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viernes, 7 de abril de 2017

Justicia de clase: El suicidio de un rico en el Penal 3 cotiza bastante más que el de un pobre

La distinta vara de la Justicia ante dos muertes en el Penal 3

Elena Uribe y José Luis Parsons se suicidaron mientras estaban alojados en la cárcel provincial de Bariloche, ambos procesados en causas penales.



“El Estado es garante de la integridad física” de los detenidos, se lee en uno de los fallos. “No se ha acreditado una irregular actuación del Estado”, dice el otro. (Foto: Marcelo Martínez)

Elena Patricia Uribe tenía 18 años, no estudiaba y vivía en un barrio del Alto de esta ciudad. José Luis Parsons era contador, hijo de una familia pionera de Bariloche y tenía 58 años. Ambos pasaron –en distintos momentos– por el Penal 3 de esta ciudad porque estaban imputados en causas penales y tomaron una dramática decisión mientras estaban con prisión preventiva.

Elena se suicidó el 13 de febrero de 2004, en una celda tras varios intentos. Las crónicas de ese momento indicaron que la joven arrastraba problemas de salud mental.

La joven estaba detenida desde enero del 2003 y había sido enviada al penal por el entonces juez de instrucción Gregor Joos, que la había procesado con prisión preventiva como presunta autora del delito de corrupción de menores.

Parsons se quitó la vida en la madrugada del 26 de noviembre de 2011, en el baño del locutorio de visitas del penal. También estaba medicado.

El contador había entrado el 21 de noviembre de 2011 al Penal 3 porque el juez de instrucción Miguel Gaimaro Pozzi (hoy camarista) lo había procesado, con prisión preventiva, como presunto autor del intento de homicidio de su colega Daniel Galindo.

Demanda

Los familiares de Uribe interpusieron en el 2006 una demanda civil contra la Provincia por la muerte de la joven. Reclamaban una indemnización de 400.000 pesos. Casi diez años después, el juez civil de esta ciudad Mariano Castro desestimó la demanda. El fallo se dictó el 7 de marzo pasado y se publicó en la página web del Poder Judicial.

En cambio, el juez civil Cristian Tau Anzoátegui condenó el 9 de febrero pasado a la Provincia a pagar 169.450 pesos, más los intereses, y otros 145.000 pesos por las costas del juicio. Las sentencias no están firmes porque se pueden apelar.

Tau Anzoátegui sostuvo que, a partir de los hechos analizados, “queda en evidencia que se omitió cumplir con el deber expreso y categórico impuesto por el juez penal que consistía en brindarle a Parsons una especial y diaria atención psicológica”.

Advirtió en la sentencia que no hay registros donde se consignara que Parsons hubiera recibido la medicación necesaria durante el tiempo que estuvo alojado en la unidad penal.

“Dicha omisión en el cumplimiento de los deberes determinados que tenía a su cargo el personal de la unidad de ejecución penal resulta suficiente para establecer que ha existido en este caso un servicio irregular por parte del organismo provincial, toda vez que sus integrantes debían velar por la seguridad y la vida de las personas, siendo tal omisión una causa adecuada y suficiente para la producción del daño que finalmente sufrió la reclamante con motivo del fallecimiento de su padre”, afirmó el juez.

Otra mirada

Castro tuvo otra mirada para analizar y desestimar la demanda de los hijos de Uribe contra la Provincia. “En relación a las personas que se encuentran privadas de su libertad, el Estado ejerce la función de garante de su integridad física”, señaló el juez titular del Juzgado Civil 1.

“Ahora bien, habiéndose acreditado que la defunción de Uribe se produjo por sofocación por ahorcamiento causado por la propia víctima, entiendo que esa conducta ha sido la causa exclusiva del daño, no encontrando elementos que permitan tener por acreditada la irregular prestación del servicio”, afirmó.

“Respecto del reproche efectuado por los actores en relación al estado de salud de la señora Uribe, se ha acreditado que la misma –mientras duró su detención– fue atendida en reiteradas oportunidades en el hospital zonal y que incluso el mismo día en que tomó la fatídica decisión de quitarse la vida había estado en dependencias de Salud Mental de dicho hospital”, sostuvo Castro.

Por eso, agregó, “no advierto que haya existió una irregular actuación de los funcionarios públicos de la alcaidía, en tanto que la patología que presentaba aquella (trastorno de personalidad) estaba siendo tratada por los profesionales del hospital zonal”.

Castro consignó la conclusión del informe que obra en la historia clínica y que recomendada que Uribe “debería alojarse en un instituto de rehabilitación o bien con una prisión domiciliaria que pudiera contener a la interna...”. Pero aseguró que “la decisión de ordenar un eventual traslado o cualquier modificación de las condiciones de detención no debía ser tomada por los funcionarios de la alcaidía, sino por el órgano del Poder Judicial que dispuso la pena de privación”.

“En relación a las condiciones del lugar de detención (alcaidía local) entiendo que tampoco se ha acreditado una irregular actuación del Estado, teniendo en cuenta que el suicidio se produjo mediante la utilización de una sábana atada a los barrotes de una ventana y una silla”, afirmó Castro. “Esos elementos hacen a la dignidad y comodidad de las personas privadas de su libertad”, remató.
Los argumentos
del juez Castro
“No ha existido intervención de terceras personas en el deceso de la señora Uribe (otros reclusos o personal policial) sino que tal como lo han resuelto el juez penal de primera instancia, el fiscal de cámara y la Cámara Criminal de Apelaciones (...) se produjo por su propia determinación, no encontrando fundamentos que permitan tener por acreditada (por acción o por omisión) la falta de servicio o la irregular prestación del mismo por parte del Estado provincial y que tenga la entidad suficiente como para comprometer su responsabilidad civil”, afirmó el juez civil Mariano Castro, a cargo del Juzgado Civil 1.



JORGE VILLALOBOS (RN)

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