El Fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro
avalando la detención de menores por la policía, bajo la justificación que es
para su “protección” porque están en situación de “abandono”; esconde una concepción discriminatoria de los
adolescentes de sectores populares, los estigmatiza como potenciales delincuentes,
y atenta contra el Derecho básico de circular libremente por el espacio
público.
Cabe aclarar que el conflicto se origina en situaciones
concretas denunciadas por el Ministerio Público, donde- esgrimiendo la
“prevención”- la policía detuvo a adolescentes
que transitaban por la vía pública de ciertas zonas de la ciudad, los
cuales no estaban haciendo nada inadecuado o ilegal. Concretamente en una de
las situaciones el adolescente estaba yendo a la escuela...
No se está aludiendo en este conflicto a niños o adolescentes
que se los encuentra tirados en la calle, desnutridos o muertos de frío, en
estado de indefensión y abandono – donde sería oportuno la intervención de
servidores públicos para protegerlos- sino de adolescentes que se los considera
que pueden ser “peligrosos” para la sociedad. ¿Cuál es el criterio para esa
definición? simplemente su aspecto: color de piel, vestimenta, extracción
social…
Es curioso que al desatarse la polémica mediática apoyando o
rechazando el fallo del STJ, tanto en las redes sociales, en los comentarios de
lectores interactivos, y hasta en la presentación del tema en programas
periodísticos, la mayoría de las posiciones apuntan a cuestiones relacionadas
con el “delito”, con expresiones tales como :”está bien que los detengan, así
hay menos robos”. “al fin los menores delincuentes van a ir presos”, y
similares opiniones; cuando en realidad –el fallo del Superior Tribunal de
Justicia no se refiere a menores que están delinquiendo, sino al rol de la
policía frente a niños y adolescentes en supuesto estado de “abandono” a los
que habría que “proteger”.
El acto fallido colectivo de un sector de la sociedad al
asociar masivamente al menor en situación de abandono o desprotección con aquel
que delinque, no hace más que desnudar la verdadera intención de este fallo,
que es legitimar el accionar policial de detener a supuestos potenciales
delincuentes antes que cometan el delito, como forma de prevenir. Como sería
totalmente anticonstitucional reconocer explícitamente esta intención- ya que
la policía no puede “adivinar” - más que por su “aspecto”-que tal o cual menor
que circula por la calle sin hacer nada va a cometer un delito- se lo disfraza
con que estaría en una situación de “abandono” y que se lo detiene para
“protegerlo”.
Por supuesto que esto
no sucede nunca con adolescentes de sectores medios o altos, sino que
casualmente les pasa a pibes de barrios populares que circulan en zonas
céntricas o “residenciales”.
Desde las épocas de la dictadura- donde cercenado todo
derecho constitucional- desaparecían jóvenes por reclamar un boleto
estudiantil, cantar canciones de
protesta, tener tal o cual libro, o simplemente tener “pinta de subversivos”-
hasta entrada la democracia recuperada , donde se fueron restituyendo derechos
a las mujeres, a los adultos mayores, y a personas que antes se consideraban
“enfermas”- como en el caso de los colectivos de disidencia sexual,; la
construcción de un mundo cada vez más democrático e igualitario es una larga y
compleja lucha contra una sociedad que tradicionalmente es conservadora, autoritaria
machista, patriarcal y discriminatoria.
Lograr una Seguridad Democrática, con policías que defiendan
a las ciudadanas y los ciudadanos sin hacer abuso de autoridad, sin violencia
institucional o represión ilegal es todavía una materia pendiente, avalada por una larga lista de crímenes de
jóvenes en la provincia de Río Negro.
El Superior Tribunal de Justicia- con la excepción de la
Jueza Adriana Zaratiegui- tenía la oportunidad con este fallo de hacer
“docencia” cívica y achicar la brecha cultural e ideológica entre la
posibilidad que tenemos de avanzar hacia una sociedad más democrática e
igualitaria, donde haya más integración social aún en la diversidad de clases
sociales y razas, frente a otra gran parte de la sociedad con resabios dictatoriales
y autoritarios, que aún cree que cuando
se le acerca un adolescente o joven de tez oscura y gorrita, está a punto de
ser víctima de una asalto.
Lamentablemente- bajo la excusa del abandono y la protección-
optaron por profundizar la brecha, alentando el prejuicio, la discriminación
social, y la estigmatización de los
adolescentes pobres.
Retrocedemos así varios “casilleros” en Río Negro, en materia
de “Estado de Derecho”.
Magister Jorge Luis Vallazza
DNI 12.975.453
Legislador FPV Río Negro
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