expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> Los comercios del Aeropuerto se chorean los impuestos municipales ~ Mensajero Digital

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sábado, 25 de febrero de 2017

Los comercios del Aeropuerto se chorean los impuestos municipales

El Municipio sigue sin cobrar sus tasas en el aeropuerto

En un pleito que lleva años y, pese a que la Justicia federal le dio la razón, el gobierno local se ve impedido de recaudar por habilitaciones de salubridad e higiene a empresas de servicios en la terminal aérea. El caso lo tiene la Cámara de Roca.



La mayoría de los locales comerciales y empresas asentadas en la terminal aérea no tributan a la comuna. Alegan estar fuera del ejido barilochense. (Foto: alfredo leiva)

Los intentos del Municipio por cobrar derechos de habilitación y tasas comerciales a las empresas asentadas en el aeropuerto local fueron bloqueados hasta ahora por un litigio judicial que parece interminable.

La imposición recaería tanto sobre la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 como sobre los locales comerciales que allí funcionan. Pero las intimaciones fueron desoídas y el cobro está suspendido hasta que la Justicia federal defina la cuestión de fondo.

Existe ya un fallo de primera instancia del juzgado de Bariloche, fechado en 2014, que le dio la razón al municipio. Pero hubo apelaciones posteriores y la causa está ahora a resolución de la Cámara Federal de General Roca.

La asesora letrada del municipio, Natacha Vázquez, reconoció que hasta hoy fue imposible cobrar tasa de Inspección, Seguridad e Higiene en el aeropuerto. En 2015 el municipio determinó de oficio las deudas de las firmas e intimó el pago, bajo apercibimiento de clausura.

Esto último desató un nuevo recurso judicial, presentado por el organismo regulador de aeropuertos (Orsna), que mediante una acción declarativa de certeza pidió precisiones sobre el alcance del poder de policía municipal.

En febrero pasado el tribunal roquense admitió el planteo y estableció que el derecho de la municipalidad a ejercer imposiciones y eventuales sanciones debe ser ejercido “sin interferir, obstaculizar o impedir en ninguna forma el normal funcionamiento del aeropuerto internacional de Bariloche y los servicios complementarios existentes en su ámbito”.

Vázquez explicó que allí radica la clave de la disputa, porque una clausura a la concesionaria AA2000 podría poner en riesgo las operaciones aéreas. Mientras que una limitación a esa facultad entorpecería el cobro efectivo de los gravámenes.

De hecho, salvo algunos comercios que funcionan como sucursal de otros asentados en el centro de Bariloche, la mayoría se ha negado a pagar.

Según Vázquez, falta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo. En su defensa, las empresas del aeropuerto sembraron dudas sobre la extensión del ejido de Bariloche.

¿Dentro o fuera del ejido?

Históricamente la estación aérea estuvo afuera de los límites del municipio, hasta que hace unos diez años fue incluida en el ejido barilochense mediante la ley provincial 3.978. La Orsna la consideró “inconstitucional”, porque a su juicio afectaba bienes del dominio público nacional. Pero el planteo fue considerado extemporáneo por la Corte Suprema de Justicia.

La ofensiva inicial por incluir al aeropuerto en el padrón de contribuyentes comenzó bajo el gobierno del exintendente Alberto Icare. Años después, la gestión de su sucesora María Martini dejó en claro que “toda actividad económica que se desarrolle en el ejido municipal debe tributar la tasa de comercio, sin excepción”.

Las últimas intimaciones fueron libradas en 2015. En aquel momento el Ejecutivo dijo que reclamaría el pago “como paso previo al proceso de ejecución fiscal”.

Pero ahora Vázquez admitió que debieron frenar las intimaciones a la espera de lo que defina la Justicia.

El paso del tiempo perjudica al municipio porque el cobro retroactivo, en el mejor de los casos, sólo es posible sobre los últimos cinco años. La asesora letrada dijo desconocer los montos en juego, que dependen del volumen de facturación de las empresas. El intento por obtener precisiones en la secretaría de Hacienda fueron infructuosos. (RN)

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