expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'> Rafita presente!

pino

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martes, 11 de diciembre de 2018

Sigue el vaciamiento en el trabajo con adicciones

En dos años nada cambió para bien, todo siguió empeorando.

Nota de Noviembre de 2016:
El vaciamiento de la SEDRONAR, los paradigmas en discusión, y la promesa de Weretilneck




“Si quieren liquidar este proyecto van a tener que echar a 1200 personas!”, bramó en Marzo del 2015 en un salón de eventos de Bariloche el sacerdote salesiano Juan Carlos Molina, en ese momento Titular de la SEDRONAR, se desarrollaba el tercer encuentro de Directores de dispositivos de SEDRONAR, del proyecto que había comenzado un año antes en el que se ponía a los pibes y pibas como “sujetos de derecho”, y a las adicciones como un problema de “salud social”. Un rato después nos reuníamos con la intendenta Martini en su despacho y se acordaba el inminente comienzo de la construcción de la Casa Educativa Terapéutica de Bariloche, un edificio de 1200m2 con todas las ofertas de atención, asistencia, deporte, recreación, arte, y educación para los pibes y pibas desechados por el sistema, se hablaba también de la apertura de 2 CEPLAs más (además del que ya funcionaba en un edificio municipal) los PECs que se ponían en marcha y del también próximo inicio del Programa PAIS en el espacio cedido por Parques Nacionales, que daba una vuelta de tuerca al trabajo con jóvenes de barrios vulnerados sin inserción en el sistema educativo y/o laboral. Esos eran los tiempos que se vivían hace un año y medio, el Estado haciéndose cargo, dando la cara, abriendo dispositivos con un domicilio real, con empleados (precarizados desde el principio), proyectando y ejecutando obras para esos pibes y pibas que no figuran en los presupuestos estatales, sino a través de planes sin contraprestación ni trabajo social en los mejores casos, o en partidas para comprar balas, chalecos o “campañas de seguridad” en los peores, esas que siempre causan muertos.
Hay 3 paradigmas en puja en el complejo tema de las adicciones
El más antiguo, brutal y reaccionario, que define una línea entre sustancias lícitas e ilícitas, sin aceptar discutir científicamente el porqué de esa frontera, las primeras son un negocio multimillonario para muchas empresas multinacionales, tabaco, alcohol, remedios, etc.; las segundas son un negocio multimillonario para muchas asociaciones de narcotraficantes con empresarios, jueces, policías, y políticos. La persona que consume sustancias ilícitas dentro de este paradigma es considerada un delincuente adicto, un criminal drogadicto, etc., y debe ser reprimido, criminalizado, judicializado, encarcelado. Este paradigma fue creado en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado, en él se determinó ese título nefasto de “guerra a las drogas” que todavía se escucha, guerra que desde que empezó no hace más que producir muertos de un lado y ricos del otros.
El segundo paradigma es el “médico hegemónico”, el adicto es un enfermo y hay que curarlo, y entonces los que tienen capacidad para hacerlo son los que tienen un título en medicina, al adicto hay que tratarlo, internarlo, medicarlo, analizarlo, etc., todos los procesos que se desarrollan en el mundo de la medicina académica. Desde lo institucional las adicciones son abordadas dentro de la Ley de Salud Mental, y desde ahí se las encara. Ciertamente este segundo paradigma, el más extendido en la actualidad representa un avance al de la represión y la criminalización. Ciertamente hay personas que desarrollan una patología de adicción a alguna sustancia, su organismo y su psiquis necesitan ser tratadas por un profesional médico, muchas veces con internaciones, drogas compensadoras, terapias, etc. El problema es que desde el punto de vista médico solo el 2% de las personas pueden ser consideradas adictas, mientras un 40% de la población consume indebidamente alguna sustancia psicoactiva. Por eso el segundo paradigma fracasa rotundamente cuando se lo considera la forma general de encarar el problema.
El tercer paradigma es el que puso en marcha la SEDRONAR en el 2014, el de la salud social. En este paradigma se pone el ojo en las personas como sujetos de derecho, se busca asegurar esos derechos porque indefectiblemente hay una cadena de acontecimientos que terminan en un pibe consumiendo alcohol, pastillas o cocaína en un rincón oscuro de un barrio vulnerado. Si no se modifica esa cadena de acontecimientos como generadora de ese triste final cualquier batalla está perdida desde el principio. El primer acto, el movimiento inicial, el cimiento de una Política de Estado encarada desde esta perspectiva es el Estado haciéndose cargo directamente, por eso los dispositivos de SEDRONAR que daban “un lugar” a los pibes que hasta ese momento solo podían situarse en la calle, y después la cárcel. El patio y el oratorio salesiano signaron el formato de esos dispositivos, Don Bosco se enfrentaba hace 150 años con los que lo rodeaban y su forma de pensar, y abría las puertas de las iglesias y conventos, hasta ese momento solo habilitadas para la “gente decente”, a los pibes de la calle, a los ni-ni, a los faloperos, a los pibes chorros, de esa época, les habría las puertas y el corazón (“educar es cosa del corazón” diría después) los invitaba a jugar, estudiar, cantar,… y demostraba que no hay ninguna posibilidad de cambio en personas lastimadas si no se construye un vínculo afectivo, y no se lucha en serio por cambiar las condiciones que lastiman.
Para todo esto el Estado debe invertir en serio, la “guerra contra las drogas” debería cambiarse por una “guerra contra la soledad y el abandono” en que quedan muchos pibes, de todas las clases sociales, también sería buena una “guerra contra el individualismo, el egoísmo, y placer inmediato sin compromiso” y sobre todo una “guerra contra la desigualdad y la sociedad de consumo” madres de todas estas problemáticas, no solo en las capas populares, también de las clases medias y altas.
“Si quieren liquidar este proyecto van a tener que echar a 1200 personas!”, desafió Molina, y allí fueron los protagonistas del cambio, echaron a la mayoría de las 1200, no les costó mucho, precariedad, desprolijidades y errores del proyecto lo favorecieron, en menos de 10 meses quedaron 6 empleados de 60 y 1 dispositivo de 6 que había. Hoy se habla de “Encuadre Socio Comunitario” con el agradable argumento de tejer una red de organizaciones e instituciones que atienda la problemática, el Estado se corre y deja de hacerse cargo directamente, terceriza y se queda en la cómoda posición de coordinar, guiar, capacitar,… sin contacto directo con los pibes, es como si no hubiera hospitales públicos y el Estado argumentara que su responsabilidad en la salud de la población la cumple coordinando a las clínicas privadas o mutuales, o si no hubiera escuela pública y se coordinara a las privadas. Las organizaciones sociales sostienen acciones paliativas que cumplen una función esencial y siempre mal reconocida, pero solo el Estado puede y debe asumir integralmente el problema.
Se ha retrocedido mucho en el último año, Bariloche necesita urgentemente políticas activas reales, con acciones que involucren a los jóvenes que las necesitan, es imperioso dejar el Power Point y caminar el barrio, conocer a los pibes y pibas, compartir la mayor cantidad posible de horas con ellos, generar espacios reales para actividades reales que a través de la capacitación, el trabajo, la recreación, el arte, y el estudio, les cambie el centro de gravedad de sus dinámicas diarias, siempre con el amor como condición inicial.
Anotarlos para que cobren un plan en un listado de un CAAT no es la solución, apenas un paliativo. También es necesario luchar contra la venta descontrolada de alcohol y psicofármacos, las publicidades que invitan al descontrol, las condiciones que destruyen la estructura familiar y los dejan sin referentes.
El gobierno de Río Negro por decisión del gobernador Weretilneck creó recientemente la Agencia para la Prevención y Asistencia de Adicciones, según anuncian llegarán la semana próxima a la ciudad, es muy positivo que aparezca otra vez el Estado, ahora provincial, siendo que el Nacional se vació. Ojalá puedan rápidamente dar una respuesta real a los jóvenes que lo necesitan, son muchos, no se puede tardar, muchas vidas dependen de ello.


