cuándo y cómo debe actuar la policía. Cuando la ministra habla de una “nueva doctrina” habla de nuevas reglas del quehacer policial, estén o no formalmente protocolizadas. Vale decir, uno puede tener una policía muy profesionalizada, pero esto no agota el asunto central, que es: ¿profesionalizada para qué?, ¿para cumplir qué función? Esto es una definición política.

–Entre las reglas políticas de la “nueva doctrina”, la ministra Bullrich asegura que como “en cualquier país civilizado”, el Gobierno les dará la presunción de inocencia las fuerzas de seguridad. ¿Esto es así?

–Es muy interesante que se hable de una “nueva doctrina”. Significa un nuevo encuadre político de la función policial, nuevas directivas, nuevos parámetros para diferenciar las buenas prácticas de las que no lo son, definiciones que irán decantando en la consolidación de nuevas guías de acción para los y las policías. Y se dice “nueva” para marcar una diferencia, un corte con lo que venía desarrollándose y que podríamos definir como un intento –incipiente, dificultoso, tímido, pero pensado y esforzado– de introducir estándares acordes a lo que se define como policía democrática. “En cualquier país civilizado” una policía democrática se define, entre otros rasgos, por su capacidad de dar cuenta de sus actos, de responsabilizarse. Muy lejos de asumir la inocencia como algo a priori. Por supuesto que hay países “civilizados” que no tienen policías democráticas sino las más represivas, e intuyo que a estos países se refiere la ministra y los toma como modelo.

–¿Cuáles serían esos modelos?

–Infiero que la “nueva doctrina” tiene poco que ver con una policía pensada para la democracia. La policía es el Estado, es la violencia organizada del Estado. Un Estado que a priori se asume inocente no es un Estado democrático. El Estado monopoliza la violencia legítima, pero no quiere decir que toda violencia estatal lo sea, ante todo debe ser una violencia legal, una legalidad que no se puede definir a priori. Para que una democracia sea posible deben darse contrapesos y controles. ¿Y qué significan en términos prácticos los dichos de la ministra acerca de que el Estado les da presunción de inocencia a sus fuerzas? Lisa y llanamente que el Estado no va a promover la investigación judicial de estos casos, porque sólo se investiga cuando se hace lugar a la duda. A esta camiseta se deberá acomodar el que quiera ser o seguir siendo Procurador General de la Nación.

–¿Cómo impactaría en el proceder de la policía la propuesta de Bullrich de modificar el Código Penal para los casos de legítima defensa de las fuerzas de seguridad?

–La figura de legítima defensa –y no solo para las fuerzas de seguridad– está contemplada en el artículo 34 del Código Penal, que define quiénes no son punibles. Creo que no se trataría de reformar el Código en este punto. El discurso del Gobierno, como en otros temas, es confuso, conceptualmente impreciso. Cuando hablan de “invertir la carga de la prueba”, tal vez nos remitan al Código Procesal Penal, según el cual quien alega haber actuado en defensa propia debe probar esta circunstancia. Fundamentalmente que sufrió una agresión, y que los medios utilizados para repelerla no fueron excesivos o desproporcionados. La inversión de este principio podría significar la exceptuación de las fuerzas de seguridad de esta demostración. Pero estoy haciendo inferencias a partir de un discurso de gobierno que es fragmentario, impreciso, y muchas veces contradictorio. Sin embargo, hay otro sentido que resulta más patente en este discurso del “cambio de doctrina”. Este cambio también significa, y sobre todo, en un caso como el de Chocobar, que se considere inimputable no por alegar defensa propia, sino por alegar “cumplimiento del deber”, que es otra de las condiciones de inimputabilidad definidas por al artículo 34 del Código Penal.

–¿Y cómo se traduciría ese cambio en el accionar de las fuerzas de seguridad?

–Es más complicado porque implica llevar la lógica del enfrentamiento amigo-enemigo como paradigma de la intervención policial a sus últimas consecuencias. Es justamente uno de los puntos que señalan la mayoría de los especialistas preocupados por romper con la tradición autoritaria de las fuerzas. Una policía en democracia no debería actuar como si algunos fueran sus enemigos, con objetivo de eliminarlos, sino que debería gestionar situaciones complejas de conflictividad social. Asociar la función policial al deber de matar a los delincuentes es profundamente antidemocrático, instituye una pena de muerte sumarísima librada al criterio de un funcionario policial.

–¿Cree que el Gobierno puede reunir los avales para modificar el Código?

–En esta la línea por la que van, la manera de imponerla no es modificando la letra de la ley, sino influyendo en su interpretación. El Gobierno construye política al negarla: niegan que el recibimiento de Chocobar por parte del Presidente sea un signo político, niegan los efectos de sus prácticas, que mientras tanto los produce: disciplinamiento del Poder Judicial e incitación de los rasgos más represivos de las fuerzas, formales e informales. El mensaje a los miembros de la fuerza es claro: “disparen sin dudar, no están solos”. Una policía represiva es una policía más activa, más reactiva, y menos reflexiva. Esa es la policía que necesitan, esa es la policía que quieren.

–Por su experiencia como docente en el Instituto Universitario de la Policía Federal, ¿cómo se analizan los casos de “gatillo fácil” hacia el interior de la estructura policial y entre los estudiantes?

–Según mi experiencia, en general no se escuchan dentro de las aulas de una escuela de policía cosas tan distintas a las que se escuchan afuera. Como bien marca Mariana Galvani (autora de Cómo se construye un policía. La federal desde adentro), la policía como institución no es una isla, y los y las aspirantes a policía, como individuos, tampoco están aislados. Nunca escuché reivindicaciones abiertas a casos de “gatillo fácil”, pero las referencias a estos casos siempre traen a cuenta, como marcaba al principio, deficiencias de la formación y el entrenamiento policial, que en general se nombra como falta de profesionalización.

–¿Qué dicen las estadísticas sobre los excesos policiales en servicio y del uso de armas reglamentarias fuera de servicio?

–Las estadísticas que construye el CELS muestran que desde 2015 son más las muertes producidas por policías de franco que aquellas producidas por policías de servicio al momento del hecho. De la misma manera, la mayoría de las muertes violentas de policías tienen lugar en el marco de situaciones en las que intervienen estando fuera de servicio. La intervención policial fuera de servicio, en términos de uso racional de la fuerza, es muy antieconómica: en general produce más violencia de la que puede evitar.

–¿Cómo resumiría la política de seguridad que construye la doctrina instalada por Bullrich?

–Se habilitan los rasgos más autoritarios, se relajan los controles sobre el uso de la fuerza. Es una política de seguridad que promueve abiertamente un uso instrumental de las fuerzas de seguridad en beneficio de sectores de poder. Y es, en consecuencia, una política de (in)seguridad para los que quedan fuera de los estándares éticos-estéticos de la distinción social. Reactiva la lógica de la lucha contra un enemigo como paradigma de la intervención policial y se afirma abiertamente en la reactivación de microfascismos para producir múltiples instancias de microterror.

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