expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> Durísimo documento de la Pastoral Penitenciaria entregado hoy a Baltazar Garzón, Remo Carlotto y Nestor Busso ~ Rafita presente!

pino

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miércoles, 21 de agosto de 2013

Durísimo documento de la Pastoral Penitenciaria entregado hoy a Baltazar Garzón, Remo Carlotto y Nestor Busso


LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PENAL DE BARILOCHE, según la Pastoral Penitenciaria.

Hablamos de lo que vemos y oímos. Somos TESTIGOS a veces solos, y a veces con otras organizaciones. Unos están en el “territorio”, nosotros hablamos desde el acompañamiento sin horario ni sueldo. Traemos el dolor de los que acompañamos y la angustia de sus familias que están carceladas pero afuera. Nuestra última declaración pública advierte sobre una larga lista de promesas incumplidas por el gobierno provincial hacia este penal que es el “peor de la provincia”. Decíamos que se “violan derechos”.
El derecho a la EDUCACION:

El 90% de los carcelados son jóvenes pobres reincidentes. Algunos terminan su escuela primaria, si bien no poseen el área artística y deportiva. El nivel secundario no existe, a pesar de planes que se quisieron implementar en esta última gestión y que nunca llegaron a buen término. Se dan algunas materias (inglés, literatura, geografía) en forma trimestral. Cuando el alumno es trasladado no hay conexión con los otros penales provinciales. Así no se prioriza la educación como herramienta de socialización. No existe una biblioteca ni espacio físico para ello. Carece la provincia de una política educativa hacia las personas de encierro, bajo la tutela del Estado. Se necesita un programa provincia de ALFABETIZACION en contexto de encierro. Los docentes deben estar capacitados con este tipo de población.

El derecho a la SALUD.

La mayoría de la población carcelaria tiene un consumo problemático de sustancias. De acuerdo a la ley provincial su tratamiento pertenece al área de salud mental. En el hospital zonal de la ciudad, dicha área es la más desprotegida. En el penal no hay tratamiento sobre las adicciones ni prevención máxime en jóvenes que permanecen entre 8 a 15 años detenidos. Son discriminados los presos en su aspecto sanitario. La salud se trata con pastillas. Muchas veces hemos aportado medicamentos para tratamientos prolongados porque el penal carece de los mismos y el Hospital no se los provee. Los médicos designados no cumplen con los horarios establecidos, tan solo algunas horas por días. No hay ninguna articulación con la política de salud de la ciudad ni provincial.

El derecho al HABITAT.

La situación edilicia del penal es lamentable y denigrante para la persona. No es digna. Baños sin puertas, cloacas que se saturan expulsando el agua servida en sus celdas, cucarachas, roedores, excremento de palomas, goteras inmensas, instalaciones eléctricas inapropiadas que ponen en peligro la vida. La emergencia del Servicio Penitenciario, que dispuso el gobernador en el 2012 por el término de un año, destinaba 29,5 millones de pesos para hacer “frente a las necesidades urgentes del sistema como reparaciones en cárceles, y mejoras edilicias”. Hasta la fecha NADA se ha realizado en este penal.

El derecho a la JUSTICIA.

El Poder judicial arrastra un déficit de magistrados y funcionario que impide a los que están en funciones ir a fondo del problema de las cárceles. La deuda principal es que en toda la provincia hay un solo juez de Ejecución Penal, radicado en Roca, en quien recae el control de las condiciones de detención de más de 500 personas. En dos años lo hemos visto una sola vez. No existe una real separación en pabellones entre los presos procesados y los condenados. No hay un tratamiento diferenciado. Los beneficios quedan a juicio del personal de turno, aunque últimamente comenzó a funcionar de manera más ordenada el gabinete criminológico. Bariloche es la ciudad rionegrina de mayor población con el 40% de pobres estructurales. Los pobres no pueden pagar abogados particulares, y los oficiales están colapsados. No puede ser que ante el menor delito se lo prive de la libertad. Debe haber otras medidas punitivas de resolución frente al conflicto con la ley penal. Los acosos de la Brigada de Investigaciones y los seguimientos, denunciados ante la Justicia son muy difíciles de probar, y quedan impunes.

El derecho a la RESOCIALIZACION.

