expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> Autorizados por los Benettones/Lewises defendidos por presidentes, la mafia de la tierra es un negocio viento en popa, ...la justicia es ciega y boluda ~ Mensajero Digital

pino

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domingo, 29 de enero de 2017

Autorizados por los Benettones/Lewises defendidos por presidentes, la mafia de la tierra es un negocio viento en popa, ...la justicia es ciega y boluda

Paraísos privados: las tramas para tomar lotes en la región andina no cesan

No cesan las maniobras para colonizar lotes con gran valor inmobiliario en la zona cordillerana. Red de complicidades, engaño, violencia y matonismo contratado.


Península San Pedro, espesura boscosa virgen y tierras con costa de lago que viejos compradores olvidaron y otros ambicionaron. Millones de dólares en juego y disputas que llegaron a las manos.





Tomas y extrañas presencias en paradisíacos escenarios.


Villa Gutiérrez, área de antiguos conflictos y hostilidades.

Adulteración y fabricación de documentos, matonismo contratado, amplio abanico de complicidades cuyos tentáculos llegan al Estado mismo, triangulaciones y picardía legal. La práctica especulativa de apoderamiento de tierras valiosas en nuestra zona cordillerana continúa vigente como hace más de una década. La pobre vocación por investigar, pese a las denuncias, estimula la impunidad.

Las maniobras para hacerse de lotes ociosos de alto valor inmobiliario, con dueños difusos, distantes y por lo general eternos deudores, han tenido como protagonistas tanto a minúsculos como a poderosos grupos.

Hay patrones que se reiteraron en variados modus operandi:

• Obtenían información clave desde adentro de las áreas estatales de catastro o fiscalización para individualizar lotes con deudas (cuyos dueños nunca concretaron la posesión o fallecieron), interesaban a compradores, falsificaban boletos o escrituras con base en datos precisos y concretaban las ventas.

• “Legitimaban” posesiones, alambrando u ocupando terrenos baldíos o linderos cuyos dueños no han dado señales por años. Apelaban a la vía legal de la usucapión para obtener sus derechos.

• Planificaban usurpaciones de tierras para forzar expropiaciones.

• Fabricaban expedientes de intimación de pagos, que se dirigían a falsos domicilios para que el dueño nunca se enterara, de modo que los lotes terminaran subastados, eso sí: con una orientación determinada.

• Realizaban compras hostiles a antiguos pobladores.

Algunas de estas maniobras requirieron necesariamente del concurso de un elenco importante de actores: empleados estatales desleales, jefes de áreas, algunos familiares, amigos o testaferros. También falsos o reales agrimensores, abogados, martilleros, inversores y escribanos.

El historial de los abusos alrededor del negocio inmobiliario registra, en Bariloche, violentos episodios. Desde amenazas, hostigamientos y merodeos hasta incendios intencionales, intimidaciones de fuerzas de choque contratadas por privados y golpizas a moradores obligados a desalojar ocupaciones. Es recordada la cruenta disputa –de película– entre privados en Península San Pedro que derivó en la detención de un inocente (detalles en la edición de mañana).

Parecen tan fuertes los intereses políticos y económicos involucrados en la actividad especulativa que, desde la Justicia, se miró con indiferencia, aletargó o directamente “cajoneó” las denuncias que algunos se animaron a formular pública o anónimamente.

De pronto, un cartel

Un día, José Domingo y su esposa Flavia se dieron cuenta de que se estaban vendiendo parcelas del valioso terreno que poseen en condominio con otra persona sobre Ruta 40, en el ingreso a San Martín de los Andes.

Quienes habían colocado carteles de venta de loteos se proclamaban los verdaderos propietarios y aseguraban que éstos estaban aprobados.

Hacía muchos años que José Domingo compró los derechos de la cuotaparte de esas tierras. Exhibe papeles que certifican su propiedad. El abogado que los patrocina denuncia usurpación por parte de “gente inhallable en los domicilios que radican” y que se vale de escrituras falsas.

