Desde el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
adherimos y difundimos el siguiente comunicado de la Comisión Provincial por la
Memoria.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
manifiesta su preocupación por la puesta en vigencia del decreto 721/2016 que
delega a los mandos militares facultades que, desde el retorno de la democracia,
correspondían al poder político constituido por el voto popular. Esta decisión
atenta contra el control civil de las Fuerzas
Armadas, avanza contra un
principio político conquistado con la recuperación democrática, y se inscribe
en una política de ampliación de las competencias y autonomía de todas las
fuerzas policiales y de seguridad. Estas definiciones se dan en un escenario de
creciente conflictividad social y de preocupante alineamiento hacia las
doctrinas de las "nuevas amenazas" que propician regímenes de
excepción y la militarización de la seguridad interior.
Fundamentado en la necesidad de “establecer
procedimientos ágiles” y “actualizar el régimen de delegación de facultades”,
el decreto 721/2016 publicado en el Boletín Oficial el 30 de mayo, que modifica
en parte el decreto 436/84 firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín, delega
en los mandos militares cuestiones claves como designaciones, ascensos, bajas,
licencias, entre otras competencias, dando mayor autonomía las Fuerzas Armadas
y perdiendo parte del control por parte del poder civil.
Para la CPM, esta delegación de facultades y
competencias en los mandos militares es un claro retroceso en la conducción
política de las Fuerzas Armadas otorgándoles mayor injerencia en la definición
de las políticas de seguridad. En su momento, el citado decreto del presidente
Raúl Alfonsín constituyó un pilar de la recuperación democrática porque
significó eliminar la autonomía de la que gozaron las Fuerzas Armadas y su
subordinación al poder civil. La autonomía de la que gozaban generó, en gran
medida, las condiciones de posibilidad de los golpes de estado y el genocidio
perpetrado en la última dictadura. La delegación de esas facultades en las
autoridades civiles y las reformas sancionadas en los años posteriores
consolidaron la conducción política del estamento militar y contribuyeron a
fortalecer el proceso democrático.
Por el contrario, el decreto 721/2016 vuelve a
restablecerle a los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas
competencias que, desde la vuelta a la democracia, había asumido el Ministerio
de Defensa. Entre ellas, figuran la designación de los oficiales en los cargos
que no constituyen la conducción superior de los Estados Mayores Generales de
las Fuerzas Armadas, la disposición de las bajas y los retiros obligatorios de
los oficiales jefes y oficiales subalternos, el otorgamiento de los ascensos de
los suboficiales, y designación del personal militar retirado para funciones
docentes en el marco del estatuto para el personal docente civil de las Fuerzas
Armadas. Esta decisión, sumada a los recientes proyectos enviados al congreso y
que propician regímenes de excepción en la persecución de los delitos, no hacen
más que profundizar la tendencia hacia la militarización de la seguridad
pública y significa el debilitamiento de los acuerdos estructurantes de la
democracia.
Las recientes condenas para los responsables del
plan Cóndor tienen como contrapunto el alineamiento político a las nuevas
doctrinas de seguridad promovidas para el Cono Sur por los Estados Unidos en la
autoproclamada guerra contra las nuevas amenazas (terrorismo y narcotráfico
entre otras).
La CPM considera que estos retrocesos deben ser
corregidos rápidamente con el compromiso de todos los sectores políticos. Los
debates y las propuestas para el fortalecimiento de la democracia deben tener
como pilar indiscutible la tajante delimitación asumida en la post dictadura
militar entre la seguridad interior y la seguridad exterior.
Buenos Aires, 2 de junio de 2016
Miembro consultivo de la ONU y la UNESCO
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