Fernando Fernández Herrero
Docente
Ex Director CET-PAIS SEDRONAR Bariloche




En la Imagen: Festival Inauguración de actividades de Sedronar en Bariloche - CET

La Universidad de Río Negro de Del Bello,...Como en la dictadura

La Gendarmería en Río Negro
Violento desalojo



Un operativo de Gendarmería con cincuenta efectivos, un camión hidrante, un dron y quince móviles desalojó el vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en General Roca, y detuvo ayer a la mañana a ocho estudiantes que mantenían una toma desde hace noventa días, además de al menos a otras tres personas que se manifestaban en la zona. Por la tarde, los detenidos ya habían sido liberados, tras declarar ante la Justicia, en el marco de una causa por usurpación abierta a partir de una denuncia de las autoridades universitarias. Organismos de derechos humanos y gremios repudiaron la represión.

El desalojo del edificio conocido como “La Casona” terminó con la protesta iniciada el 14 de septiembre pasado, cuando un grupo de estudiantes y dos docentes tomaron la sede en contra de los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno y en reclamo de mejoras salariales, en el marco de medidas similares realizadas en todo el país, la mayoría de las cuales se levantaron tras el acuerdo paritario de los profesores. En el caso de la UNRN, la continuidad de la protesta se basó en algunos reclamos locales y, luego, en rechazo a la denuncia por usurpación presentada por las autoridades de la universidad, encabezadas por el rector Juan Carlos Del Bello. El rectorado de la UNRN y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron una solución pacífica al conflicto y el desalojo voluntario. Pero no hubo acuerdo entre las partes. Finalmente, el juez federal de General Roca, Hugo Greca, procesó a las dos docentes que participaban de la medida y a comienzos de noviembre ordenó el desalojo de la sede, que se concretó ayer.

El operativo de Gendarmería cortó los accesos a la zona y detuvo a siete mujeres y un varón que participaban de la toma. Según denunció la Correpi, también detuvieron al abogado Fernando Larrubia, quien se había acercado para asistir a los manifestantes. Además, denunciaron que resultaron heridos varios manifestantes que se acercaron al lugar. “Esto muestra una vez más la impunidad de la avanzada represiva contra los sectores que se organizan contra las medidas de ajuste de los gobiernos provinciales, funcionales al gobierno nacional”, denunció la Correpi. También la CTA Autónoma repudió la represión.

Las autoridades de la universidad adelantaron que se pronunciarán ante lo sucedido en las próximas horas, una vez que cuenten con toda la información sobre los últimos hechos. Extraoficialmente, lamentaron que los manifestantes no levantaran la toma en forma voluntaria y aseguraron haberles ofrecido retirar la denuncia y detener los sumarios internos si lo hacían. Rechazaron la represión e insistieron en que “la toma no fue pacífica, hubo escraches, maltratos y daños materiales que a la universidad le costarán 1 millón de pesos”.

Cada vez más drogas, cada vez más alcohol descontrolado,... para todas las clases sociales

Autoridades y empresarios en alerta por venta de droga a egresados


El sector privado señala que no se hace nada y que está en crecimiento la oferta. Gennuso lo negó y dijo que trasladaron la preocupación a Bullrich.

El intendente Gustavo Gennuso dijo que desde el municipio siguen de cerca la situación generada por la oferta al menudeo en la vía pública de alcohol e incluso de marihuana y que comparten la preocupación transmitida por el empresariado turístico.

Según el intendente, durante la última visita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -en octubre pasado-, le transmitieron detalles de esa situación y aportaron información específica “que luego derivó en distintas actuaciones de Gendarmería”.

La inquietud había sido manifestada días atrás por el presidente de la Cámara de Turismo provincial, Néstor Denoya, a propósito el crecimiento de la oferta de “promotores” en la calle Mitre que -según afirmó- está dirigida especialmente a los estudiantes que llegan en viaje de egresados.

Según Denoya, la situación en relación a ese tema “es cada vez peor”. Dijo que lo habían expuesto en reuniones con “distintas autoridades”, sin mayor resultado. Señaló que la venta tiene base en locales discretos ubicados en el fondo de algunas galerías.

Gennuso negó que haya existido un incremento. A su juicio, “se mantuvo igual en los últimos 3 ó 4 años”. Dijo que en relación con la oferta de drogas Bullrich escuchó el planteo y le pidió “datos”, que el municipio aportó para facilitar las actuaciones.

En relación a la venta de alcohol a menores, cuya fiscalización corresponde al municipio, el intendente aseguró que realizaron varios controles de “punto fijo”, lo cual derivó “en el cierre de algunos locales”, que decidieron dejar la actividad.

