expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> Emergencia y sinceramiento. / Por Horacio Verbitsky ~ ¿Dónde está Santiago?

pino

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domingo, 5 de junio de 2016

Emergencia y sinceramiento. / Por Horacio Verbitsky

Tal como hizo Menem en 1992 para forzar la privatización de YPF, Macrì vuelve a usar a los jubilados, ahora para colar el blanqueo de capitales y la moratoria. El proyecto contiene también una grave amenaza para la libertad de expresión. Quien diga que Nicky blanqueó 100 millones de dólares tendrá que pagar esa suma como multa. Entonces el resultado fue la destrucción del sistema previsional, cosa que con alta probabilidad se repetirá ahora.


Maurizio Macrì no piensa en 1955 sino en 1992: su proyecto de ley de emergencia previsional y sinceramiento fiscal (ambas son expresiones del texto) se inspira en la vinculación que Carlos Menem y Domingo Cavallo establecieron aquel año entre la privatización de YPF y el pago de deudas previsionales y con las provincias. Página/12 tituló entonces: “Ponga un jubilado en su tanque”. En ambos casos, los jubilados son el recubrimiento edulcorado que disimula el mal gusto de una medicina amarga e ineficaz. Aquel arreglo con jubilados y pensionados precedió a la privatización y bancarrota del sistema previsional, con el experimento de las AFJP, administradoras ad hoc creadas por los principales bancos. El Estado dejó de percibir los aportes de patronos y trabajadores pero sin librarse de su compromiso de pagar las jubilaciones cada mes. Para cubrir ese agujero negro debió endeudarse. En vez de crear un auténtico mercado de capitales, como se postulaba, las AFJP le prestaron a altas tasas al Estado el mismo dinero que el Estado les cedió. Cuando el modelo neoliberal dejó a un cuarto de la población activa sin trabajo, las AFJP les siguieron cobrando por sus servicios, hasta vaciarles las cuentas individuales de capitalización. Los dejaron sin fondos suficientes para jubilarse y el sistema previsional sólo cubría a la mitad de las personas en la edad del retiro. Reparado con las moratorias, la estatización, el regreso a un sistema público y de solidaridad intergeneracional y con un fondo de sustentabilidad para garantizar las prestaciones, la cobertura llegó el año pasado al 97 por ciento. Esta es la reparación histórica que la Alianza Cambiemos se propone destruir, por más énfasis con que el gobierno lo niegue.
Desde el punto de vista de la técnica legislativa el proyecto es un adefesio, que recuerda las leyes de emergencia económica y administrativa del menemismo que permitieron el remate a precio vil de las empresas estatales y la privación de derechos laborales a sus trabajadores.

Aviso clasificado

Son por lo menos cinco leyes en una:
1. Blanqueo de capitales sustraídos del pago de impuestos, tanto dentro como fuera del país.
2. Moratoria de tributos adeudados, incluso para los agentes infieles de retención.
3. Pago de deudas con jubilados del tramo superior de la pirámide.
4. Una pensión universal del 80 por ciento de la jubilación mínima para quienes no tengan otro beneficio.
5. Devolución a las provincias del 15 por ciento de la coparticipación que cedieron a la Nación para el funcionamiento de la ANSES y el pago de sus prestaciones.
El ómnibus oficial los acomodó en otro orden, pero el de esta nota refleja tanto la emergencia como el sinceramiento del gobierno. Una primera comprobación: sólo el blanqueo requiere de una ley. Pagarle lo debido a jubilados y provincias son actos administrativos que entran en las atribuciones del Poder Ejecutivo.

