expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> A unos 8 meses de cana, a otros 3000 de multa, faltan los de las camionetas y los funcionarios y sindicalistas organizadores ~ ¿Dónde está Santiago?

pino

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lunes, 4 de julio de 2016

A unos 8 meses de cana, a otros 3000 de multa, faltan los de las camionetas y los funcionarios y sindicalistas organizadores

Ocultaron mercadería durante los saqueos y pagarán 3.000 pesos

Los imputados accedieron a la suspensión del juicio a prueba y acordaron pagar por los daños. El juez consideró la situación personal económica de cada uno.



DeBariloche - Los saqueos que ocurrieron el 20 de diciembre de 2012 estremecieron a la población de Bariloche y generaron una profunda crisis política e institucional que finalizó con la destitución del entonces intendente Omar Goye, que había llegado al municipio de la mano del Frente para la Victoria.

La causa principal donde están imputados Miguel “El Mohicano” Mansilla, Haydee Grande, José Ramón Paredes, Giselle Poblete y Catalina Lineros por el delito de robo agravado porque fue cometido en poblado y en banda además del delito de amenazas y del uso de arma impropia, aún sigue atascada en el laberinto de la burocracia judicial, sin fecha de juicio. A los cinco se les atribuye los saqueos en el supermercado Changomas y estuvieron 8 meses detenidos.

Pero hubo otras causas que se promovieron contra varias personas a partir de los allanamientos donde secuestraron numerosas mercaderías procedentes de los saqueos en distintos comercios.

Por lo menos once imputados en esas causas accedieron a la suspensión de juicio a prueba durante un año, más una compensación de 3.000 pesos al Estado provincial por los daños ocasionados.

El fallo se dictó a principios de mayo pasado, pero no se informó. “DeBariloche” accedió a la resolución del juez correccional subrogante Juan Martín Arroyo, que le impuso medidas cautelares a los imputados.

Durante ese período deberán mantener el domicilio informado en la causa, no podrán ausentarse de Bariloche, sin autorización del juzgado correccional, deberán presentarse en forma periódica en el Patronato de Presos y Liberados y hacer 50 horas de trabajo comunitario no remunerado en horario diferente al laboral, en el lugar que determine el Patronato.

A los imputados se les atribuyó haber recibido y mantenido en su poder una gran cantidad de mercadería (...) teniendo conocimiento de su origen ilícito, toda vez que los elementos habían sido sustraídos el 20 de diciembre de 2012 durante los saqueos que se produjeron en esta ciudad, siendo los mismos de público conocimiento”.

Los artículos fueron secuestrados en allanamientos que se hicieron entre el 24 de diciembre de 2012 y el 23 de enero de 2013 en domicilios ubicados en los barrios 2 de Abril, Nuestras Malvinas y Nahuel Hue II y en la primera cuadra de la calle Soldado Olavarría,

La defensora oficial Romina Martini solicitó para los diez imputados que asiste la suspensión de juicio a prueba y ofreció en representación de cuatro de los acusados pagar 3.000 pesos a modo de reparación por los daños ocasionados, en dos cuotas de 1.500 pesos.

En cambio, cuatro de los imputados defendidos por Martini ofrecieron pagar en 6 cuotas consecutivas los 3.000 pesos. Otros dos acusados se comprometieron a pagar los 3.000 pesos en tres cuotas.

Mientras que el defensor particular Jorge Olguín, que representa a uno de los imputados, pidió la suspensión de juicio a prueba para su asistido, que ofreció reparar en la medida de lo posible el daño causado y realizar las pautas de conducta que se le impongan.

El apoderado legal de la Fiscalía de Estado Roberto Stella, en su carácter de damnificado, y el fiscal Sergio Pichetto expresaron su conformidad para concederles el beneficio de la suspensión de juicio a prueba.

El juez tuvo en cuenta que los imputados no tienen antecedentes penales y señaló que una eventual condena podría ser de ejecución condicional como lo autoriza el Código Penal, cuando se trata de la primera vez y la pena por el delito atribuido no supera los 3 años.

“La propuesta efectuada en relación a la reparación ofrecida, resulta razonable, atendiendo a los parámetros indicados, toda vez que los imputados han ofrecido una suma que, considerando su situación personal económica, como así las circunstancias de los hechos y los daños causados”, sostuvo Arroyo.

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