Señaló que se trata de una realidad preocupante, “no sólo por los estudiantes, sino por el turismo en general”.

Denoya insistió en que no hay una respuesta acorde de parte de las autoridades y denunció que la modalidad que emplean los vendedores es ofrecer en la calle sin demasiado disimulo el alcohol o las drogas y a los interesados los llevan a los locales para concretar el negocio.
DeBariloche

lunes, 10 de diciembre de 2018

Desenmascaran a gendarme infiltrado en marchas y como castigo procesan por un graffiti,...Moldes se supera

Asi estamos en la Patagonia. Inteligencia de Gendarmería, represión en la UNRN, Rafa Nahuel, persecusión a mapuches....



Causa armada contra Carolina Alac en Bariloche
INJUSTO Y DESPROPORCIONADO PROCESAMIENTO FEDERAL CONTRA UNA DE NOSOTR@S

La intervención directa del escuadrón Bariloche en el espionaje a la protesta en favor de la demanda mapuche y la existencia de una dependencia oculta de inteligencia quedó al descubierto durante una movilización el año pasado. Esa es la razón de fondo del desproporcionado castigo del estado nacional contra nuestra compañera Carolina Alac, quien acaba de ser procesada por el juez federal Leónidas Moldes por el presunto delito de daño por una pintada anónima de repudio por el crimen de Santiago Maldonado.


José Luis Costamagna, segundo comandante de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional con asiento en Bariloche, personalmente hizo tareas de inteligencia durante al menos tres marchas realizadas el año pasado en la ciudad en solidaridad al justo reclamo de la Lof en Resistencia Cushamen y la liberación de presos políticos federales, entre otros puntos. El 19 de octubre del año pasado, durante una movilización de repudio a la aparición de un cuerpo sin vida en el río Alto Chubut, se realizó una pintada en las paredes exteriores de un edificio ubicado en Reconquista 96 que el expediente judicial confirmó se trata de la unidad de inteligencia.

Costamagna fue identificado y denunciado por el espionaje, lo que motivó la persecución contra nuestra compañera que esta semana fue procesada por el delito de daño. Moldes dispuso además un embargo en su contra, corroborando que el juzgado federal de Bariloche se convirtió en una maquinaria fundamental de armado de causas penales contra el activismo social y político en la zona andina.

A la vez, el expediente penal contra Carolina prueba la desproporcionalidad del uso de los recursos del estado para perseguir un presunto delito menor y el andamiaje combinado de las fuerzas federales. Cuatro efectivos de la Prefectura Naval hicieron espionaje contra Carolina bajo la excusa de recabar prueba de su presunta participación en la pintada, hecho denunciado por el propio Costamagna que ahora no cumple funciones en Bariloche ya que su identificación pública no es la más apropiada para seguir haciendo de espía.
Este expediente prueba la asociación de la justicia federal, la Gendarmería y la Prefectura, la misma que no avanza contra los asesinos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

• rechazamos y repudiamos el procesamiento de Carolina Alac por su presunta participación en ningún delito
• rechazamos cualquier cercenamiento a la libertad de expresión, incluída una pintada
• rechazamos el espionaje a la sociedad civil en democracia
• repudiamos el uso de la justicia federal para legitimar el espionaje por parte de fuerzas federales
• repudiamos la persecución sistemática a los luchadores de base desde el juzgado federal de Bariloche simbolizados por la fiscal Sylvia Little y el juez Leónidas Moldes

Multisectorial contra la impunidad y la represión de Bariloche, 10 de diciembre de 2018.

sábado, 8 de diciembre de 2018

Teminan las clases, comienza el hambre

Con el final de clases, cierran 32 comedores en Bariloche

Hay miles de chicos que almuerzan de lunes a viernes en las escuelas. Y para algunos es la única comida del día. La situación social en los barrios con menos recursos de la ciudad es complicada y el desempleo golpea a los padres.


LORENA RONCAROLO


Los docentes observan que la crisis golpea más a los que menos tienen.

Los merenderos se preparan para recibir más chicos a partir de la semana que viene.

La solidaridad es clave para mantener comedores comunitarios.

“A veces, los mismos nenes en el aula nos dicen: ‘hace como tres días que no como”, admite Flavia Ciccone, vicedirectora de la escuela 343 del barrio Unión.

Cientos, miles de familias sin trabajo que rasguñan ayuda de donde pueden. Algunos buscan suerte en el vertedero; otros van a los merenderos o comedores más cercanos. El incremento de pedidos de asistencia en los Caat (Centros de Atención y Articulación Territorial) que dependen del municipio también refleja una situación social que lejos de aliviarse, se agrava cada vez más.

Y al fin de año se suma una preocupación extra: la finalización de clases a mediados de diciembre y por consiguiente, el cierre de los 32 comedores escolares que recibe a diario a unos 4.000 estudiantes solo de nivel primario.

“Siempre tuvimos alguna familia en situación de hambre pero ahora se ha ido incrementando mucho. Tenemos muchas familias complicadas que han venido, a lo largo del año, a pedir comida. Hemos tenido que ayudar con alguna caja de alimentos, juntando nosotros los docentes o pidiendo ayuda a la parroquia”, relató Ciccone.

Sin embargo, pese a darles de comer a los 160 niños que concurren a la escuela 343, el edificio no cuenta con un comedor y los chicos deben comer en las aulas.

El armado de canastas alimentarias o la recepción de ropa por parte de los docentes también se repitió en muchos otros colegios.

“Se han acercado papás a decir que no tienen trabajo, que no saben cómo afrontar la situación del año próximo para comprar lo que los chicos necesiten. Hemos pasado muchos momentos horribles en el 95, en el 2001. Por ahora, hay un colchón pero todo se encamina a esa dirección”, remarcó Gabriela Paredes, directora de la escuela 295, conocida como “Techo Verde”, donde concurren 320 chicos. Unos 200 realizan la jornada extendida y comen en el colegio.

Más complicaciones

Paredes comentó que este año muchas actividades –como salidas– se complicaron en gran medida. “Todos los años, por ejemplo, séptimo grado se iba a Las Grutas con el vagón educativo. Este año no se pudo hacer porque las reglas cambiaron: los pasajes tenían otro valor y había que buscar alojamiento. Las familias no pudieron afrontar eso; de modo que organizamos un campamento en la zona”, contó.