Cuando cumple su condena el joven es expulsado, tirado a una sociedad, ajena a la problemática del encierro, sin ningún tipo de acompañamiento ni económico, ni psicológico. El IAPL (Instituto de Atención a Presos y Liberados) está ausente. Esta Pastoral, en el 2012, acompañada por otras organizaciones pudo con mucho esfuerzo y el ministro Ballaza implementar talleres con becas para la contención y capacitación de estos jóvenes que salían sin nada tras varios años de encierro y con familia para sostener. Con el Grupo Encuentro (panadería) Colectivo Al Margen (carpintería) Parroquia San Cayetano (albañilería) se pudo sostener, hasta que cambió el ministro y el IAPL, a nivel provincial, que se había comprometido a mantener esta iniciativa y extenderla a otros presos, NO CUMPLIO, provocando un descreimiento y mas resentimiento de los jóvenes hacia todas las autoridades. El IAPL no da pasajes, tarjetas telefónicas, no sostiene a las familias. Colaboramos muchas veces dando hospedaje a familiares y a los presos mismos en sus salidas transitorias. ¿Cómo se va a reintegrar si “hace huevo” todo el día? ¿Cómo se va a capacitar si no existen talleres laborables? ¿Con qué dinero va a afrontar sus necesidades al salir si no se le pagó por su trabajo internamente (destape de cloacas, elaboración de comidas, mantenimiento en general? ¿Cómo va a conseguir un empleo si están continuamente discriminados y el cartelito de preso no lo descuelgan nunca más? ¿Cuándo termina de pagar con la sociedad, si las brigadas de investigaciones continuamente los acosan, controla o pide favores para permanecer en libertad? Es el Estado el que debe fortalecer, sostener y acompañar al preso para que no vuelva a reincidir.

El derecho de los PENITENCIARIOS.

Las condiciones laborales de los que allí trabajan son deplorables, con baños inhabilitados, cabinas sin calefacción ni escaleras para subir a las torres de control. El personal penitenciario no se siente respaldado por las autoridades competentes y asume roles que no corresponden con su función. La asistencia psicológica necesaria por el trabajo realizado no existe ni se permite. Los que ahí trabajan conviven diariamente con la violencia y el estrés laboral. Esta violencia es muchas veces trasladada a su familia y negada institucionalmente. Su equipamiento no es acorde con las tareas asignadas. En expresiones del gobernador “existe falta de apoyo al personal”. El servicio penitenciario no está profesionalizado. Convive personal del servicio penitenciario con policías, que no está capacitado a nivel general para el trabajo penitenciario. Además el que lo detiene, lo cuida. Disminuyeron los golpes a los internos porque actuamos como testigos junto al Observatorio de derechos humanos, y cuando alguien ve, otro se frena, pero persisten otras prácticas de represión e intimidación más leves. Los cambios continuos del personal y los directivos no permiten tener una política coherente y sostenida en el tiempo. No existen los interlocutores válidos. Se intenta democratizar la justicia pero no se democratiza la policía y el SPP.

CONSIDERACIONES FINALES.
Bariloche es la ciudad más grande de Río Negro con 112.887 habitantes (Roca tiene 90.647, Cipoletti 87.492 y Viedma 53.618) y la mas olvidada. La misma situación atraviesa su penal. Los presos integran la “cultura de lo descartable”. Pero son rescilentes anónimos. Por el daño que han hecho a la sociedad ya han sido condenados, y, como pueden, sobreviven en un penal devastado. Pero son personas que merecen vivir en condiciones dignas. Hoy no las tienen. Seguimos esperanzados. Los del Poder Judicial y el personal del penal conocen de nuestra tarea diaria. Al comentario que entran por una puerta y salen por la otra, hay que decir que no es gratuito el paso. El deterioro personal, físico y psicológico, que se experimenta adentro, es un daño que permanece toda la vida. Que el mirar la realidad nos ayude a cambiarla y a no seguir mirando para otro lado. Es el Estado realmente y no solo con declaraciones el que tiene que implementar esos cambios. No se necesita seguir haciendo maquillajes ni trasladar los problemas de una penal a otro sino atacar a las causas profundas. Los presos son ciudadanos de Bariloche y el Estado en sus niveles municipales, provinciales y nacionales le debe garantizar, respetar y defender sus derechos y no violarlos.
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Referentes. Carlos Morena: carlosamorena@yahoo.com.ar y Cristina Martín cristinaebeliamartin@yahoo.com.ar

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