El académico argentino radicado en Gran Bretaña Guillermo A. Makin, investigador en el Centro Latinoamericano de la Universidad de Cambridge compiló en un gráfico los resultados de los primeros cuatro meses de gestión de Macrì, comparando abril de 2016 con abril de 2015. Cada dato lleva su fuente de origen: según la consultora del ex viceministro Orlando J. Ferreres, el nivel de actividad cayó el 4,9 por ciento; el consumo el 6,6 por ciento (CAME); las exportaciones, el 8 por ciento (consultora ABECEB); la industria, el 6,7 por ciento (INDEC); la producción de las pequeñas y medianas industrias, el 4,7 por ciento (CAME); la construcción, el 24 por ciento (INDEC); el salario real de los trabajadores registrados, 11 por ciento (cálculo del propio Makin); el gasto público real, 23 por ciento (según estimación de Analytica). En cambio la inflación creció el 7,2 por ciento (estudio Bein). El cuadro concluye con las ganancias de los bancos en el primer trimestre de este año: 62,7 por ciento según el Banco Central. Este gráfico es más ilustrativo y digerible que el mazacote distribuido por la presidencia para afirmar que el país vive una catástrofe consecuencia de la gestión anterior. Tal vez a esto aluda un supuesto aviso clasificado que circula desde hace unos días en Internet. Su escueto texto dice: cambio burro de seis meses por yegua de doce años.
La gestión de Macrì en cifras

Fuente: Guillermo A. Makin.

La desesperación

La necesidad del gobierno nacional se comprende. En vez de la anunciada lluvia de inversiones privadas, padece una sequía que no se compensa contabilizando anuncios anteriores y aportes rutinarios de organismos internacionales ni quitando con la lengua el polvo en los zapatos de los fondos buitre y los empresarios españoles, por las tropelías que hicieron en la Argentina. Sin inversiones significativas, la única política antiinflacionaria del gobierno es la caída de la actividad inducida por las tasas de interés, que llegaron a duplicar el índice de precios al consumidor estimado por el gobierno para todo el año. Sturzenegg es un lugar pequeño en la provincia de Appenzell, en el oriente de Suiza, que toma su nombre de la pendiente de la montaña en la que se encuentra (Sturz quiere decir caída en alemán). Sus habitantes fueron conocidos históricamente como Sturzenegger y tienen la reputación popular de ser gente muy cerrada o corta de miras, una definición que regocijará al ministro Alfonso De Ptrat-Gay y al vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, quienes padecen al último monetarista vivo, como han comenzado a llamarlo.
En el menemismo había un articulador político lo cual le daba alguna consistencia. Ahora, el loteo de los puestos de conducción entre los bancos y las corporaciones transnacionales, con cargos menores para los delegados del Círculo Rojo de los grupos económicos locales, cada uno detrás del interés sectorial que lo llevó a su cargo, produce incongruencias y contradicciones, a las que deben sumarse las contramarchas obligadas por la magra representación legislativa de PRO y sus chinchorros del panradicalismo. Por unos meses esto puede pasar por capacidad de escucha y rectificación y hasta caer simpático, hasta que las costuras se vuelven demasiado visibles y se nota que el traje es un disfraz deforme. Luego de endeudarse en unos 25.000 millones de dólares, el gobierno todavía necesita otros 10.000 para terminar el mítico segundo semestre. De ahí el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva. Pero luego del veto a la ley antidespidos, de las grandes movilizaciones de abril y mayo y del rechazo generalizado a los descomunales incrementos en las tarifas de servicios públicos, además de dinero el gobierno necesita alguna victoria resonante que frene su caída en este tobogán político. Más escéptico que Macrì, el economista de la UCR Javier González Fraga incurrió en otra forma de sinceramiento: la prosperidad que los sectores bajos y medios vivieron durante una década fue una fantasía insostenible, dijo. Plasmas, autos, viajes se van, se van, y nunca volverán.
Desde su dolarización, hace cuatro décadas, la economía argentina funciona como una bomba impelente, que vuelca fondos hacia el exterior. Esos recursos son reemplazados con endeudamiento que a su vez realimenta la fuga y fuerza los periódicos blanqueos. El único lapso en el cual se detuvo la formación de activos en el exterior (según su elegante nombre en la jerga tecnoburocrática) duró unos pocos años al comenzar las privatizaciones en la década de 1990. Sólo esas deslumbrantes oportunidades de pillaje hicieron girar la rueda en sentido inverso y reunieron en un solo equipo a bancos globales con títulos de deuda, operadores internacionales capaces de mantener los servicios públicos en funcionamiento y grupos locales conocedores de los timbres y los pasillos adecuados. Pero ya durante el segundo mandato de Menem todo volvió a la normalidad. Las trasnacionales se quedaron con las privatizadas y los expertos en mercados regulados dolarizaron su ganancia y la sacaron del país. La pregunta ineludible es por qué ahora el blanqueo debería ser distinto. Hasta el cordial diario La Nación afirmó en una columna destacada que por falta de la prometida lluvia de capitales extranjeros “la Argentina lanza muestras de desesperación al mundo”. Según el diario, aunque ya pasaron siete jefes de Estado por Buenos Aires y Macrì visitó cuatro países más el Foro de Davos, cosechó promesas pero no dólares.