Los comedores de las escuelas brindan un menú de lo más variado con pollo, guisos, tartas de verdura, canelones, entre otros, con postres como ensaladas de frutas y gelatinas. Por la mañana, se entrega un desayuno y por la tarde, una merienda que consiste en leche o mate cocido con pan con dulce o queso.

Paredes reconoció que ya en varias ocasiones pidió que se sume más verdura, fruta y yogures como refuerzo del desayuno y la merienda pero no solo para quienes asisten a la jornada completa. También para los alumnos de la jornada simple.

“Nos ha pasado que hay chicos que ingresan más tarde, después del almuerzo, porque fueron al médico o por cualquier otra eventualidad y nos dicen: ‘seño, no comí”, contó Ciccone.

Paola Erviti, directora de la escuela 154 del barrio El Frutillar, remarcó que “la situación que atraviesa la escuela no dista mucho de la situación del país. De todos modos, tenemos algunos nenes que dicen ‘esto no me gusta’. Eso nos marca que eligen la comida porque no les está faltando. Pero hay variadas situaciones”.

La docente agregó que “los nenes que tienen carencias desde lo económico y la alimentación recurren a otras instituciones, como centros de abuelos o comedores. Nunca son suficientes pero están. Existen estos paliativos que claramente no son soluciones”.
“Los chicos amplían mucho su campo alimenticio. Los que no comían verdura aprenden a comerla. El menú es de lo más variado”.
Paola Erviti, directora de la Escuela Nº 154 del barrio El Frutillar.
Impacto
32
escuelas primarias de la ciudad de Bariloche cuentan con un comedor para los estudiantes.
4.000
chicos almuerzan hoy todos los días en los comedores de las escuelas, con una dieta balanceada.
Bariloche

Arde París,.. cuando la gente se calienta no se jode más con el Neoliberalismo

Cien heridos y 1,300 detenidos en Francia por la protesta de los chalecos amarillos
La represión de Macron agravó la crisis
Museos, teatros, la Torre Eiffel, o estaciones de Metro cerradas, calles bloqueadas y comercios amurallados con placas de madera, todo estaba listo. Para enfrentar la cólera de su pueblo, el gobierno movilizó a todo su aparato represivo.
Por Eduardo Febbro


Imagen: AFP


París amaneció sitiada por las fuerzas del orden. Desde la mañana, la capital francesa era una ciudad medio fantasma. Museos, teatros, la Torre Eiffel, o estaciones de Metro cerradas, calles bloqueadas y comercios amurallados con placas de madera, todo estaba listo como si fuera una guerra. Para enfrentar la cólera de su pueblo, el gobierno movilizó a 89.000 fuerzas del orden y terminó arrestando a más de 1.300 personas, lo que da más de dos por ciento de personas detenidas o interpeladas brutalmente de forma preventiva. Hubo también más de cien heridos. No faltó ni la policía montada. El Estado puso el mejor aparato represivo que tenía y con él superó varias veces el número de manifestantes: en toda Francia habrá habido entre 120.000 y 135.000 personas contras 89.000 policías. En la capital francesa se desplegaron 8.000 efectivos y hubo 8.000 chalecos amarillos. La cuarta jornada de protestas de los chalecos dio lugar a unas cuentas escenas de violencia en París, Marsella, Burdeos o Nantes, pero muy lejos de la escenificación dramática montada por la presidencia francesa y el Ejecutivo. El presidente Emmanuel Macron llegó hasta evocar la posibilidad de gente con armas que venían a "matar".





La Nave Comunica@lanavecomunica



¿ARDE PARIS?
EL CLAMOR DE UNA MUJER. ¡POUR LA FRANCE!
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El color amarillo de los chalecos reemplazó a los adoquines de las revueltas de mayo del 68. La gente estaba indignada por el montaje policial activado por el gobierno. En la Avenida de los Campos Elíseos y los alrededores donde se produjeron los enfrentamientos más duros con la policía, el grito masivo "Macron Demisión" era un coro lleno de ira. Algunas personas que no habían participado en las manifestaciones decían con irritación que este "espectáculo lamentable hizo pasar a Francia a otra cosa que no tiene nada que ver con el Estado de derecho" (Julie, 36 años, profesora de matemáticas). Ante una rebelión que no supo manejar a tiempo, el liberalismo parlamentario recurrió a la represión maciza para salvar su modelo de ajustes, aumentos, desempleo y cargas fiscales sobre las clases medias y populares. "Un poder sin rumbo, "un poder que vacila", "un poder acorralado", "un poder sin influencia", "un poder autoritario". Los comentarios de los medios de prensa, progresistas o conservadores, recorren todo el pentagrama de las críticas. Francia está aturdida. El Presidente Emmanuel Macron se ha convertido en el hazme reír de la sociedad y de los otros dirigentes del planeta que ahora (lo hizo Trump en un Twitter y el turco Erdogan, entre otros) se burlan copiosamente de él. El gran reconciliador, el emérito espadín contra el populismo rampante tuvo que sacar las tropas a la calle para aplacar el hastío de su sociedad. "Tenemos un presidente que no nos escucha y encima se esconde", decía rojo de arrebato Michel, un intermediario de productos cárnicos que trabaja en el gran mercado de Rungis, en la periferia de París. Los chalecos amarillos son, de hecho, la minoría que se expresa por los demás y han puesto a Francia en estado de convulsión por el cuestionamiento tan sorpresivo como radical de una línea política que consagra la desigualdad. "El poder al pueblo", decía un pintada que llevaba un chaleco amarillo con la máscara de Emmanuel Macron. ¿Revolución?. No, escribe el filosofo Jacky Dahomay en el portal de Mediapart; tal vez Francia se esté dirigiendo hacia "una democracia insurgente". Los mismos chalecos amarillos están sorprendidos por el perfil de los acontecimientos. Robert, un comerciante del centro de Francia, confiesa que "ni por asomo esperábamos este terremoto. Sólo buscábamos que nos escucharan, que nos comprendieran, que nos vieran de una buena vez por todas. Por eso nos vestimos de amarrillo, para dejar de ser invisibles". Esa visibilidad ya planetaria conseguida con un chaleco obligatorio que se conserva en la guantera de los autos remite directamente al movimiento zapatista que surgió en México el 31 de diciembre de 1993. Esa noche, liderados por el subcomandante Marcos, los zapatistas irrumpieron en la política mexicana con la cara cubierta con un pasamontañas. Desde ese momento empezaron a explicar lo que hoy en París dicen los chalecos amarrillos: "nos cubrimos el rostro para dejar de ser invisibles".





