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pino

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sábado, 23 de marzo de 2013

A 37 años del golpe de estado - 30 años de justicia a cuentagotas.

A 37 años del golpe de estado
30 años de justicia a cuentagotas.
A 37 años del golpe genocida reivindicamos la lucha de los 30 mil detenidos-desaparecidos que dieron su vida por una sociedad justa e igualitaria, convencidos de que el cambio revolucionario era posible, ellos son nuestro ejemplo, de entrega, amor y compromiso.
Este 24 de marzo nos encuentra en una coyuntura compleja, a  10 años de anuladas las leyes de impunidad, gracias a la lucha de todo de todo el pueblo, periodo de tiempo que abarca los mandatos de kirchner y cristina Fernández de kirchner, que a nuestro entender no han avanzado en la resolución de las cuestiones de fondo referidas a la impunidad de ayer y de hoy en los crímenes producidos por las fuerzas represivas del estado, léase fuerzas armadas, gendarmería, prefecturas y el conjunto de las policías tanto federales como provinciales.
La política de juicio y castigo solo ha posibilitado que 360 represores participes del genocidio provocado por el terrorismo de estado, durante la última dictadura cívico-militar, sean condenados en 7 años de juicios y que solo una quinta parte de los niños apropiados en esos años recuperen su verdadera identidad.
A poco de cumplirse 30 años de finalizada la dictadura, las libertades democráticas siguen siendo avasalladas por los sucesivos gobiernos constitucionales y en estas 3 décadas se registraron mas de 3800 casos de gatillo fácil, mas de 200 casos de personas desaparecidas por razones políticas y sociales y mas de 80 personas asesinadas en represiones abiertas a manifestaciones populares.
El ajuste producto de la crisis económica aumenta la conflictividad social, que a su vez acentúa la criminalización de la protesta y la judicialización de los conflictos. Así lo prueban los mas de 5000 compañeros procesados por luchar y la reciente confirmación del espionaje que gendarmería despliega sobre las organizaciones del campo popular para armarles causas por reclamar sus derechos.
Datos de los juicios en todo el pais.
A 37 años del golpe de estado solo se efectivizo 89 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos juicios estuvieron procesados solo 474 imputados (algunos en varias causas) de los cuales 360 recibieron 427 condenas, 42 fueron absueltos y 4 murieron gozando de su impunidad, por un total de 2151 victimas.
Comparado con la década del 80 la cantidad de condenados actual es 11 veces superior en la mitad de tiempo, pero si tenemos en cuenta que hubo 600 centros clandestinos de detención y tortura en todo el país durante la dictadura, los 360 condenados siguen representando, a 10 años de anuladas las leyes, menos de un represor condenado por CCD. Esto para nosotros es tener una justicia más simbólica que real, ya que no se refleja la dimensión del genocidio provocado por el terrorismo de estado.
Pero además esta situación de impunidad para la gran mayoría de los represores cómplices y beneficiarios económicos demuestra que en una década se perdió gran parte de la posibilidad de hacer justicia, ya que si comparamos los datos de represores condenados con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, la balanza sigue equilibrada en la impunidad, son 320 genocidas muertos impunes contra 360 condenados.
Por eso ese 19 %  de condenados sobre la cantidad de procesados es menos auspicioso que los datos defendidos como avances desde los sectores oficiales y sus medios de comunicación. Consideramos que esta en curso una maniobra para destacar en supuesto “salto cualitativo en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad” que alumbraría una nueva etapa de “mega juicios”. Contra esa afirmación habría que recordar que 17 de los 24 juicios del 2012 tuvieron entre 1 y 5 imputados y solo 6 de ellos juzgaron a 10 o más represores, es decir que hubo 3 veces más “mini-juicios” que “mega-juicios”. Pero como sabemos en la era de la comunicación la verdad es siempre una construcción. Y si analizamos la cantidad de absoluciones sobre condenas, veremos que en el año 2012 fue mayor la cantidad de condenas ya que tuvo 127, pero también fue el año con mayor cantidad de absoluciones (18) y 3 muertos impunes en juicios.
Protección de testigos.
6 años y medio de impunidad, silencio oficial y estancamiento de la investigación en la segunda desaparición forzada de López, y 4 años de impunidad e intencionado desvió de la causa hacia la teoría de un homicidio común en ocasión de robo en el caso de Silvia Suppo, son solo dos ejemplos de las condiciones en que los sobrevivientes y familiares se ven obligados a participar de los juicios y una muestra de que la protección a los testigos es solo una manifestación de buena voluntad de parte del estado, mientras se sostiene la misma estructura corrupta y asesina en sus fuerzas de seguridad.
Más aún cuando sabemos que hay más de 60 represores prófugos, que casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, que les permite pasearse tranquilos aunque estén condenados, como el partero de la ESMA ,  Héctor Magnacco, o planificar cualquier estrategia de desquite si las causas avanzan.
Restitución de identidad a hijos de desaparecidos.
En estos años el recorrido de la política de restitución de la identidad de los hijos de desaparecidos apropiados nos presento un camino sinuoso y paradójico. Si bien hubo 108 restituciones de identidad desde el retorno de la democracia y 55 militares, policías, médicos y civiles condenados específicamente por el delito de supresión de identidad, retención y ocultamiento de los menores, todavía queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la iglesia católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal, como Jorge Bergoglio, Emilio Graselli y tantos otros que eran agentes de inteligencia de los represores sobre los familiares que buscaban a sus hijas y a sus nietos.
Continua irresuelta la responsabilidad de la mayoría de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños, porque está claro que la apropiación de menores no solo se puede investigar por denuncia de particulares sino también examinando las huellas de ese delito en los registros de las secretarias de niñez, registros civiles, hospitales, clínicas y cementerios.
