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domingo, 12 de julio de 2015

Condenados a vivir mal

Vecinos del barrio San Juan no serán desalojados pero no podrán acceder a servicios
Los vecinos del barrio San Juan protestaron en Tribunales en las {ultimas semanas
Foto archivo Emiliano Rodríguez

Vecinos del barrio San Juan no serán desalojados pero no podrán acceder a servicios

Así lo determinó el demorado fallo de la Justicia; los vecinos continuarán con diferentes formas de protestas pacíficas.
La Cámara Primera del Crimen, que había interrumpido el plazo para fallar con el objetivo de estudiar causas con idéntico objeto procesal, finalmente desestimó el sobreseimiento de 15 personas de la denominada toma San Juan que había dictado el ex juez de Instrucción Martín Lozada.


Sin embargo, la misma Cámara descartó la posibilidad de desalojar las tierras y remover las construcciones como habían solicitado los abogados de la querella. Pero se renovó la medida de no innovar y esto implica que los vecinos radicados en el lugar no podrán acceder a los servicios.
En la misma resolución que se conoció hoy se determinó efectuar una inspección ocular en el predio del barrio San Juan con confección de actas de constatación de las personas que lo habitan y construcciones efectuadas; también citar a prestar declaración indagatoria ampliada a dos personas imputadas.
Las familias que residen en la fallida urbanización –las tierras estaban destinadas a viviendas cuyo plan era comercializado por el ex dirigente de la UPCN, Juan Kopprio, actualmente detenido por estafas reiteradas- llevan adelante distintas protestas desde hace semanas esperando el fallo de la Cámara.

Los plazos se prolongaron y el dictamen finalmente llegó horas antes del inicio de la feria judicial. Sobre los 15 vecinos del asentamiento situado cerca de la avenida Las Victorias se renueva ahora el procesamiento por usurpación.

Lozada había fundamentado su decisión en que no logró determinarse la autoría de los responsables de la usurpación, tras la ocupación ocurrida el 27 de julio de 2012. Además, el entonces juez de Instrucción consideró que no hubo dolo porque la ocupación "se llevó adelante a partir de un negocio jurídico previo y frustrado, el cual les produjo un manifiesto perjuicio económico".

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