El salario del miedo

Desde el gobierno responden que esta vez opera un factor nuevo: el miedo a ser descubiertos, como les ocurrió con los Panama Papers al presidente y a una larga lista de sus colaboradores más próximos, tantos que el ministro de Justicia Germán Garavano acuñó el blooper más extraordinario en años: “Somos muchos más los miembros del gabinete que no tenemos empresas offshore”. El 1º de enero entrará en vigor el acuerdo de intercambio automático de información tributaria con fines fiscales al que se comprometieron un centenar de países. Desde entonces no habría dónde esconder dinero ilegal. Sin embargo, mientras no participen de ese nuevo trato Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña y Suiza, nada significativo habrá cambiado. El recién electo alcalde de Londres, Sadiq Khan dijo que no se oponía a la construcción de mansiones de lujo en la ciudad, pero “lo que no puede permitirse es que Londres sea la capital mundial del lavado de dinero”, como lo es. Hace tres semanas, en el cierre de la cumbre anticorrupción realizada allí, el primer ministro David Cameron dijo que en el estado norteamericano de Delaware hay muchas empresas registradas y poca transparencia. Lo escuchaba en silencio el ministro estadounidense de relaciones exteriores, John Kerry, quien hubiera podido señalar a las dependencias de la corona británica, como Man, Jersey o Guernsey. Ante las presiones, el presidente Barack Obama dijo que no dependía del Poder Ejecutivo sino del Congreso modificar el status de Delaware. Y las posesiones británicas como las Bermudas, Caiman, Islas Vírgenes o de Man afirman que nada cambiará si Estados Unidos no se pliega. El primer ministro de las islas Caiman, Alden McLaughlin, dijo que si los esfuerzos de transparencia se concentran en pequeñas jurisdicciones e ignoran a las mayores, “todos los negocios turbios van a migrar a Delaware, Wyoming o Panama”. Por todo eso, el gobierno argentino fue bajando el tono de sus expectativas, de 60 a 20 mil millones de dólares. Sólo por no comerme mis palabras, como tuvo que hacer el columnista del Washington Post que vaticinó que Trump no sería el candidato republicano, no soy tan categórico en predecir que a lo sumo se blanquearán 15 mil millones, incluyendo lo que se declare y se deje afuera. Al fisco le quedarían ente 1500 y 2250 millones.
Para la Red Europea de ONGs sobre Deuda y Desarrollo, Eurodad, el intercambio automático de información no serviría si sólo reemplazara, o fuera una alternativa, a la revelación de datos que deberían ser públicos, como quién es el verdadero beneficiario de la propiedad de una empresa, desde donde operan las compañías multinacionales o qué normas secretas permiten evadir impuestos en el exterior. Por la norma actual los países intercambian información confidencial “a pedido”, para lo cual el interesado debe identificar al contribuyente y demostrar la relevancia de la solicitud, lo cual suele ser imposible sin una previa filtración. Cuando la filtración ocurre, como en el caso del ex empleado del HSBC Hervé Falciani, se corre el riesgo de que un juez persiga al recaudador que intente utilizar los datos. Es lo que acaba de hacer el doctor Claudio Glock, por la denuncia penal que la AFIP presentó contra uno de los integrantes de la lista del HSBC, el actual ministro de Hacienda y Finanzas. La denuncia penal contra De Prat-Gay es la causa del procesamiento de Ricardo Echegaray. Tax Justice Network sostiene que aun los datos que vayan a intercambiarse en forma automática deberían ser públicos, para que no sólo puedan acceder a ellos las autoridades sino también los bancos que necesitan conocer a sus clientes para asegurarse que no estén lavando plata sucia, los periodistas y las ONG’s. El proyecto de ley ómnibus va en la dirección opuesta.

