El crimen de Lucas
Muñoz – tragedia que movilizó y paralizó a la vez a distintos sectores de la
sociedad rionegrina por su compleja y turbulenta trama – debería ser una
oportunidad para que el gobierno de Río Negro , tanto el ejecutivo, como el
legislativo y el judicial, asuman de una vez por todas el desafío de hacer una
profunda reforma en materia de construcción de una Seguridad Democrática, con
el objetivo de lograr una policía honesta que defienda a los ciudadanos.
Cabe señalar que en
los últimos años existen múltiples antecedentes de casos no resueltos
relacionados con crímenes violentos que involucran y/o ponen en cuestión el accionar de sectores de las fuerzas de
seguridad rionegrina.
Por distintos
motivos, fueron perdiendo vigencia en la Agenda Pública , lo cual no les quita
gravedad, ni exime de responsabilidad a las máximas autoridades para
resolverlos.
Los crímenes de Atahualpa Martínez Vinaya en Viedma, y el de
Daniel Solano en el Valle Medio son sólo algunos de los ejemplos más
resonantes.
También están
vinculados a esta temática los crímenes de Diego Bonnefoi, Sergio Cárdenas y
Nicolás Carrasco, acaecidos en San Carlos de Bariloche en junio de 2010.
Tras aquellos sucesos, la compleja sociedad barilochense se
dividió al punto tal de generar una marcha “a favor de la policía”, en un
intento reduccionista de explicar la situación como una lucha de “buenos contra
malos”.
Más de un año después
de esos desgraciados acontecimientos en la ciudad lacustre- en diciembre del
2011- valga como importante reflexión la Carta Pública que hizo el foro de “
Madres y Padres y Adultos del Alto Barilochense”- que se titulaba “No se
metan más con nuestros hijos” y merece se releída hoy ( http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2011/12/04/25133-)
-, motivada por muertes violenta de jóvenes de sectores populares, y tal vez
con la expectativa en los cambios que podía generar un nuevo gobierno
provincial que asumía unos días después de esa publicación.
Casi 5 años después, el crimen del oficial Lucas Muñoz – tal
vez porque las investigaciones vinculan a la misma fuerza policial con su
secuestro, tortura y asesinato- vuelve a
desnudar una terrible realidad que va a ser más difícil sacarla de la agenda
pública, en ese “zapping político” que a veces pareciera ensayarse para
intentar negar los graves problemas de nuestra provincia,
El rechazo del oficialismo a crear una comisión de
seguimiento de la investigación, sumado al desplazamiento del Legislador
Marcelo Mango de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, no ayudan a
creer que haya voluntad política para ir a fondo con esta problemática, que ni
siquiera es responsabilidad exclusiva del gobierno actual.
La provincia de Río Negro está frente a un serio problema de
Política Pública en materia de Seguridad y Justicia, donde el Gobierno a cargo
del Estado debe intervenir atacando sus causas más profundas y generando las
acciones necesarias para transformar los entramados institucionales que
producen toda esta situación. Además de una depuración que “separe la paja del
trigo” en las fuerzas policiales, tal vez sea el momento de cumplir con la
Constitución y crear la postergada Policía de Investigación dependiente del
Poder Judicial, así como revisar la formación policial, sus condiciones
laborales, el sistema de ascensos y sanciones,
y desplegar un mayor control territorial del poder civil sobre las
fuerzas de seguridad.
Reducir esta situación a una mera especulación política que
lo interprete como un hecho que puede ser aprovechado por la oposición para
desgastar al oficialismo, y/o desplegar un “maquillaje” de medidas necesarias
pero insuficientes; hasta que el tema salga de los medios de comunicación y la
gente hable de otra cosa, son opciones que no harán más que volver a esconder
el problema y tener que lamentar - en el
corto o mediano plazo- nuevos crímenes que revelarán que se habrá perdido una
muy buena oportunidad para realizar las verdaderas e imprescindibles
transformaciones que necesita esta área clave del Estado Rionegrino.
Mg. Jorge Luis Vallazza
DNI 12.975.453
Legislador Provincial FPV
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