expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> OTRA DESAPARICIÓN FORZADA ~ Mensajero Digital

pino

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miércoles, 3 de agosto de 2016

OTRA DESAPARICIÓN FORZADA

Una vez más, en Bariloche asistimos a hechos de gravísima violencia policial. Esta vez, se trata de la desaparición forzada del joven Lucas Muñoz, agente de policía, hecho gravísimo que de acuerdo a la información que vamos conociendo, involucra a la policía. No por casualidad hay un policía detenido y cinco policías imputados (dos oficiales y tres comisarios).
Para la Asociación de Abogadas y Abogados de la República Argentina no se trata de una novedad. Sabemos que la Policía de Río Negro no es apta para actuar en democracia, lo sabemos porque conocemos los casos de violencia policial -por intervenir en ellos en el rol de querellantes- como el homicidio de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas del 17 de junio de 2010, la “muerte dudosa” de Guillermo Coco Garrido del 13 de enero de 2011 y tantos otros casos de homicidios, presuntos ahorcamientos en lugares de encierro, apremios ilegales y torturas, no solamente en Bariloche, sino en todo el territorio de la Provincia. Sabemos y lo hemos dicho: cuando las personas (en especial los jóvenes) quedan a merced de la Policía detenidos en un calabozo o mientras son llevados en los patrulleros (muchas veces por averiguación de antecedentes) NO EXISTEN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. La persona pierde sus derechos y su dignidad humana como si no existiera un Estado Constitucional de Derecho.
Es gravísimo que una persona desaparezca en democracia y que esté involucrado personal policial; el Poder Judicial debe actuar con celeridad. De esta misma manera debió actuar el Poder Judicial cuando murió Coco Garrido en la Comisaría nro. 12 del El Bolsón. Sin embargo, Coco murió en enero, de manera que hubo que esperar 20 días para que terminara la feria judicial y un juez viajara a Bolsón a ver el calabozo donde dicen haberlo encontrado ahorcado (eso es lo que explica la falta de esclarecimiento: se dejó en manos de quienes delinquieron, la investigación inicial sin intervención de jueces ni de fiscales); asimismo, la misma celeridad con la que se está actuando en el caso de Lucas Muñoz hubiese necesitado el expediente del adolescente Nicolás Carrasco y el joven Sergio Cárdenas; a más de 6 años de sus homicidios, los autores (policías) permanecen impunes.
Los asesinatos y desapariciones forzadas de jóvenes constituyen una política del sistema de explotación y cuenta con las fuerzas policiales y de seguridad como un brazo ejecutor para estas acciones contra pibes pobres de barrios pobres, todo lo cual constituye un hecho planificado destinado al disciplinamiento de nuestras juventudes. Sin embargo, el caso de este joven policía no nos puede ser ajeno tanto por el propio hecho en sí, sean cuales fueran las razones que eventualmente se descubran, como porque hay, aparentemente, una activa participación de la propia policía, o sea del Estado, provincial en este caso, y ello sí que es de nuestra incumbencia, toda vez que los desaparecedores serían los mismos (el Estado) que asesinan y hacen desaparecer a otros jóvenes.
Esta nueva desaparición, en este caso de un funcionario público como víctima, desnuda también la degradación interna de las fuerzas de seguridad al servicio de diferentes grupos internos, sean políticos o económicos o ambos, con claros intereses sectoriales en pos del cumplimiento de escarmentar y poner en caja a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes pobres, limitando las protestas.
Defender a aquellos que son atacados, hostigados o víctimas del accionar del Estado es para nosotros una posición de principios, y esto atañe a todas las personas, por eso veríamos con beneplácito que la investigación por Lucas Muñoz avance rápidamente y pueda esclarecerse el hecho. El Estado, responsable de la desaparición si hay otros funcionarios involucrados, es quien tiene la ineludible obligación de decirnos lo que pasó con un funcionario propio, cómo y quiénes actuaron en su desaparición. Esperamos también que, a partir de ahora, el Poder Judicial rionegrino modifique su accionar con respecto a los casos de represión policial y violencia institucional, escuchando a las víctimas y actuando con celeridad. No podemos perder más vidas ni seguir arriesgando la integridad física de nuestros jóvenes. Pensamos en Atahualpa Martínez Vinaya, en Daniel Solano, en Otoño Uriarte, en Coco Garrido, en Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nino Carrasco y en tantos otros que integran la larga lista de asesinados por violencia institucional. Eso, sin mencionar las violencias físicas permanentes, los golpes, apremios y torturas que rara vez reciben condena judicial.
No podemos dejar de mencionar que el gobernador Alberto Weretilneck no ha tomado medidas de ningún tipo para sanear una fuerza policial que desde hace muchos años ha mostrado su desapego a la ley. La desaparición de Lucas Muñoz no es un hecho aislado, sino la muestra de la orientación hacia la violencia institucional que prima en la institución, donde los agentes que no están de acuerdo con tales prácticas son castigados; orientación que ya conocemos desde los expedientes judiciales y desde los barrios, donde los jóvenes trabajadores deben soportar permanentemente malos tratos. En síntesis, la violencia policial en la provincia se ha convertido en un hecho natural que, en esta oportunidad, ha despertado el accionar judicial con celeridad, pero que viene cobrándose vidas desde hace mucho tiempo, todas vidas valiosas. Innumerables casos de apremios ilegales, torturas y homicidios policiales han quedado impunes, lo que ha generado la naturalización de las prácticas violentas de los uniformados sobre todo en los barrios populares. Cuando un delito policial queda impune, se favorece la continuidad de una práctica de violación de los Derechos Humanos, los agentes policiales violentos refuerzan su accionar al observar la inacción u omisión del sistema que debe impartir justicia.
No basta con la persecución de los culpables de estos graves hechos, es necesaria la erradicación de los negocios ilegales que se manejan desde esferas de la institución policial; para ello se necesitan medidas preventivas y de seguridad. La seguridad es un bien del que la ciudadanía rionegrina está muy lejos, la propia fuerza que debe resguardar a las personas está inmersa en el delito y la corrupción. Nada ha hecho el gobierno de Weretilneck por este tema. Y es más, ha insistido con declaraciones estigmatizantes hacia los jóvenes y las personas de sectores populares; recordemos sus famosas “listas negras” difamando familias, en las que “curiosamente” omitió toda referencia a los delitos policiales, y recordemos su comentario sobre que los jueces no debieran apegarse tanto a la ley en el caso de los menores.
Tampoco el Poder Judicial ha estado a la altura de las circunstancias, como ya expusimos, actuando con lentitud y desatención frente a casos graves; pero, además, este año, acaso en consonancia con un giro a la derecha como el que estamos viviendo en nuestro país, hubo un retroceso gravísimo con la sentencia del Superior Tribunal de Justicia del mes de mayo, que ha considerado que los niños y adolescentes pueden ser detenidos, aunque no incurran en delito.
Exigimos la depuración de la policía rionegrina sobre la base de desarmar la red de negocios delictivos en la que una parte de los efectivos está involucrada, exigimos una reforma profunda en los planes de capacitación policiales orientada hacia el respeto a la dignidad humana, exigimos el cese de la impunidad y lentitud judicial en los muchísimos casos de violencia policial aún no resueltos, exigimos la APARICIÓN CON VIDA de Lucas Muñoz y que el Estado responda sobre lo sucedido.

Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina

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