Por otro lado el camino de aquellos jóvenes que llegan a realizarse las pruebas científicas para determinar su identidad, están ante el paradójico hecho de la construcción de nuevas victimas de violaciones a los derechos humanos, ya que cuando el análisis genético arroja resultado negativo, previsible, debido a que las muestra obrantes en el banco nacional de datos genéticos (BNDG) es de solo 200 patrones familiares, la mayoría de los jueces terminan archivando el caso y no continúan con la busca de la identidad.
Hay tareas de políticas de estado en este tema que continúan pendientes, como la falta de un cruce informativo entre los dos bancos existentes con datos genéticos uno el equipo argentino de antropología forense EAAF y el BNDG; uno con información de los restos de desaparecidos identificados y los familiares que aun buscan los restos de sus familiares desaparecidos obviamente mucho mas numerosos que las muestras del banco nacional
A esta altura ya no es un impedimento técnico la implementación de un sistema informático especializado en crímenes de lesa humanidad, que vincule entre si los hechos, las pruebas, los imputados, los procesados, las victimas identificadas y las no identificadas.
La impunidad de hoy.
En estos 10 años venimos denunciando la continuidad de la práctica del gatillo fácil y la desaparición de personas por acción de las fuerzas represivas del estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos y sus condiciones.
Los casos de Andrés Núñez en 1990, miguel Bru en 1993, Jorge Julio López en 2006 y Luciano Arruga en 2009 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y  Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.
Pero para entender esto hay que insistir en que estos no son casos aislados, ni “excesos” :así lo prueban los mas de 3800 asesinados por el gatillo fácil y las mas de 200 personas desaparecidas durante casi 30 años desde que concluyo la dictadura. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.
Criminalización de la protesta social.
La criminalización de las luchas de nuestros pueblos originarios por sus tierras, y de los sectores que resisten a la economía saqueadora y destructora de nuestros bienes naturales es símbolo del modelo de exclusión y privilegios que representa el actual gobierno.
A 10 años de la Asunción de Néstor Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión, y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de estado, tercerizando muchas veces la represión, como en el asesinato de Mariano Ferreyra en manos de patotas sindicales.  La criminalización  de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimiento de las mayorías populares. Denunciamos por eso que el gobierno nacional sostiene un doble discurso, por un lado la reivindicación de los derechos humanos, alentando la condena de los crímenes cometidos durante la dictadura militar y al mismo tiempo viola sistemáticamente los DDHH actuales, utilizando las herramientas represivas del estado para judicializar  la protesta social y la criminalizar la pobreza. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.
En los últimos años existe una tendencia a gravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando conquistas como el derecho a la huelga y la movilización popular.
Ley antiterrorista, proyecto X y militarización de los barrios pobres.
Los gobiernos constitucionales post dictadura han perfeccionado la selectividad del aparato represivo, haciendo uso de diferentes herramientas como la “ley anti-terrorista” reformada en 2011, por la que cualquier militante o activista puede ser acusado de terrorista por participar de medidas de lucha reclamando trabajo digno, salud, vivienda, educación, etc. O bien con la militarización de los barrios pobres de las grandes ciudades, mediante los operativos de la misma gendarmería que debió renovar su cúpula tras el escándalo que significo el proyecto X de espionaje sobre las organizaciones populares en lucha, y que terminan sumándose a las tareas de persecución, amedrentamiento  y a participar de todos los grandes negociados que ya controlan la policías provinciales.
Sistema penitenciario y sistema judicial.
Mientras esto sucede en las calles argentinas, en los depositarios de muertos vivos llamadas cárceles,  más del 80 % de lo detenidos por delitos sociales son en su mayoría pobres y excluidos, que se hallan sin sentencia firme, sufriendo torturas y traslados constantes, viviendo en condiciones infrahumanas y siendo ejemplo de la falacia del discurso de reinserción social. El servicio penitenciario tanto nacional como los provinciales siguen siendo salvo alguna excepción fiel reflejo de la dictadura militar y donde la vida del detenido no vale nada.
Esta es la verdadera “justicia” que reina en nuestro país, la que se supone que debe ser de orden igualitario para todos los hombres y mujeres del territorio, pero no es más que una justicia recortada, severa para los pobres y complaciente para los poderosos de siempre.
Políticas de memoria y función de los organismos de Derechos Humanos hoy.
Por todo esto, para arrancar al movimiento de Derechos Humanos de su crisis, hay que retomar las tareas que lo erigieron como un actor independiente y critico del estado violador de derechos. Entre ellas la continuidad de la lucha por el Juicio y Castigo a todos los genocidas, pero también la denuncia de las violaciones de los DDHH hoy, peleando contra la criminalización de la pobreza y la judicialización  de la protesta,  apoyando a todas las luchas de los trabajadores.
Es necesario desenmascarar a los funcionarios que intentan imponer una versión pasteurizada de la lucha de los compañeros de ayer y de los desafíos de hoy, con una defensa acrítica de la justicia a cuentagotas, los cuales omiten la represión actual, y construyen una memoria meramente simbólica.
Si recuperamos nuestras verdaderas tareas volveremos a golpear donde más duele: señalando hasta el hartazgo, que el Estado capitalista fue y es el único violador universal de los Derechos Humanos. Por eso hoy retomamos las banderas de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y reivindicamos con toda nuestra fuerza su lucha, que hoy es la nuestra!
-JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS
-RESTITUCIÓN DE LOS JÓVENES APROPIADOS
-APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ Y LUCIANO ARRUGA
-NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
-BASTA DE ESPIONAJE A LOS LUCHADORES POPULARES
HIJOS EN LUCHA: HIJOS LA PLATA- H.I.J.O.S ALTO VALLE- H.I.J.O.S BARILOCHE- H.I.J.O.S ZONA OESTE

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