expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> Del abandono de Camino Abierto: La Defensora retoma problema de salud mental y falta de presupuesto ~ Mensajero Digital

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jueves, 30 de julio de 2015

Del abandono de Camino Abierto: La Defensora retoma problema de salud mental y falta de presupuesto

Una realidad cada vez más desesperante

DEFENSORA
(Por Nadina Díaz) Cientos de personas con problemas mentales viven en las ciudades de nuestra provincia en estado de abandono, indefensión y desesperación. A su situación de marginación económica y social, se le suma el sufrimiento que provoca en los pacientes y sus familias, tener problemas psicológicos o psiquiátricos, con poca o nula atención.
Nos preguntamos cómo podemos decir que la Ley 2440 no sirve, si en 24 años de vigencia, el Estado no ha logrado implementar el artículo 10 del decreto reglamentario que estableció que el Consejo Provincial de Salud Pública tenía que gestionar las partidas presupuestarias para poner en funcionamiento lugares de rehabilitación y resocialización.

En una primera etapa estos espacios tenían que funcionar en las ciudades de El Bolsón, General Roca y Viedma. Y en una supuesta segunda etapa se habilitarían “en las localidades a determinar conforme a las necesidades regionales”.
A raíz del reclamo de varios padres de personas con diferentes grados de afecciones mentales graves, nuestro organismo se dirigió al Consejo Provincial de Salud Pública y al Ministerio de Salud de Río Negro, para que brinden información respecto de las instituciones privadas o públicas autorizadas a funcionar como ámbitos para pacientes mentales, entre otros puntos.
Ante nuestros requerimientos, el Ministerio confirmó la existencia de sólo dos clínicas de atención psiquiátrica: Valle Sereno, en General Roca y San Agustín, en Cipolletti.
Como integrantes de organismos e instituciones públicas estamos obligados a velar por el cumplimiento de los derechos. No podemos perder de vista la realidad de las familias que cargan día a día con personas con padecimientos de estas características.
Por eso, queremos compartir el testimonio de un matrimonio de la zona andina que acudió desesperado a la Defensoría del Pueblo.
La pareja tiene dos hijos con reacciones violentas, incontenibles para la familia. Luego de una larga y dolorosa historia, la Justicia ordenó que fueran internados. Pero la ausencia de espacios en Bariloche, obligó a su traslado hacia el valle, con el consiguiente desarraigo y desgaste.
“Estoy de acuerdo con la desmanicomialización, pero no en situaciones como ésta en la que está en riesgo la vida del enfermo, de su familia y de terceros. En tres oportunidades mi hijo me apretó el cuello para matarme, después sale a pedir monedas a la gente en la calle, les pega a los hermanos, porque por momentos los desconoce”, relató la madre con angustia en su nota manuscrita enviada al organismo que presido. La mujer termina pidiendo ayuda para lograr la internación de su hijo en otra provincia porque desde la institución que contiene a sus hijos le adelantaron que no podrán continuar en el lugar.
En este caso específico, sorprende la respuesta de los organismos del Estado. Hace algunas semanas atrás, pedimos una reunión informativa con la Dirección de Salud Mental de Río Negro para exponer esta situación pero la respuesta del área fue que no eran pacientes de salud mental y que correspondería la intervención del Consejo de Discapacidad. Curiosamente, al remitir las actuaciones a ese consejo, nos adelantaron verbalmente que el caso no era de su competencia.
Los antecedentes con los que contamos demuestran, en forma documentada, la inexistencia de centros, clínicas o dispositivos “alternativos” especializados, suficientes y adecuados, para la atención integral y la internación neuropsiquiátrica de los pacientes mentales que lo requieran.
La realidad que estamos viviendo nos indica que hemos perdido 24 años para aplicar y corregir la ley, dejando en estado de abandono a las personas y familias con padecimientos mentales. Con el agravante de que hoy, se suman los efectos alarmantes que generan el abuso de las drogas y el alcohol en la población.
En todos estos años, tampoco ha habido una preocupación notable en los ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestra provincia hasta que se comenzaron a ver los problemas de implementación de la Ley Nacional 26.657, aprobada por el Congreso de la Nación en el año 2010.
Si no pudimos poner en acción y corregir nuestra propia ley, que fue usada como antecedente y fuente de consulta para la federal, ¿cómo seremos capaces de aplicar la legislación nacional? En este sentido, debemos agregar que tampoco pueden desoírse las críticas que se realizan, desde distintos sectores, a la ley a la que se pretende dar adhesión plena.
Ahora bien, mientras discutimos en los recintos, la realidad que vive nuestra población es cada vez más desesperante.
Nadina Díaz, defensora del Pueblo de Río Negro

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