“Vos te arriesgás”

Fabián sabía que en el Municipio de Bariloche había un empleado (hoy ex) que ofrecía terrenos a precio muy ventajoso con “boletos de compraventa truchos”. Quiso antes la opinión de un abogado amigo. “Vos te arriesgás”, le contestó. “Si querés, compralo. Vos te jugás. Perdés o ganás”. La operación se hizo y el abogado, por las dudas, pidió en Catastro la plancheta donde constaba que la propiedad efectivamente estaba a nombre de Fabián. Se quedó tranquilo. La hizo certificar. Resulta que un día apareció la verdadera dueña
–una europea– e hizo una demanda. Obviamente Fabián y su abogado perdieron. No había forma de defender la validez de un boleto trucho frente a la escritura incontrastable de la propietaria.

La falsificación de boletos y escrituras parece ser una práctica más frecuente de lo que se cree. Un profesional de Bariloche conoce por experiencia propia la incursión de “una escribanía del Alto Valle en Bariloche, que ofrece títulos truchos. A mí mismo me lo han ofrecido”, confiesa a “Río Negro” bajo pedido de reserva de identidad.

En otros casos, se sabe que hay miembros de grupos que adulteran la documentación y concretan informes de dominio con sellos falsos de profesionales.

“Urgente vendo”

Jorge trabajaba en una carnicería y quería tener su terrenito en Bariloche. Le habían recomendado recurrir a un comerciante del Alto, porque sabían que tenía contactos en Rentas. El hombre en cuestión solía publicitar inmuebles y en los carteles en el terreno figuraba su teléfono. Una publicidad prototípica suya rezaba: “Urgente vendo lote 1.400 m2, muy barato”.

Según pudo saber este diario por testimonios, el comerciante operaba en vinculación con un conocedor de remates inmobiliarios, un empleado de Rentas que transmitía datos de terrenos vacíos y “sellaba boletos de compraventa” y un cuarto miembro del grupo que disponía de los protocolos “de un escribano que se ausentó hace tiempo de la ciudad”.

Indiferencia, pese a pruebas

Una maniobra similar, pero adjudicada a otros actores, alcanzó fuerte repercusión en 2009.

La denuncia fue hecha a la Justicia por la entonces Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, a partir de un escrito de un hombre que se identificaba pero que, naturalmente, esperaba la protección de sus datos.

El denunciante involucraba a un conocido político radical, ex diputado nacional, a su esposa, su cuñado, a un ex empleado municipal y a un agrimensor en la apropiación de dos terrenos. Según la presentación, la maniobra consistía en la individualización de lotes con deudas municipales y la falsificación (“envejecimiento o amarillamiento”) de boletos de compraventa. Se señalaba a un lavadero de autos como el lugar donde se consumaba el ilícito.

El denunciante suministró precisiones de nomenclaturas catastrales, identidades, montos y domicilios... Pruebas documentales suficientes para una buena investigación. Pero todo se hizo mal. Dejaron trascender el nombre del acusador y se lo estigmatizó al igual que a Piccinini, a quien se le adjudicó un interés político. Y pese al empeño del fiscal General Marcelo Álvarez y del fiscal local Marcos Burgos, la causa –trascendió– quedó encallada en el juzgado del exjuez Martín Lozada.

Habló y pasó por loco

La vocación de hacer mutis por el foro frente a los señalamientos de corrupción fue evidente un año antes con la nula atención dispensada a las denuncias de un exfuncionario municipal del área de Tierras.

Guillermo Olarán no ahorró detalles al explicar el proceso irregular con terrenos entre 1999 y 2006. Hablaba de nada menos que entre 800 y 1.000 lotes apropiados mediante escrituras y boletos truchos, usurpaciones, usucapiones, actas irregulares de posesión y eliminación de datos de tales terrenos en el sistema catastral municipal. Consideraba que en la maniobra había empleados desleales, gestores, familiares de municipales, abogados, escribanos, agrimensores, arquitectos e inversores. Ponía énfasis en la complicidad incluso de jefes municipales.

Pero no tardaron en tachar a Olarán de “charlatán de feria, enfermo y mitómano”, anteponiendo su perfil habitualmente denuncista –que venía de su incursión en medios de comunicación– antes que su conocimiento del paño por haber asesorado al ex intendente Alberto Icare en el tema tierras. Así, las denuncias derivaron en escandalosas peleas mediáticas pero ningún fiscal actuó de oficio para intentar determinar qué había de verdad en tan grave información ventilada por Olarán. Información que, por otra parte, era admitida como veraz en el universo inmobiliario barilochense.