Le Parisien
✔@le_Parisien


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"J'bosse 45 heures par semaine et je suis à découvert. Je bougerai pas les gars" Le cri déchirant d'un manifestant sur les Champs-Élysées --> https://l.leparisien.fr/2sS
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Ni siquiera los editorialistas y analistas más conocidos de la prensa llegan a interpretar con acierto lo que está pasando. Diagnostican los errores garrafales del estilo de Macron -el presidente que mira con desprecio a los de abajo-o sus incongruentes decisiones como fue la transformación del ISF, el impuesto aplicado a las grandes fortunas, en un impuesto que perdona a los afortunados. Los partidos, que sea la extrema derecha, la derecha y la izquierda radical, menos aún. Están más preocupados en validar sus propias retóricas pegándose a los chalecos amarillos que en comprender sinceramente qué le está diciendo a Francia este volcán. Fuera de un pequeño grupo de universitarios que estudió los territorios del país, casi nadie conocía las dolencias de esa mal llamada por todos "Francia invisible". No es un movimiento obrero, ni un núcleo sindical, no son funcionarios públicos, ni desempleados, ni comerciantes. Empezaron impugnando en las redes sociales el aumento del gasoil y acabaron destruyendo al macronismo, aunando a parte de la sociedad y, al final de cuentas, protagonizando la primera revuelta fiscal de la historia moderna. En París y otras ciudades, la extrema izquierda comparte la calle con la ultra derecha. El gobierno anuló los aumentos previstos para el próximo año sin conseguir que los chalecos amarillos volvieran a casa. Ni los mismos chalecos amarillos son capaces de designar a un representante. Su diversidad ideológica y geográfica es muy amplia. ¿ Permanecerán como actores de la tormenta o se retirarán con el paso de los días ?. Una incógnita. Han dejado, no obstante, una herida abierta en el corazón del macronismo. La idea del equipo presidencial de presentarse en las elecciones europeas de mayo próximo con el hilo conductor de que Macron era el muro exquisito contra los populismos, el abanderado de la globalización y liberal se hizo añicos. Nadie creerá en ello. Y las dos otras reformas de peso que estaban en la carpeta presidencial constituyen desde ya dos bombas de tiempo: la reforma del sistema de pensiones y la protección social.
efebbro@pagina12.com.ar

La culpa no es del lago, es del alcohol descontrolado,.. mientras organismos estatales cric cric

Murió un joven que se arrojó al Nahuel Huapi en Bariloche

La Prefectura logró sacarlo del agua y fue conducido al hospital Ramón Carrillo. Tenía un cuadro grave de hipotermia.

La Policía provincial realizó las actuaciones de rigor. (Foto: DeBariloche)


El cuerpo fue rescatado por la Prefectura. (Foto: DeBariloche)

La Prefectura rescató en la tarde de este sábado a un joven que se había arrojado, por razones por ahora desconocidas, al lago Nahuel Huapi, en la punta del espigón del puerto San Carlos. Había estado en el agua más de media hora y eso fue fatal: murió en el hospital Ramón Carrillo poco después.

Al parecer el muchacho estaba bebiendo alcohol con amigos cuando se tiró. En el hospital Ramón Carrillo trataron de hacer que superara el cuadro crítico de hipotermia con el que ingresó pero fue en vano.

La tarde se había vuelto ventosa y fresca, y las olas golpeaban el hormigón que sostiene el largo espigón. Justo en la punta de la estructura, donde hay una torre metálica, estaban los jóvenes reunidos, y desde allí se arrojó.

En esta época del año el nivel del lago es alto, como consecuencia de una primavera con muchas lluvias y el deshielo lógico de la estación.

La Policía secuestró algunas pertenencias de la víctima, entre las que halló una botella de vino tinto, una petaca y una lata de cerveza, además de abrigo y calzado.

El lago conserva la temperatura del invierno, por lo que sus aguas tienen una temperatura demasiado baja, especialmente lejos de la costa, para que un ser humano permanezca demasiado minutos.

En el hospital aplicaron todos los procedimientos para que el joven saliera del paro cardíaco que el frío le había provocado, pero no pudieron reanimarlo.
DeBariloche

miércoles, 5 de diciembre de 2018

Una buena, W se opone a la locura asesina de Bullrich

Weretilneck cuestionó los cambios en el uso de armas de las fuerzas federales

Adelantó que en Río Negro no habrá modificaciones. Dijo que la medida nacional “podría llevar a muchos abusos policiales”.


El gobernador habló tras la presentación de la temporada en Las Grutas. (Foto: Gentileza)

El gobernador Alberto Weretilneck cuestionó anoche el nuevo reglamento nacional que les otorga más poder a los agentes de fuerzas federales para el uso de armas de fuego y dejó en claro que no variará las normas de uso que actualmente rigen en la Provincia.

“Nosotros no vamos a cambiar nuestra posición como gobierno en torno al uso de las armas de fuego y nuestra posición es que la policía debe disparar únicamente cuando está en peligro de vida el efectivo policial o un ciudadano. Nosotros no habilitamos el uso del arma para aquellas situaciones que no contemplen estos dos y únicos casos. Peligro de vida para el policía o para una persona inocente en una situación de delito” aseveró el gobernador, durante una visita a este balneario.

“En los otros casos hay otros remedios, como la persecución penal, por ejemplo” amplió. Además, puso el acento en otros aspectos de la nueva disposición.

“Es que además hay una cuestión jurídica y hay que ver, a partir del decreto que sacó el Gobierno Nacional, cuáles son las posiciones del Ministerio Público Fiscal. Porque esto podría llevar a mucha cantidad de abusos policiales, y a muchas consecuencias penales también. Hay que ser muy cuidadosos sobre cuál es el abordaje” consideró.

