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jueves, 16 de febrero de 2017

Todo en contra de la gente: El gobierno achicó el aumento a los jubilados y mejoró ley de ART a favor de empresarios

EL GOBIERNO SORPRENDIÓ AL CAMBIAR EL MÉTODO DE CÁLCULO DE LA MOVILIDAD PREVISIONAL CON UNA RESOLUCIÓN
Los jubilados cobrarán aumentos más bajos
La Anses anunció una suba del 12,65 por ciento para jubilados y asignaciones a partir de marzo. La noticia llegó acompañada con una medida que causó un gran revuelo: se modifica la forma de calcular la ley de movilidad previsional, por lo que habrá aumentos más acotados.



La jubilación mínima sube de 5661 a 6377 pesos desde marzo. Sin el cambio, hubieran sido unos 17 pesos más.
(Imagen: Micaela Gualtieri)
Por David Cufré


El Gobierno conmovió ayer al mundo previsional con un anuncio inesperado: modificó a través de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social la fórmula de cálculo de los aumentos a jubilados y pensionados que ordena la Ley de Movilidad Previsional. El cambio determina que a partir de ahora los incrementos de marzo y septiembre de cada año serán más bajos de los que hubieran correspondido con el sistema anterior. Así lo reconoció el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien sostuvo que hasta ahora había una “pequeña sobreestimación” en los incrementos que dispone aquella norma. La información, que repercutió de inmediato en el Congreso mientras se debatía la ley de riesgos del trabajo, fue comunicada junto al anuncio de la suba correspondiente a marzo para jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, ex combatientes de Malvinas, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares de los trabajadores formales, que será del 12,65 por ciento. Con ello, la jubilación mínima pasará de 5661 a 6377 pesos. La Anses no precisó de cuánto hubiera sido el aumento con la interpretación anterior de la fórmula de movilidad, pero estimaciones preliminares de especialistas lo situaron en 12,96 por ciento. En el caso del haber mínimo, hubiera sido de 6394 pesos, 17 pesos más, según esa proyección. La diferencia exacta deberá entregarla el organismo que conduce Basavilbaso, quien justificó el recorte en los incrementos de la seguridad social por la necesidad de hacer más sustentable el sistema jubilatorio. La forma de lograrlo, al parecer, es achicando los aumentos para los beneficiarios. El recorte opera sobre más de 8,5 millones de personas que reciben pagos ajustados por la fórmula que ahora se reinterpreta.

La medida, que será publicada hoy, no fue comunicada en conferencia de prensa ni en una visita al Congreso, sino a través del comunicado de prensa de la Anses sobre la suba de jubilaciones y pensiones que se aplicará en marzo. “Cambios en la reglamentación de la movilidad jubilatoria”, dice el último apartado de un archivo adjunto a la gacetilla oficial que informa del incremento previsional. Bajo ese título, explica lo siguiente: la fórmula “se modificó porque con la metodología actual se reproduce más fielmente la variación que hubo en el año” de los recursos tributarios. “Tengamos en cuenta para simplificar que si una persona recibe un aumento de sueldo del 10 por ciento dos veces al año, no se trata de un 20 por ciento sino de un 21 y éste es el efecto que se busca optimizar”, agrega. Para graficar la información, sumamente técnica, la Anses explica que para estimar el aumento de los jubilados antes se computaba la variación semestral de los ingresos al fisco, que constituye uno de los componentes de la fórmula, mientras que ahora se utilizará una ponderación anual. Fuentes elorganismo dijeron a PáginaI12 que “el principal motivo de este cambio es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional”. “Ahora se va a aplicar la fórmula tal como corresponde, porque antes había una mala interpretación de lo que dispone la ley”.

Basavilbaso habló con el portal de Internet del diario La Nación. Allí dijo que la movilidad jubilatoria que se venía aplicando hasta ahora producía una “pequeña sobreestimación” de los aumentos a los jubilados, que ahora se corrige con la nueva interpretación técnica. “Es una noticia nefasta, que rebaja todos los planes sociales actualizados por esta fórmula que nos costó mucho trabajo consensuar, porque algunos creíamos que podíamos lograr una mejor. Esta Cámara aceptó el desafío de la Corte Suprema y votamos la fórmula con una enorme discusión. No vamos a tolerar que este tema sea modificado por decreto, que alegremente cercenen derechos de los trabajadores”, protestó la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) en la sesión del Congreso donde se terminó aprobando la reforma al sistema de ART. “Se están animando a lo que nadie se animó, a bajar jubilaciones y asignaciones familiares por decreto”, agregó su colega Héctor Daer, uno de los integrantes de la conducción de la CGT, quien tal vez en el revuelo que causó la noticia olvidó que la Alianza produjo una disminución del 13 por ciento en los haberes jubilatorios en 2001, también por decreto. El diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista) se quejó igualmente en duros términos, en una ola que fue creciendo a medida que los legisladores se iban enterando de la novedad ya sobre el cierre de la sesión.

