expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> "Nadie constituye o integra una sociedad off shore para fines lícitos" ~ ¿Quién mató a Santiago?

pino

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martes, 5 de abril de 2016

"Nadie constituye o integra una sociedad off shore para fines lícitos"

El constitucionalista Eduardo Barcesat emitió una nota de opinión en donde expone la ilegalidad de poseer una cuenta offshore y resaltó la denuncia radicada hace 3 años en la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional la investigación de la fuga de capitales argentinos hacia paraísos o guaridas fiscales.



El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, fustigó al Presidente Macri y manifestó la ilegalidad en la que incurre al ser titular en una sociedad offshore en las Islas Bahamas.

“Yo soy yo y mi circunstancia”, sentenció el filósofo español José Ortega y Gasset. Y viene perfectamente la cita para exhibir la impudicia moral del actual Presidente, Ingº Mauricio Macri, y su cohorte de secundones, que pretenden encubrir la responsabilidad penal de Macri, invocando que se trata de una “circunstancia”, por su titularidad en una sociedad “off Shore”, en la guarida fiscal de Islas Bahamas, conforme ha sido develado por la pública difusión de los denominados “panama papers”.

Como bien ha dejado señalado el experto en sociedades comerciales y ex titular de la Inspección General de Justicia, Dr. Ricardo Nissen, nadie constituye o integra una sociedad off shore para fines lícitos. Lo lícito es que si la actividad se desarrolla en un país determinado, sea ese mismo país donde se registra la sociedad titular de la explotación, donde reside la administración de la sociedad y donde se cumple con las cargas tributarias y de aportes patronales. Así también, que es en el país donde se realiza la actividad comercial donde deben reinvertirse las ganancias y no, como es el caso, que la actividad comercial o industrial se haga a expensas de la explotación de los recursos y riquezas naturales del país, pero las ganancias se giran y encubren en los paraísos fiscales.

Hace tres años, patrocinando a la entonces presidenta del Bloque de Diputados del FPV, Juliana Di Tullio, se radicó una denuncia penal solicitando a la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional la investigación de la fuga de capitales argentinos hacia paraísos o guaridas fiscales. La denuncia quedó acollarada a una de las causas por las que se investiga a D. Héctor Magnetto, el CEO de “CLARÍN” y tramita por ante el Juzgado a cargo del Juez Luis Rodriguez. La causa está virtualmente paralizada y el cambio de titularidad de la Unidad de Investigación Financiera, es parte significativa de esa paralización o estancamiento investigativo.

Sabemos que conforme investigaciones de una prestigiosa ONG, “Tax and Justice Network”, la Argentina tiene el triste record de estar ranqueada en el octavo lugar en materia de fuga de capitales (CUATROCIENTOS VEINTE MIL MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES), y tercera si la escala se hace en función del número de habitantes; sin embargo, hasta la fecha, no se ha citado –siquiera- a declarar al Profesor Jorge Gaggero, representante en la Argentina de dicha ONG y reconocido experto.

Esta es otra razón más para denostar el acuerdo con los fondos buitres (holdouts). En efecto, en lugar de un costoso endeudamiento de fines imprevisibles, mucho más razonable sería legislar a modo que esos fondos sean repatriados a la Nación Argentina, que es donde se produjo esa inmensa riqueza…y si no lo hacen, pues que se les embarguen a sus titulares el equivalente a los capitales fugados. Hace ya dos años que entregué un proyecto de ley con esa finalidad, y que entiendo constitucional y convencionalmente consistente.

Pero está visto, una vez más y hasta el hartazgo, que el elenco de CEOS del capitalismo financiero internacional que hoy conducen la República, son mucho más fieles a esa pertenencia que a la defensa de los intereses del pueblo de la Nación Argentina.

Entonces, que sean llevados a juicio por la investigación del obrar antijurídico y, oportunamente, se active el juicio político tendiente a su enjuiciamiento y remoción (art. 59, C.N.). Así lo exige la salud institucional de la República.

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