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domingo, 19 de febrero de 2017

Menos imputabilidad y más oportunidad

POR MARINA GIACOMETTI.-domingo 19 de Febrero de 2017

Especialistas coinciden en que estadísticas de delitos juveniles no justifican bajar edad de imputabilidad


MARINA GIACOMETTI





A fines de diciembre de 2016, el asesinato del joven Brian Aguinaco en el barrio de Flores conmovió a la sociedad y volvió a poner el tema del delito juvenil y la inseguridad en la agenda mediática. Días después, a principios de enero, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, anunció la intención del Gobierno de comenzar a discutir un nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad, que en la actualidad está fijada en los 16 años.

Éste fue el punto de partida para que especialistas de distintas organizaciones sociales, políticas y académicas decidieran nuclearse en una red a la que llamaron Argentina No Baja. Quienes la integran coinciden en la necesidad de crear un nuevo Régimen Penal Juvenil que deje atrás la ley 22.278 sancionada por la última dictadura militar, pero se oponen a "la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad".

Desde Argentina No Baja consideran que cualquier proyecto que proponga la baja de la edad de imputabilidad es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad. "Sería un retroceso, no se puede regresar de un derecho ya adquirido", explicó a ámbito.com, la abogada y magíster en criminología Claudia Cesaroni, integrante de la red y miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc).

Además, refutó los argumentos de quienes sostienen que los menores que hoy no están alcanzados por la ley penal carecen de garantías ante la Justicia. "Ese es un argumento pseudogarantista que es falaz. Es verdad que el decreto 22.278 permite la actividad discrecional de los jueces, pero también es cierto que por encima de esa norma hay leyes superavanzadas como la Constitución nacional y los tratados internacionales", enumeró.

En diálogo con ámbito.com, la socióloga y plenarista del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires en representación de la Legislatura, Florencia Gentile, y otra de las impulsoras de Argentina no Baja fijó su posición: "La baja de la edad de imputabilidad es ineficaz como respuesta a la inseguridad porque en términos estadísticos el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años en general y más por menores de entre 14 y 16 años -la franja de los que ahora no son punibles- es ínfimo", señaló.

Un informe del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires establece que sobre 175 homicidios registrados en 2015 sólo 1 caso fue cometido por un menor de 16 años, mientras que 10 casos fueron atribuidos a adolescentes entre 16 y 18 años (el 3,8% del total).

En tanto, según estadísticas de la Procuración general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, durante el 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales 126 corresponden a homicidios dolosos, o sea menos del 0,5 % del total. "Si nos focalizamos en datos de UNICEF, en Argentina hay 412 adolescentes de entre 14 y 15 años privados de su libertad -que no deberían estarlo, pero lo están-. Entonces, si a esos niños les aplicamos el 0,5% podemos inferir que los involucrados en homicidios dolosos serían sólo dos casos", explicó Cesaroni.

A pesar de la baja incidencia, Gentile describió cómo el delito juvenil tiene un alto impacto en la sociedad: "Los adolescentes suelen cometer más delitos contra la propiedad -robos, hurtos- que contra las personas -homicidios, secuestros-. Pero estos últimos son los que están alcanzados por la ley penal y son los que desde los medios de comunicación están ligados al tema de la inseguridad. Desde la construcción mediática se presenta a los adolescentes como culpables del delito -antes de que se desarrolle la investigación judicial- y luego cuando esta avanza y desmiente la autoría de los jóvenes respecto al delito, la responsabilidad ante el hecho ya quedó cristalizada en el imaginario social".

El pasado 7 de febrero, una nota del diario La Nación dio cuenta de que el Ministerio de Justicia de la Nación está elaborando "un informe para justificar con datos la necesidad de bajar la edad de imputabilidad". Las cifras surgirán del Sistema Nacional de Información criminal (SNIC), un registro que elabora el Ministerio de Seguridad y son números policiales, no judiciales. Allí, y según la información preliminar a la que tuvo acceso el diario, se eleva la cifra de delitos cometidos por menores de edad al 26%.

Consultada sobre estas cifras, Gentile sostuvo: "La construcción de estadísticas varía de manera técnica. Si uno toma como base las comisarías o a los chicos a los que sólo se los acusa de cometer un delito es una cosa y si uno toma como universo a aquellos a los que luego de la investigación judicial se constata que efectivamente cometieron un delito, el universo es otro. Ya sabemos las relaciones que tienen las fuerzas de seguridad con los jóvenes en los barrios. Si tomamos a quienes la policía encarcela, va a estar lleno de pibes, pero esta no es una forma de elaborar una estadística seria".

Otro de los puntos de coincidencia de ambas especialistas es que la baja de la edad de punibilidad empeora la relación de los jóvenes con el delito en lugar de resolverla, ya que en los países en los que se llevó a cabo una política de endurecimiento penal contra los adolescentes, lo que se logró fue una profesionalización y una mayor organización del delito. "Todo el mundo dice que la cárcel es escuela de delito, entonces ¿cómo es que queremos mandar niños allí?", afirmó Cesaroni.

En Argentina, en la actualidad no existen penas alternativas al encierro para adolescentes que delinquen, lo que ha costado al país algunas sanciones internacionales ya que es firmante de Tratados Internacionales y de Derechos Humanos que proponen priorizar otros métodos de punición como medidas socioeducativas, de reparación o trabajo comunitario -dependiendo de la magnitud del hecho-.

Para Gentile, el debate por la baja de imputabilidad utiliza a los menores como "chivo expiatorio", en un año electoral, para desviar la mirada de otras situaciones en las cuales los niños y jóvenes son las principales víctimas. "En 2016 aumentó la pobreza, la desocupación y se han llevado a cabo ajustes en ministerios como el de Educación. Ante esto, lo que el Estado tiene que hacer es extender las políticas de protección de derechos y no las de criminalización sobre la infancia y la juventud que no son el verdadero problema".

"A esos pibes que existen y que están involucrados en situaciones delictivas o en el borde del delito, hay que abordarlos y trabajar con ellos por fuera del sistema penal. Un niño también tiene derecho a no verse involucrado en situaciones delictivas", concluyó Cesaroni.


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