La fórmula de movilidad previsional se aplica también para actualizar las deducciones del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, por lo cual, a menores aumentos jubilatorios, los trabajadores pagarán más del tributo. “El Gobierno se preocupa por los gastos pero no por los ingresos. Dicen que pagándoles menos a los jubilados el sistema será más sustentable, pero al mismo tiempo proponen rebajar las contribuciones de las empresas a la seguridad social”, lamentó el especialista previsional Federico Bobrovsky ante este diario. “Todo va para el ajuste. El PAMI ya no da medicamentos con descuentos del ciento por ciento. Ahora les van a pagar menos a los jubilados. Es un escándalo”, se sumó el ex diputado Eduardo Santín, también experto en la materia. “Esto va a dar lugar a una catarata de juicios porque la ley de movilidad ya no garantiza que se cubra la inflación”, advirtió Bobrovsky.

Respecto del aumento del 12,65 por ciento, la Anses estimó que estará arriba de la inflación de los últimos seis meses. Sin embargo, si la suba de precios de febrero arrojara 2,5 por ciento, tal como estiman las consultoras de la city, la inflación de los últimos seis meses (septiembre-febrero) sería de 12,7 por ciento, con lo cual los jubilados saldrían empatados. El cálculo se basa en el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre pasado, en cambio, los haberes treparon 14,16 por ciento y la inflación del semestre previo había sido del 20,85, lo que significó una pérdida de 6,7 puntos, y en marzo de 2016, el aumento de las jubilaciones había quedado en 15,35 por ciento, y la inflación del semestre anterior había escalado a 18,7 por ciento. En ese caso, la caída en el poder adquisitivo había sido de 3,3 puntos. Con el cambio en la movilidad previsional, las pérdidas amenazan con tornarse estructurales.


EL OFICIALISMO LOGRÓ CONVERTIR EN LEY EL NUEVO RÉGIMEN PARA LAS ART, GRACIAS A LAS ABSTENCIONES
“Es un recorte de derechos al trabajador”
En un recinto raleado por la ausencia de diputados del FpV, al oficialismo le bastaron 88 votos para convertir en ley un régimen que dificulta las demandas por accidentes de trabajo. Renovadores y justicialistas se abstuvieron.


Aunque con muchas ausencias, el intenso debate mantuvo la tensión hasta el final. Hubo 94 abstenciones. Ganaron las ART.
(Imagen: DyN)


El Gobierno logró la sanción de la ley que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). La norma supedita el acceso del trabajador a la Justicia laboral al pasaje a través de las comisiones médicas que dependen de las ART, lo que constituyó la principal crítica de parte del Frente para la Victoria, el interbloque Progresistas y la izquierda. El Frente Renovador se abstuvo a raíz de la noticia del cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones que por decreto lanzó el Gobierno (ver nota aparte). Inicialmente, su postura era votar en forma dividida. El Bloque Justicialista, que apoyaba la iniciativa, también se abstuvo por la misma causa. Finalmente, fueron 88 votos positivos, 44 negativos y 94 abstenciones. El resultado podría haber sido inverso para el oficialismo de no ser por la gran cantidad de legisladores ausentes del Frente para la Victoria y aliados, que no esperaban que el Frente Renovador y el Bloque Justicialista a último momento se abstuvieran de aprobar la ley. La ley tiene el mismo espíritu del DNU que días atrás había firmado el Presidente, Mauricio Macri, y que le valió críticas de todo el arco opositor.

A pesar de que el Gobierno justificó en un primer momento el proyecto a partir de la supuesta necesidad de reducir costos laborales y, con ello, mejorar la competitividad, en el recinto los legisladores de Cambiemos dijeron que, además, sería un beneficio para el trabajador porque se obliga a las comisiones médicas a definir los resarcimientos en un plazo más breve. Sin embargo, la ley permite que la apelación a la decisión de esa instancia administrativa (tanto por parte de los trabajadores como de las ART) tenga efecto suspensivo, es decir que el trabajador accidentado o enfermo tiene que optar por cobrar una indemnización mezquina o aventurarse en el juicio sin ver un peso. En el sistema actual, la apelación es devolutiva, es decir que no se frena el pago de la indemnización. La oposición al proyecto advirtió que sólo mejora las ganancias para las ART y se degradan los derechos del trabajador.

