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viernes, 29 de mayo de 2015

Primer paso para expropiarle el aeropuerto a Lewis, después podríamos expropiarle el Lago Escondido

Buscan establecer por ley uso público de aeropuerto vinculado con Lewis
Pista de aterrizaje de aeropuerto de Sierra Grande
Foto www.aviacionargentina.net

Buscan establecer por ley uso público de aeropuerto vinculado con Lewis

Se trata de un proyecto presentado por legisladores del Frente para la Victoria que está referido al aeropuerto construido cerca de Sierra Grande.
En 2008, a unos 20 kilómetros de Sierra Grande, en una zona conocida como Puerto Lobos, sobre la costa atlántica de Río Negro, se construyó un aeropuerto. El campo donde está la pista de aterrizaje es propiedad de la sociedad Bahía Dorada SA, cuyo presidente es Nicolás Van Ditmar, apoderado del magnate inglés Joe Lewis.

Los legisladores César Miguel, Silvia Horne y Martín Doñate presentaron un proyecto de ley para "establecer el uso público" de dicho aeropuerto “para cualquier aeronave civil o militar de bandera argentina y civiles de países asociados a la Unasur".
En la iniciativa parlamentaria, se determina que “la Dirección General de Aeronáutica, dependiente del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de Río Negro, en forma conjunta y coordinada con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, deberá en el término de 60 días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley proceder a la reglamentación de la misma, dando la debida intervención  a la Fuerza Aérea Nacional y a la Administración Nacional de Aviación Civil”.
Según el legislador Miguel, se trata de un aeropuerto "de dimensiones similares al aeropuerto internacional de San Carlos de Bariloche" y está a menos de 1500 metros del mar. Se estima que el costo de la obra fue de 20 millones de dólares.
La pista es de aproximadamente 2000 metros de largo, con un ancho no inferior a 50 metros. De acuerdo con las consultas efectuadas por los legisladores que presentaron el proyecto, sería apta para el aterrizaje y despegue de jets tipo Boeing 737.
“Si bien no es objeto de este proyecto de ley abordar el tema Malvinas, bien sabida es la política nacional e internacional que el gobierno de Néstor Kirchner y actual gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner  ha efectuado en relación a la defensa de la soberanía y recuperación de manera pacífica de las islas Malvinas”, se señala en el proyecto en referencia a la ubicación estratégica del aeropuerto vinculado con Lewis.
Los autores de la propuesta indican que "conforme surge de varias declaraciones y noticias publicadas en sitios de la web pública, las instalaciones son utilizadas  por el señor Nicolás Van Ditmar, conocido por ser operador inmobiliario y apoderado del señor Joe Lewis, de nacionalidad británica". 
Y agregan que "son llamativas  las inusuales dimensiones de este aeropuerto, que soportaría aviones de hasta 40 o 50 toneladas de capacidad máxima, pudiendo operar tranquilamente un Boeing 737 o un Global Express y el inminente riesgo de que al aeropuerto podrían descender aeronaves civiles o militares de gran porte, sin si quiera ser alertados por los radares que posee la Fuerza Aérea Argentina".
En marzo de 2008,por pedido de legisladores rionegrinos, se elaboró un informe  producido por parte el Comandante de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier José Antonio Álvarez, en el que se detallan características, personas que realizaron trámites de autorización, categoría del aeropuerto y funcionalidad del mismo.
Según los legisladores que pretenden el uso público del aeropuerto, el Concejo de Ecología y Medio Ambiente de la provincia de Río Negro, en su carácter de autoridad ambiental, aprobó la declaración jurada ambiental presentada por el solicitante. "Ello demuestra la gran sensibilidad que tiene el tema puesto que el aeropuerto no sólo se encuentra ubicado en una zona de frontera, sino que además, en una zona declarada área protegida", afirman los autores del proyecto.
Conforme surge del informe de 2008,  no se habría concretado un adecuado estudio de impacto ambiental.
“En función de lo expuesto, es que consideramos necesario dar la debida intervención a la actual Secretaría de ambiente y Desarrollo sustentable a efectos de que, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley M 3266, intervenga en el trámite ya autorizado y analice si se cumplieron los recaudos pertinentes conforme lo establece la legislación vigente en la materia”, se manifiesta en los fundamentos del proyecto de ley.
Respecto de la ubicación del aeropuerto en una zona de frontera, se expresa que "a sabiendas que el titular de dominio del mismo es el apoderado de un ciudadano de nacionalidad inglesa, creemos conveniente que debe tenerse especial atención al funcionamiento del mismo toda vez que podrían ser omitidos los controles migratorios y aduaneros correspondientes. Recordemos que el aeropuerto está habilitado para la realización de dichos controles”. 
Miguel, junto con Doñate y Horne, fundamentan que “en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la pista aérea construida se encuentra ubicada en zona de frontera y su punto geográfico permite la salida a mar abierto, concretamente la posibilidad de unir el continente con las islas Malvinas; y su ubicación dentro de un área protegida – por tanto patrimonio de todas y todos los rionegrinos - es que se presenta el proyecto de ley en análisis, cuyo principal objetivo es que el aeropuerto privado descrito pueda ser utilizado con fines públicos, para cualquier aeronave civil o militar de bandera argentina y civiles de países asociados a la Unasur”.
El objetivo es  “insertar un manto de protección a ese espacio estratégico para la defensa de la soberanía nacional y provincial, quedando sujeto el funcionamiento del aeropuerto al concepto de interés  público”.
Es decir, "el funcionamiento del mismo debe necesariamente incluir la posibilidad de que sea utilizado en caso de emergencias y/o desastres naturales, de defensa de la soberanía  nacional y/o provincial y cualquier otra contingencia que ponga en serio peligro la integridad física y/o psíquica de los ciudadanos rionegrinos".
Y se aclara que "no pretendemos avanzar sobre el derecho de propiedad de los titulares de la tierra, sino que en base a un derecho colectivo superior como es la defensa de la soberanía nacional, proponemos que el funcionamiento del aeropuerto no se encuentre exclusivamente al servicio de intereses privados, sino que pueda ser utilizado y se encuentre, también, al servicio de los intereses nacionales y de los países asociados a la Unasur, todo ello en función de la ubicación estratégica que posee".

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