Remates raros

Por ejemplo, en 2004, el Municipio ya era un hervidero por las denuncias de manejos arbitrarios en los remates.

Algunos concejales apuntaban a la Oficina de Mandamientos, a martilleros y a los compradores, en especial uno que se hizo de 21 lotes del fraccionamiento Melipal II en una subasta que luego la Justicia anuló.

El fiscal Guillermo Lista veía un claro ilícito con autores y encubridores, por lo cual promovió acción penal contra un ex funcionario judicial, un ex asesor letrado municipal y un martillero.

Se habían detectado nada menos que 50 expedientes de intimación de pagos y citaciones a remates irregulares, con un denominador común: el uso de cédulas y mandamientos vencidos, con domicilios imprecisos y sin planchetas catastrales identificatorias. Se trataba, por lo general, de terrenos baldíos.

Precisamente el pícaro método empleado en no pocas ocasiones era intimar por deudas impositivas a dueños de tierras que nunca se enteraban, para luego proceder al remate.

Funcionario bajo sospecha

No sólo el Municipio. También el Estado provincial estuvo en la mira a través de unos de sus funcionarios por supuestas prácticas inmobiliarias.

Fue el caso del exdelegado de la Agencia de Recaudación Tributaria de Bariloche, Federico Martínez, denunciado por una damnificada particular e imputado en 2015 por el fiscal Lista.

Martínez fue acusado de haber promovido el remate de un lote valioso en Villa Campanario por una deuda de 5.537 pesos, en 2013. La propiedad, subastada en 300.000 pesos, fue adquirida por el suegro de Martínez en nombre de un tercero. Luego, el suegro habría vendido el lote al doble de su valor de remate a una mujer.

La cuestión es que la dueña original del terreno nunca se enteró de la intimación de Rentas, ya que la notificación no llegó a su domicilio.

Martínez tuvo que afrontar la imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, así como apartado preventivamente del cargo.

En otro caso similar, la Municipalidad de Bariloche fue condenada pocos meses atrás a indemnizar por casi 500.000 pesos a otra compradora de un lote en remate. Tal monto había sido reclamado en concepto del perjuicio por una subasta anulada tras comprobarse que la intimación se hacía a un terreno baldío, haciéndose constar que el domicilio estaba “cerrado y/o desocupado”, cuando en realidad se conocía cuál era el domicilio real de la contribuyente.
En la edición de mañana: la ambición por poseer llevó a feroces disputas.
“Se venden lotes con documentación que no existe. En estas raras operaciones estarían implicados escribanos, agrimensores y abogados”.
Sergio Dutschmann, abogado de reclamantes
de tierras en San Martín de los Andes.
“Puse a consideración de la Justicia datos que realmente revelaban cuestiones dignas de ser investigadas y que involucraban a funcionarios públicos”.
Ex defensora del pueblo Ana Piccinini, sobre una denuncia ignorada.



ÍTALO PISANI (RN)





Investigaciones periodísticas precursoras de Santiago Rey:



Tercera entrega: Grupo de Tareas Bariloche


Tercera entrega: Grupo de Tareas Bariloche
Desde la época de la dictadura militar no se recuerda el funcionamiento y organización de un grupo paramilitar como el que concretó el secuestro en Península San Pedro, el pasado 11 de noviembre de 2009. "Vos cazás animales, yo cazo hombres", amenazó uno de los ahora procesados a las víctimas. El Grupo de Tareas utilizó armas largas, cuchillos "tipo Rambo", capuchas y handys. Y hasta un lenguaje militarizado: "salimos a hacer un trabajo", explicaron a algunos de los testigos del hecho. Fuentes judiciales no descartaron que la línea de investigación pueda determinar la existencia de una asociación ilícita unida por el delito, la violencia, y una marcada ideología de derecha. Las dos primeras entregas pueden consultarse en ANB-Especial.


"Se hicieron presentes cuatro personas, dos de las cuales vestían (…) estilo militar, camufladas, armados con una escopeta itaca larga, una pistola 9 mm y un cuchillo grande tipo comando militar, cara cubierta con pasamontañas negro, usaban guantes, llevaban handy". Así describió en su elevación de acción penal el fiscal Guillermo Lista la apariencia del grupo comando que el 11 de noviembre de 2009 secuestró y torturó a tres personas -Rafael Boné, Indalisio Contreras Bahamonde y Joel Maximiliano Contreras Velázquez- en la Península San Pedro.