“Se ha producido una baja de los infortunios en los últimos años pero aumentó la litigiosidad. Estamos permitiendo que el trabajador concurra a esa instancia con su abogado y que los honorarios los pague la ART. Estamos mejorando el procedimiento de las comisiones médicas y, si el trabajador no está de acuerdo, puede ir a la Justicia. También hay una actualización de las indemnizaciones y la obligación para que las ART resuelvan en 60 días de plazo”, señaló Daniel Lipovetzky (Unión PRO). “Logramos introducir el tema de las 60 días como plazo máximo para las comisiones médicas. Hoy lo que tenemos es nada. El texto no es el mejor, no los soluciona. Pero permite tener una instancia que determine con perentoriedad que se cobre el resarcimiento”, justificó Héctor Daer, del Frente Renovador (FR) y miembro del triunvirato de la CGT. En cambio, Facundo Moyano, del mismo bloque, indicó que “el proyecto es claramente inconstitucional y la litigiosidad no va a bajar si no se ataca la siniestralidad”, planteo compartido por Jorge Taboada (Chubut Somos Todos, FR).

“De cada 1000 trabajadores, 78 sufren siniestros pero sólo 11,5 van a juicio. Es decir que de cada 1000 siniestros, sólo 146 van a juicio. Por otro lado, las aseguradoras de riesgo tuvieron una rentabilidad del 30 por ciento en 2015, han ganado 4200 millones de pesos. O sea que esto no es una industria del juicio ni un desastre financiero. Las ART ya pueden cobrar menos prima a los empresarios, si ese fuera el problema. No tienen ningún problema económico para bajar las primas. Lo único que va a pasar con esta ley es que, si bajan los juicios, el empresario va a ganar lo mismo y las ART van a ganar más. Y los trabajadores van a estar peor”, indicó Axel Kicillof (FpV). Explicó que “las ART no obtienen su ganancia de la relación entre la prima y los resarcimientos que pagan por los siniestros. La ganancia de las ART surge de la capacidad de invertir sus ingresos y de la dilación entre el cobro de la prima y el pago del siniestro. Esa diferencia convirtió a las ART en empresas que viven de la especulación”.

El dictamen de minoría del FpV estipulaba que las comisiones médicas tuvieran un carácter optativo. Es decir, proponía no obstaculizar el acceso a la Justicia. También definía que la apelación a la decisión de las comisiones médicas no tenga un carácter suspensivo sobre el cobro del resarcimiento, sino que éste se perciba a cuenta del monto final. En cambio, el Gobierno estableció que el trabajador accidentado o enfermo que no está de acuerdo con la oferta de la ART puede apelar, pero eso demorará la percepción del resarcimiento. Incluso la apelación por parte de la ART tiene efecto suspensivo. “El trabajador no puede ser el que financia a las ART. Tenemos que velar por la salud de los trabajadores y no por el negocio de las compañías de seguros”, señaló el diputado Héctor Recalde (FpV).

Un apoyo clave a la iniciativa oficial fue otorgado por el Bloque Justicialista que lidera Diego Bossio. “Este proyecto le hace un favor enorme al trabajo decente. Hay que salir de esta situación que es sólo un negocio para abogados que montaron una industria del juicio. La catarata de juicios se lleva puestos a trabajadores y pymes”, señaló Alberto Roberti (Bloque Justicialista). Además de legislador, Roberti es Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles.

Otro dictamen de minoría fue apoyado por el interbloque Progresistas (Socialismo, GEN y Libres del Sur). Margarita Stolbizer (GEN) fue muy crítica del proyecto del Gobierno. “Esto es inconstitucional y va a tener un efecto contrario a lo que se dice querer evitar. Lo único que va a hacer el trabajador frente al cercenamiento de sus derechos es golpear la puerta de tribunales. Este proyecto desoye múltiples sentencias judiciales que advirtieron sobre la inconstitucionalidad. Si aprobamos esto estaríamos reconfirmando un sistema regresivo hacia los trabajadores. Seguiríamos inclinando la balanza en favor de los más poderosos. No es la primera vez que este gobierno toma una decisión en ese sentido”, dijo Stolbizer. “Esta ley hace que el trabajador tenga un estatus inferior. Si un turista viaja en un taxi y se produce un accidente que lo afecta tanto a él como al taxista, el turista puede reclamar su indemnización por la vía civil, pero se le impone al trabajador pasar antes por las comisiones administrativas. El problema no es la cantidad de juicios sino las causas por las cuales los trabajadores van a juicio. En definitiva, es un retaceo de derechos”, agregó. (P12)

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