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domingo, 30 de julio de 2017

Fuera de la cárcel, ya

Por Horacio Verbitsky




La medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Milagro Sala no deja lugar a dudas: “El Estado de Argentina de conformidad con sus obligaciones internacionales se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata”, dice en forma textual su párrafo 45. La Comisión ya había afirmado lo mismo en un comunicado el 2 de diciembre de 2016. En enero de 2017 el gobernador jujeño, contador Gerardo Morales, respondió que por tratarse de un comunicado no era de cumplimiento obligatorio y adelantó que si la Comisión concediera la medida cautelar solicitada por Amnistía, ANDHES y el CELS, su gobierno la acataría porque tendría valor jurisdiccional.

La medida cautelar fue concedida y no quedan excusas para demorar su cumplimiento. No obstante, Morales critica ahora a la Comisión, pretende que no tiene toda la información necesaria y afirma que la resolución depende de los jueces jujeños, que él maneja desde el Superior Tribunal de Justicia, que amplió de 5 a 9 miembros y en el que posee una mayoría automática similar a la que Carlos Menem construyó hace un cuarto de siglo en la Corte Federal. “En Jujuy rigen las garantías constitucionales para quienes se robaron todo”, agregó en una cuenta personal en las redes antisociales. Esa frase es autocontradictoria: sin un juicio con debido derecho de defensa no puede afirmarse que Milagro y la Túpac Amaru hayan cometido los delitos que se les imputan. Se trata de una zafia respuesta a los contundentes señalamientos de la CIDH, que sostiene haber constatado “como especificidades del presente asunto que lo distinguen de otros” que la detenida Milagro Sala es
“Una prominente líder social”,
“mujer e indígena”,
“enfrentada con el gobierno actual de la provincia”,
“identificada con parte representativa de un sector de oposición” (Párrafo 58).

La Comisión también registró durante su visita a la Argentina “innumerables reclamos de la sociedad civil sobre la detención preventiva de Milagro Sala e incluso tomó conocimiento de diversas movilizaciones”.

Es decir, no una ladrona como afirma Morales sin otro sustento que las acusaciones que su propio gobierno presentó contra ella para correrla de la escena política, sino una presa política debido a su acción de género, lúcida integrante de los pueblos originarios y opositora al gobierno que la acusa.

El gobierno nacional, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural declaró el respeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero ese respeto no puede agotarse en palabras sino mediante el acatamiento a las disposiciones de los órganos del Sistema. Al difundir apenas unos pocos puntos de la resolución, el gobierno indujo a la prensa adicta a titular que la CIDH pedía la prisión domiciliaria de Milagro. Fueron el CELS, Amnistía y la Túpac Amaru las organizaciones que pusieron en conocimiento de todo el país la resolución completa para impedir manipulaciones.

Lejos de cumplir con lo dispuesto, el gobernador Gerardo Morales criticó a la CIDH, y simultáneamente envió a un grupo de presuntas víctimas de Milagro Sala a solicitar la protección de la misma Comisión, con un ostensible desconocimiento de sus reglas de funcionamiento, compartido por el gobierno nacional.

El mes pasado el gobierno nacional ya había sufrido un duro revés cuando fracasó en el intento de colocar como miembro de la CIDH al hombre de las cavernas de Mendoza Carlos Horacio de Casas, cuya relación con los derechos humanos fue como defensor de un militar procesado (durante un juicio en el que cuestionó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad) y de varios banqueros detenidos por vaciamiento de empresas, además de formular opiniones favorables a penalizar la libertad de expresión, la homosexualidad, el matrimonio igualitario, el aborto y la identidad de género.

En diciembre publiqué los mails intercambiados entre el Estudio Gil Lavedra, que representa a Morales en causas contra Milagro Sala, la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy Clara De Langhe de Falcone, que fue antes la abogada personal de Morales; el Fiscal de Estado Mariano Miranda y el ex representante de la Cancillería para Derechos Humanos, Leandro Despouy, todos ellos militantes de la UCR, en los que se planteaba una estrategia para engañar a la CIDH de modo de que justificara la prisión preventiva de Milagro. Por entonces los asesores de Morales en el tema le habían hecho creer que la CIDH no tenía los votos suficientes para ese pronunciamiento, cosa que se ha demostrado falsa. Ahora el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano intentó desvirtuar el sentido de la resolución, como puede advertirse en este contrapunto:
“Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy”. El Poder Ejecutivo Nacional “sólo tiene la función de transmitir la recomendación de la CIDH”. No es así. Dada la situación de Milagro y la decisión de la CIDH el gobierno nacional tiene el deber de garante. No es un simple cadete que lleva el telegrama. No son los estados subnacionales como la provincia de Jujuy los que representan a la Nación Argentina y tienen todas las responsabilidades emergentes de los tratados y convenciones que firmaron.
“Un fuerte sector vinculado al kirchnerismo tiene en Sala una referente política y vincula su detención a aspectos políticos”. Fue la Comisión Interamericana y no el kirchnerismo la que dijo que la detención obedecía al enfrentamiento de Milagro con el gobierno provincial, del que es opositora.
“El caso no tiene que ser analizado políticamente”. El análisis político es insoslayable a la luz de la caracterización de la CIDH y a la ya mencionada militancia en la UCR de quienes persiguen a Milagro, sin contar la declaración del ex presidente de ese partido Ernesto Sanz cuando justificó la detención como necesaria para garantizar la gobernabilidad.
“Acá hay una investigación contra la dirigente por fuertes sospechas de corrupción”. La detención por sospechas, como admite el ministro, no forma parte de nuestro derecho constitucional.
“Hay que leer esta recomendación en una tónica humanitaria. La morigeración de la prisión preventiva es por las condiciones en las que encontraron a Sala”. Tampoco es así. La CIDH enumera las agresiones y el hostigamiento que Milagro padece, con constantes traslados tan innecesarios como humillantes; la acumulación de causas para mantenerla en un estado constante de sobresalto, como en marzo del año pasado me confesó a mí Morales que se proponía hacer, y mediante la sucesión de sumarios por cuestiones de disciplina en los que no se le permite ejercer el derecho de defensa.

Como alternativas transitorias y debido a la “gravedad y urgencia” de la situación en que se encuentra Milagro Sala, “toda vez que sus derechos a la vida y la integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”, la CIDH pidió a la República Argentina (es decir al presidente Maurizio Macrì que la representa ante el mundo) que tome las medidas para garantizar su vida e integridad personal, tomando en cuenta “la excepcionalidad de la prisión preventiva”. Entre ellas menciona “medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad, con medidas como la fiscalización electrónica”.

Por más distorsiones y abiertas mentiras que utilicen los gobiernos de Jujuy y de la Nación, la cautelar dictada por la CIDH debe cumplirse y Milagro no puede seguir en la cárcel.

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