Apunten a los periodistas

Su extenso y detallado artículo 85 garantiza “el más absoluto secreto” de toda la información obtenida por la AFIP, la Unidad de Información Financiera, los jueces, funcionarios o empleados judiciales sobre el proceso de blanqueo. Más aún, el castigo en caso de filtración abarca también a los periodistas y las ONG’s que menciona Tax Justice Network, englobados sin nombrarlos entre “los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales” de los blanqueadores. No sólo se les aplicarán hasta dos años de prisión como marca el artículo 157 del Código Penal, sino también “una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados”. Sin duda, cuanto mayor sea el monto exteriorizado y más notoria la personalidad del blanqueador, mayor interés público tendrá la noticia. Pues mayor será el castigo. Si un periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares. Como Caputo no es funcionario ni pariente, sólo amigo y deudor del presidente, nada le impediría presentarse. Tal protección extraordinaria a los evasores es inconstitucional, pero este mes será ley. En un artículo para la edición de junio de la revista Turba, el economista Jorge Gaggero dijo que el blanqueo, la moratoria y la eliminación de los impuestos patrimoniales “no sólo terminarían premiando a sectores del poder económico que se han puesto fuera de la ley, mofándose de los cumplidores, sino que podrían transformar al propio país en un paraíso fiscal”. (¿Por qué paraíso y no guarida, si es la traducción de haven, no de heaven?). Según los datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación los tributos sobre el ingreso, las utilidades y ganancias de capital no pasaron en 2014 del 6,15 por ciento de la recaudación, de los cuales sólo el 0,33 por ciento sobre bienes personales. El impuesto a los bienes personales se eliminará como premio para quienes cumplieron con sus tributos, pero también se extiende el premio a los que blanqueen, con una reducción progresiva y su total desaparición en 2019. Lo que no se dice es que con lo que no pagó de bienes personales un blanqueador que haya mantenido un patrimonio offshore por 5 o 6 años podría pagar ahora la tasa de blanqueo y quedarse como ganancia neta con todos los otros impuestos nacionales evadidos en ese período. ¡Formidable estímulo para los cumplidores! El beneficio del blanqueo se extiende no sólo a la esposa del contribuyente, sus padres, abuelos, hijos, nietos y respectivas parejas sino también a los testaferros, que el artículo 36 menciona en forma neutra como “terceros”, a cuyo nombre estuvieran registrados los bienes ocultos. También incluye en el 37 a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier ente constituido en el exterior con la finalidad de evadir. Hace una década, Gaggero propuso en su trabajo “La cuestión tributaria en la Argentina”, reemplazar en forma gradual bienes personales por el fortalecimiento de los impuestos patrimoniales provinciales, en especial sobre la tierra, que son muy bajos. Pero nada se avanzó en ese sentido. En un país en que la tributación de los patrimonios (en especial los más altos) es insignificante, eliminar un impuesto directo sin reemplazarlo por otro patrimonial constituye una reforma regresiva. En un guiño a los amigos de la CGT, el artículo 50 del proyecto permite regularizar sin multas ni intereses los aportes previsionales retenidos pero no ingresados pero no los aportes a las obras sociales. En una rara concepción de equidad el proyecto sostiene que dado que las personas físicas están exceptuadas de pagar ganancias por inversiones financieras en títulos, bonos y otros valores realizadas en el país, esa exención se extiende a las personas jurídicas y a inversiones en el exterior. Hay incluso una inconsistencia de redacción entre los considerandos, donde dice que la exención se extiende a títulos que “coticen en bolsas o mercados de valores del exterior” y el artículo 71 donde esto se convierte en “que no coticen en bolsas o mercados de valores del país o del exterior”. Está claro que tanto como las necesidades del fisco pesó la conveniencia de los amigos que quieren regresar sus dineros al solar patrio. La política es de ajuste, pero tanto Nicky como el primo Ángelo necesitan financiamiento para su plan privado de obras públicas.

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