Por último, reiteró que no habrá cambios en la Provincia. “Nuestra policía tiene que seguir haciendo uso de la fuerza en las condiciones en las que las está haciendo hoy y por lo tanto siempre deben ser muy cuidadosos en el uso del arma con personas que no las utilizan. Es decir, una cosa es el uso del arma de fuego por parte de la policía cuando quien está enfrente posee un arma también y otra es permitir el uso cuando la otra persona no está armada, o está en fuga. Hay que ser criteriosos y evitar excesos, porque en definitiva los excesos terminan perjudicando a los dos. Al policía que puede terminar su vida preso y a la víctima que puede recibir consecuencias irreversibles”.
San Antonio Oeste - RN

domingo, 2 de diciembre de 2018

El Colmo!, la Gendarmería hará pericia por asesinato de Rafita: Responsable de la muerte de Santiago, experta en pericias creativas de Nisman,...ahora harían que dé que Rafita era Iraní-venezolano

Caso Rafael Nahuel: Gendarmería hará pericia balística clave

La defensa del albatros de Prefectura Naval, Francisco Javier Pintos, que es el único imputado hasta el momento por el homicidio de Nahuel, solicitó esta nueva instancia.


Las protestas de los familiares y la comunidad mapuche por el asesinato siguen vigentes.

Peritos de Gendarmería nacional harán el miércoles una peritación sobre el proyectil calibre 9 milímetros que causó la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel.

Fuentes con acceso a la causa informaron a “Río Negro” que la defensa del albatros de Prefectura Naval, Francisco Javier Pintos, que es el único imputado hasta el momento por el homicidio de Nahuel, solicitó la pericia balística.

Comentaron que el objetivo es determinar si, efectivamente, el proyectil salió del subfusil MP5 asignado a Pintos o del que portaba el cabo segundo Juan Ramón Obregón.

Pintos aseguró cuando lo indagaron el 5 de julio pasado que no subió a la montaña con su MP5 la tarde del 25 de noviembre del año pasado. Declaró que tenía el chaleco portaequipos, la boina, el arma reglamentaria (Pietro Beretta, 9x19) cargada, y otros dos cargadores, la pistola marcadora con dos cargadores (uno puesto y uno en el bolsillo). Agregó que efectuó disparos con su arma reglamentaria. Sostuvo que Obregón portaba su pistola reglamentaria, los chalecos portaequipos y balístico, que se lo sacó y lo dejó escondido, y la ametralladora MP5.

Esa jornada un grupo de 6 albatros recorría un sector de la montaña, a la altura del kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40 Sur, en Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche. La tarde del 25 de noviembre, Pintos, Obregón y otros albatros se cruzaron con un grupo de jóvenes mapuches. Pintos declaró ante Villanueva, la fiscal interina Sylvia Little y los abogados defensores y por la querella que fueron atacados con piedras y con disparos de arma de fuego.

Nahuel recibió un proyectil calibre 9 milímetros que entró por un glúteo, causó lesiones graves y murió. Lautaro González y Fausto Jones Huala (hermano de Facundo, que está detenido en Chile) bajaron a Nahuel herido de muerte hasta la Ruta Nacional 40.

En la autopsia se pudo recuperar el proyecto y los peritos balísticos oficiales Roberto Nigris y Karina Uribe, con la adhesión de la perito por la querella Silvia Bufalini, concluyeron que el proyectil salió del subfusil asignado a Pintos. La defensa impugnó ese informe. Por eso, se hará una nueva peritación balística el miércoles a cargo de Gendarmería. Villanueva tuvo un año la causa porque subrogaba el juzgado federal de Bariloche, por la licencia de su titular Leónidas Moldes, que cumplía funciones en el Consejo de la Magistratura de Nación. Pero Moldes regresó días atrás y ahora tiene la causa en su despacho. Villanueva se marchó sin resolver la situación procesal de Pintos.
Los informes judiciales señalan que Rafael Nahuel recibió un proyectil calibre 9 milímetros que entró por un glúteo, causó lesiones graves y murió.
Bariloche

Un crimen de Estado sin culpables




“La sentencia en sí misma es tan absurda que no resiste a ninguna apelación. Estamos peleando contra un Estado que quiere imponer impunidad”, manifestó la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia sobre el fallo que sobreseyó al único gendarme imputado y archivó los expedientes de hábeas corpus y desaparición forzada de Santiago Maldonado. Lejos de ser una claudicación, por el contrario Heredia ratifica que la desaparición y muerte del joven anarquista es un crimen de Estado y por lo tanto no será en ninguno de sus poderes donde encuentren justicia sino en los tribunales internacionales. Para la abogada, “es evidente” que el gobierno no quiere tener sobre su espalda una caso de “desaparición forzada” cuando es el centro de atención de varios países del mundo por la realización del G20. Por otra parte, a su criterio el juez federal Gustavo Lleral ya tenía redactado el fallo con el que pretende cerrar la causa. “El 28 tiene los resultados de las pericias de los DNI y el 29 presenta el informe con más de doscientas hojas, lo cual demuestra la seguridad de la impunidad del juez para hacer lo que hizo”, indicó. ¿Por qué la letrada habla en plural de esa medida? El DNI sometido a peritaje no es el que llevaba en su bolsillo el joven anarquista, según reveló su hermano Sergio.

Si acaso no era evidente desde el principio que el Poder Ejecutivo fue dictando el rumbo y los tiempos, la explicación que le dio el propio juez federal a la madre de la víctima lo confirma. “No hay elementos”, dijo Lleral, cuando en realidad decidió desechar precisamente las pruebas referidas al operativo represivo que puso en fuga a Santiago. En lugar de decirle a Stella Peloso que iba a seguir buscando lo que le faltaba para dar con los responsables del crimen de su hijo, el magistrado argumentó que debía archivar los expedientes porque él y su equipo estaban siendo presionados. Luego salió a desmentirlo, pero Sergio Maldonado redobló la apuesta. “Que me desmienta a mí también, que me dijo lo mismo el 2 de noviembre: ‘le voy a contar todas las presiones que tenemos’, fueron sus palabras. Pero si no tenés lo que hay que tener para estar en el cargo, bajate. Era lógico que lo iba a desmentir, porque si lo admitía se tenía que ir. Ya que escuchan los teléfonos que busquen la llamada”, relató en una extensa entrevista que mantuvo con el programa de AM750 Qué vuelvan las ideas, conducido por Pablo Caruso.

