La Defensoría del Pueblo de Bariloche expresa su solidaridad con el Dr.
Martín Lozada, quien fue cuestionado mediante un comunicado difundido por la Secretaría de Medios del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Río Negro, en el cual se acusa en duros términos y de manera
injuriosa al Fiscal, acusándolo de haber colaborado “para instalar un
sistema de inseguridad a partir de una concepción extremadamente garantista,
que llevó a que los delincuentes estuvieran en las calles y que los policías
que los atrapaban fueran luego acusados por haber cumplido con su deber. La
famosa ´puerta giratoria´ en el Juzgado llevó a que haya delincuentes sueltos y
policías acusados, lo que llenó de dudas a los integrantes de la fuerza
policial que sentían temor de cumplir con su labor".
La gacetilla que circuló en los medios el día 20 de
octubre, también cuestiona las afirmaciones del Fiscal efectuadas en medios de
comunicación en los cuales valoró “los escasos cuerpos de investigación con los
que cuenta la Policía Provincial hoy” y expresó la necesidad de depurar a las
fuerzas.
El comunicado de prensa
emitido, sin firma, desde la Secretaría de Medios del Ministerio de Gobierno de
la Provincia de Río Negro, constituye un ataque a la legislación vigente, a las garantías constitucionales,
implica una afrenta hacia la división de poderes y es contraria al artículo 19
de Declaración de los Derechos Humanos, que afirma que “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.”
Cualquier
ciudadano, aun magistradas y magistrados o fiscales tienen derecho a expresar
sus opiniones, por lo tanto cualquier intento de censurarlas resulta
intimidatoria. Cuestionar que un fiscal o cualquier funcionario/a público opine
en los medios masivos, atenta a la libertad de expresión. Y cuestionar que
opine sobre temáticas o problemáticas de política criminal, de seguridad, o
asuntos sensibles a la comunidad, es extremadamente grave.
El
lamentable caso del asesinato Lucas Muñoz, y tantas muertes ocurridas en manos
de la policía, no dejan dudas en relación a la necesidad de contar con una
policía de formación democrática destinada a prevenir el delito y actuar
conforme a nuestra leyes provinciales, nuestra Constitución y Tratados
Internacionales.
Ningún
rionegrino desconoce las falencias de la policía provincial, falencias que
constituyen una deuda de nuestra democracia. Organismos defensores de DDHH y
especialistas en la materia comparten las afirmaciones del Fiscal, y se han
pronunciado oportunamente ante situaciones de violencia institucional
recurrentes en la provincia; como también se han compartido criterios en lo que
se refiere a la creación de un órgano de investigación al servicio de la
justicia (Policía Judicial), que no esté a cargo de la policía provincial, en
vista a la inminente puesta en funcionamiento del nuevo código procesal penal,
en la que está prevista su creación.
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