Un verdadero cuerpo paramilitar que cumplió a rajatabla con los estereotipos de los grupos que en la década del '70 asolaron el país, bajo el amparo de la última dictadura militar. Los allanamientos y secuestros de las pertenencias de los involucrados confirmaron además la adhesión a una ideología nacionalista, emparentada con la profesada por el agrimensor cuyos empleados -según la resolución de procesamiento- entregaron a las víctimas del secuestro (ver la segunda entrega del informe).

Incluso, pidiendo estricta reserva de identidad, fuentes judiciales confiaron a ANB que la línea de investigación futura podría avanzar sobre la existencia de una asociación ilícita, vinculada por el delito pero también por un sustento ideológico de derecha. "Chileno de mierda, volvete a tu país", espetó uno de los agresores a Joel Contreras, víctima del secuestro. Este insulto fue adjudicado por Contreras a Juan Ymaz, ex titular del Consejo Local de Seguridad, a quien se dictó la falta de mérito en la causa. La justicia aún no definió la situación procesal de Ymaz, ya que los testimonios de las víctimas del hecho incluyeron algunas contradicciones sobre la posible participación de quien, hasta hace dos semanas, conducía el Consejo de Seguridad.



Grupo de tareas



Los procesados y detenidos Cristian Aquino, Roberto Tello, y Pablo Duarte, y el prófugo Juan Donghito, formaban parte de la estructura de seguridad de un barrio privado de la ciudad, lugar donde se realizaron varios allanamientos ordenados por el Juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi, en el marco de la investigación. Entre lo secuestrado en esos y otros operativos figuran un cuchillo "tipo Rambo" con una bandera Argentina en la funda, y la impresión de las Islas Malvinas; además de armas, mochilas, capuchas, y otros elementos presuntamente utilizados en el operativo de privación ilegítima de la libertad y torturas, como precintos plásticos, cinta adhesiva color negro y bolsas de consorcio.

Las víctimas del hecho fueron sometidos a golpes, e incluso les taparon la cabeza con una bolsa plástica, y fueron amenazados de muerte en varias oportunidades: los intimaron a cavar un pozo, donde serían enterrados, y les preguntaron si sabían nadar, ya que serían arrojados al lago. "Vos cazás animales, yo cazo hombres", amenazó uno de los encapuchados a Rafael Boné.

El grupo compuesto por Aquino, Tello, Duarte y Donghito -según constaría en la serie de testimonios tomados por el juzgado interviniente- habría además intimidado a los testigos de los hechos. Se trata de empleados de seguridad a quienes habrían hecho participar lateralmente del violento accionar como responsables del traslado y la logística del "trabajo".

En su informe al juez, la Policía solicitó que se investiguen algunos otros hechos con características similares, para establecer si el mismo modus operandi conduce al mismo grupo paramilitar.

De acuerdo a lo que confiables fuentes de Tribunales relataron a este medio, testimonios recogidos por el fiscal aseguran que Aquino y Donghito son comandos, formados en la escuela del Ejército, y el primero de ellos gusta de pintarse la cara con brea.

El prófugo agrimensor Francisco Lacal Montenegro es hijo de un militar del Ejército, cuya adhesión a una ideología de derecha fue confirmada a este medio por diversas fuentes.

El jefe de los agrimensores, Julio Posse, es un confeso defensor de los militares carapintadas.

¿Avanzará la Justicia sobre la vinculación ideológica del Grupo de Tareas que acciona en Bariloche?. (ANB)'''






Investigan al Delegado de Rentas en Bariloche por maniobra con valioso terreno
(foto archivo Emiliano Rodriguez)

Investigan al Delegado de Rentas en Bariloche por maniobra con valioso terreno
Federico Martínez -máxima autoridad del organismo recaudador provincial en Bariloche-, fue denunciado penalmente por los supuestos delitos de “defraudación” y “asociación ilícita”, por haber realizado una maniobra con un lote ubicado en el oeste de la ciudad. Según pudo saber ANB, habría forzado el remate del terreno por una deuda menor. El lote fue comprado por el suegro del funcionario. Fiscal analiza la promoción de la investigación.