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) doce documentos de prueba fueron sumergidos durante 90 días en agua extraída del río Chubut y al compararlo con el de Maldonado dijeron que se encontraban en un estado similar al hallado en el bolsillo de su pantalón, según informó esta semana Infobae. Pocas horas después el juez le ponía candado al expediente. “En la Morgue Judicial el día de la autopsia le pedimos con mi hermano Germán que guardara el DNI para peritarlo, y cuando fuimos a buscar el cuerpo el 24 de noviembre nos dijeron que no lo habían podido someter a estudio porque se había roto la cadena de custodia. Los documentos que mandaron a peritar son otros, no el de Santiago. ¿Eso también me lo va a desmentir?”, dijo Sergio Maldonado. “También aquella noche nos dijo que sólo iba a decir que había sido un procedimiento normal y mintió, nos traicionó, salió a decir que el cuerpo no tenía signos de violencia y luego ganaron las elecciones Macri y compañía. Fueron varias las traiciones, se las dejé pasar, pero con mi vieja no”, agregó.

La familia ya había escrito un comunicado que pone en duda las tajantes conclusiones que arrojaría esta medida de prueba. “El 10 de julio de 2018, el perito a cargo de la pericia del DNI, ingeniero Giménez del INTI, nos informó que él desconocía en qué condiciones había estado el cuerpo de Santiago”, expresó. En el mismo mensaje ya habían advertido que “el objetivo de esta pericia era justamente decir que la autopsia y esta prueba confirmaban la mentira que se quiso instalar, de que el cuerpo siempre estuvo en ese lugar. Y decimos mentira porque el 26 de noviembre de 2017 los peritos de la Morgue de la Corte Suprema que realizaron la autopsia nos informaron que no podían afirmar que el cuerpo de Santiago haya estado siempre en el mismo lugar en el que fue encontrado, ni cuando murió, ni dónde, ni cómo, ni pudieron establecer cuántos días estuvo en el agua”.

Ante un aparente cruce de versiones sirve como botón de muestra un detalle aparentemente menor: nunca hubo 55 peritos, el informe con las conclusiones de la autopsia de Santiago Maldonado lleva la firma de 28 personas.

A pesar de que expertos consultados por este diario afirmaron que someter un material plástico a peritaje es un absurdo científico, porque los polímeros son de degradación centenaria, la justicia acaba de decidir que si un DNI soportó debajo del agua más de 78 días Maldonado cayó en un pozo y ahí permaneció todo el tiempo que lo dieron por desaparecido. La lectura del fallo y el seguimiento minucioso del caso llevado adelante desde el inicio por PáginaI12 permite afirmar que en ningún caso esa sola medida de prueba puede exculpar a los gendarmes que fraguaron una inexistente flagrancia en base a un corte de ruta –por la cual no pasaba nadie porque ellos ya habían armado su operativo cerrojo–, entraron a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen a los tiros, persiguieron a Santiago, a Nicasio Luna y a los demás jóvenes mapuches, y acorralaron al Brujo al punto de obligarlo a meterse en un río helado donde encontró la muerte que intentó evitar. (P12)

sábado, 24 de noviembre de 2018

La policía cada vez más descontrolada

Bariloche: policías en la mira ante 83 casos de violencia institucional

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Es la cantidad de causas penales activas por apremios, abuso de autoridad y vejaciones en los últimos 15 meses. El caso del adolescente que perdió un ojo reactivó los reclamos.

SOLEDAD MARADONA

Dos policías de recorrida por la ciudad. (Foto: Alfredo Leiva)

La Policía está en la mira. Hechos de violencia institucional son una denuncia recurrente de organismos de derechos humanos y los datos oficiales lo ratifican: hay 83 causas penales activas en Bariloche contra policías por apremios, abuso de autoridad y vejaciones en solo 15 meses.

Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal registra entre 5 y 6 denuncias por mes en la Tercera Circunscripción Judicial que abarca Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci y Ñorquinco. Son todas causas activas entre el 1 de agosto de 2017 y el 14 de noviembre de este año con distintas calificaciones legales.

Según información oficial a la que accedió “Río Negro”, hay 40 expedientes por vejaciones, 20 por abuso de autoridad, 16 por apremios ilegales, 3 por vejaciones agravadas y un caso por amenazas en contexto de violencia institucional, otro por homicidio agravado en contexto de violencia institucional, uno por incumplimiento de los deberes de funcionario público en contexto de violencia institucional y uno por lesiones leves en contexto de apremios ilegales.

La defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, confirmó que en el organismo que conduce solo recibió tres casos de violencia institucional hacia jóvenes, dos remitidos por organizaciones y uno ante la denuncia de una madre.

La grave herida en el ojo derecho que un disparo de un policía de la comisaría 42 ocasionó en un adolescente de 16 años el 9 de noviembre pasado, en el barrio 2 de Abril, reimpulsó los reclamos de los organismos con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Mutisectorial contra la Represión Policial. “Llevo 30 años en la APDH y nunca pasó esto de tener un caso de abuso policial por semana”, dijo Mara Bou al borde del llanto semanas atrás afuera del hospital Ramón Carrillo cuando acompañó al menor que perdió el ojo por una posta de goma.

Marcela Cano de la Multisectorial compartió la expresión y reclamó “estadísticas claras de la fiscalía porque muchas veces acompañamos a denunciar, otras nos enteramos y no hay resolución final de esa denuncia”.

“El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Río Negro se encuentra comprometido con una efectiva persecución penal de las diversas formas que asume la violencia institucional”, afirmó a “Río Negro” el fiscal jefe Martín Lozada.

Recordó que el procurador General de la Provincia, Jorge Crespo, elaboró un protocolo para “unificar los modos en que se investigan los casos de violencia institucional” y remarcó que cualquier miembro del Ministerio Público que conozca de la existencia de hechos de violencia institucional “deberá intervenir de oficio (sin que medie denuncia)”.

La comisaría 42

La APDH y la Multisectorial señalan a la comisaría 42, que abarca en su jurisdicción un amplio radio de barrios periféricos, como uno de los enclaves de los episodios de violencia institucional hacia los jóvenes en Bariloche.

Un policía escopetero de esa comisaría quedó imputado este mes por el disparo con postas de goma al adolescente que perdió el ojo en un episodio que está bajo investigación.