El titular de la Delegación Bariloche de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro -ex Dirección de Rentas-, Federico Martínez, fue denunciado ante la Justicia Penal, por los posibles delitos de “defraudación”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, y “negociación incompatible con la función pública”. De acuerdo a la presentación realizada ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria (UFAP), el funcionario se habría valido de información del organismo que conduce para forzar el remate de un valioso terreno ubicado en Villa Campanario (kilómetro 20 de la Avenida Bustillo). El lote fue adquirido por su suegro, el martillero Agustín Luis Tello, a un precio mínimo en relación al valor de mercado.

Según pudo determinar ANB, el terreno tendría un precio de unos 200 mil dólares, y fue rematado en algo más de 300 mil pesos, por una deuda de Impuesto Inmobiliario de apenas 5.537 pesos (8.444 pesos con los intereses). El pasivo tributario corresponde a dos períodos de 2004 de ese tributo, y otros de 2005 a 2008, y 2010.

La ejecución fiscal se concretó en junio de 2013, luego que Rentas promoviera el remate, a pesar que, según consta en la denuncia, el organismo provincial no habría cumplido con los pasos exigidos por normativa: la notificación fehaciente al propietario de la situación de deuda, y como consecuencia de esa acción la posibilidad que el dueño salde el pasivo exigido.

De acuerdo a los datos incluidos en la presentación ante la UFAP por parte de la perjudicada dueña del terreno, Sandra Garibaldi, las notificaciones de Rentas se realizaron en un domicilio que no era el real, de tal forma que nunca pudieron ser avisados de la inminencia del remate. Además, la delegación Bariloche del organismo recaudador no puso en marcha los mecanismos de los que disponía para cobrar la deuda de algo más de 5.500 pesos: ni produjo la inhibición de bienes; ni buscó en el padrón electoral la dirección real de dueña; ni constató esa dirección con otros organismos. De hecho, la municipalidad de Bariloche remite las facturas de la Tasa por Servicios al domicilio real de Garibaldi, en Buenos Aires.

Así, a pesar de estas irregularidades, se llegó a la instancia de remate -convalidado por el Juez Civil Carlos Cuellar-, oportunidad que fue aprovechada por Luis Agustín Tello, suegro del titular de Rentas Bariloche, para comprar -a nombre de un tercero- el valioso terreno.

Tello pagó la seña correspondiente, y el depósito por el monto global, lo realizó Maria Cristina Medus Rosenbrock. A pesar del tiempo transcurrido desde la subasta -junio de 2013-, Rentas aún no retiró los fondos depositados.

Según pudo saber ANB, el domicilio que dio Tello en el marco de la operación, es Gallardo 477, correspondiente al estudio de contadora de su hija Mariela, la esposa del Delegado de Rentas.

Pocos meses después de la compra, Tello vendió el lote a Susana López, al doble del valor del remate, es decir algo más de 600 mil pesos.

La operación parecía encaminada a resolverse sin sobresaltos, pero el 27 de agosto de este año, los propietarios originales del terreno recibieron una llamada anónima informando lo sucedido. Un empleado de Rentas, que protegió su identidad, les advirtió sobre la maniobra. Dos días después, el 29 de agosto pasado, una abogada de Bariloche -en representación de Garibaldi- presentó ante el juzgado Civil un pedido de nulidad de la subasta y de la escrituración. Este último trámite se encuentra ahora detenido administrativamente.

Paralelamente, la semana pasada, se realizó la denuncia en la UFAP contra Martínez, Luis Agustín Tello, Mariela Tello, y Susana López, última compradora del lote. Se los acusa de “defraudación”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, y “negociación incompatible con la función pública”.

De acuerdo a la misma fuente interna de Rentas que dio aviso del hecho a la propietaria original del lote de Villa Campanario, éste no sería el único caso, y en los últimos años se habría repetido la maniobra con otros terrenos. La investigación judicial, entonces, podría ampliarse y alcanzar las operaciones inmobiliarias realizadas por una empresa -hoy en proceso de disolución- de la que Martínez y Tello forman parte. Esa firma, denominada Las Glicinas S.A., tiene como objeto la compra y venta de inmuebles, y la intermediación en operaciones inmobiliarias. (ANB)

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