El 21 de octubre -según las organizaciones sociales- otro hecho ocurrió en el interior de esa comisaría y un joven resultó herido por presuntos apremios.

Yanina Vera, integrante del Movimiento de Infancia Bariloche, fue más allá: “tenemos un caso de violencia institucional en la comisaría 42ª nuevamente ligado a la ‘doctrina Chocobar’, ligado al discurso de seguridad social donde porque estemos más seguros, sacan, matan, torturan, violentan a los niños de los barrios, a los adolescentes”, denunció esta semana. La referente hizo así alusión a una vinculación directa de los casos locales a las políticas del Gobierno nacional que respaldó la actuación de policía bonaerense que mató por la espalda a un joven tras atacar y cometer el robo a un turista.

Las organizaciones pidieron la intervención de la comisaría 42 que desde agosto de 2016, tras el caso del policía Lucas Muñoz, está al mando del subcomisario Luis Hawrylak, y señalaron que en casos de apremios policiales, los denunciantes son víctimas de “hostigamientos” y “amenazas permanentes”.

El ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, dijo a “Río Negro” que “se descarta una posible intervención de la comisaría” debido a que el Jefe de Policía “lleva un seguimiento de la gestión” para evaluar el desempeño.

Conflictividad en el barrio

La defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, admitió que entorno a la comisaría 42 existe un escenario complejo. Por eso, meses atrás, se realizaron reuniones entre diversas instituciones para “tomar intervención y trabajar en prevención para que estas situaciones de confrontación entre grupos de vecinos no aumente en escala de violencia”.

El ministro de Seguridad dijo que en el barrio 2 de Abril existen “jóvenes en situación de riesgo” que en “muchas de las ocasiones suelen estar asociados a actividades ilegales” por lo que la Policía debe intervenir para “disuadir todo acto que afecte la seguridad de las personas y la propiedad, generándose reiteradas situaciones de conflicto ante los eventuales procedimientos judiciales, o en circunstancias en que el personal realiza recorridas de prevención por el sector”.

Indicó que se registraron “agresiones contra el personal policial que suelen ser apedreadas, disparos con armas de puño y las denominadas tumberas” y señaló la “satisfacción” de diversos sectores, especialmente de transportistas, respecto de la actuación policial en esta área.

El dato
De 5 a 6
Las denuncias por mes en la Tercera Circunscripción del 1/8/17 al 14/11/18 con distintas calificaciones legales.
Cómo actúa el gobierno


El ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan, respondió a “Río Negro” que ante eventuales casos de que un policía “en uso de sus funciones abuse de su autoridad o infrinja cualquier tipo de normativa, la Dirección General de Recursos Humanos cuenta con un Departamento de Control y Gestión Interna, órgano encargado de generar las actuaciones administrativas internas atinentes detectar faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones, mas allá de las actuaciones judiciales que se labren”.


Precisó que en el último hecho del barrio 2 de Abril, el policía escopetero fue sometido a estas actuaciones internas y que hasta que se resuelva el caso “no se encuentra cumpliendo funciones como así también se procedió al retiro de uniforme y arma reglamentaria”.


“Resulta oportuno resaltar que la institución policial se participa activamente con el fin de articular con los organismos competentes todo lo concerniente a la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, especialmente en cuanto se refiere a su protección e impedir todo acto atentatorio a su integridad psicofísica, en la forma que las leyes lo determinen”, remarcó Pérez Estevan.
“La violencia institucional comprende todo acto u omisión, por parte de funcionarios públicos, que implique una afectación física o psíquica sobre las personas”.
Fiscal jefe Martín Lozada
Menores en comisarías


El Movimiento de Infancia puso en énfasis que los Centros de Admisión y Derivación (CAD) “que garantizarían que los menores no ingresen a las comisarías, sigue siendo una promesa que la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) viene dilatando desde hace 2 años”.


La defensora del Pueblo, Beatriz Oñate, admitió que hay demoras y dijo que el año pasado se iniciaron reuniones con Senaf por este tema y que “claramente el potencial de la violencia institucional tiene que ver cuando toman intervención en comisarías”.


Agregó que se prevé que “la guardia de la Senaf tome intervención y buscar que los jóvenes no tengan que tener contacto con la policía”.


Oñate enfatizó que el objetivo de máxima es “evitar la violencia institucional con acciones preventivas, que no tienen que ver con lo represivo sino con inserciones en términos educativos, de deportes, de cultura y de inserción laboral”.


El fiscal Martín Lozada también indicó que el protocolo establecido por la Procuración General indica ante casos de menores víctimas de violencia institucional “se deberá dar inmediata intervención al defensor/a de Menores garantizando la comunicación a los padres y o tutores”.


En tanto, el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, dijo que la intervención policial en casos de demoras de menores de edad es solo ante una “eventual detección del mismo en delito de flagrancia” y que su tratamiento se ajusta al protocolo de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de detención o demora.
Las vejaciones, los apremios ilegales, las torturas, el abuso de autoridad y los incumplimientos de los deberes de funcionario público comprenden los casos contemplados en el derecho penal.
Bariloche

El mejor equipo de los últimos 50 años destruyó el país en tiempo record

Panorama económico
Noviembre es peor
Por David Cufré

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La industria, la construcción y la actividad comercial registran en noviembre la caída más pronunciada del año. La contracara de la transitoria paz cambiaria que alcanzó el Gobierno con un shock de tasas de interés es el descenso vertiginoso de la actividad económica. La recesión que empezó a gestarse en mayo con la primera corrida cambiaria experimenta este mes una acentuación superior a la prevista por los propios empresarios de aquellos sectores. Las ventas de insumos para la construcción, por ejemplo, anotan una baja del 20 por ciento interanual, que podría ser peor si en la última semana se mantiene la tendencia de achicamiento de los despachos que se ha ido observando hasta el momento. Los patios de comida de los shoppings, en otro rubro, denuncian un retroceso del consumo del 25 por ciento frente al año pasado. Los centros de compra del área metropolitana cerraron 82 locales hasta agosto, de acuerdo a los datos del Indec, y la cifra actual ya supera los 100 en los distintos rubros, según anticipan fuentes privadas. En la industria del mueble, una distribuidora mayorista de madera que hasta abril vendía 10 mil pies por mes presenta en lo que va de noviembre colocaciones por menos de 2 mil pies. Los datos se acumulan y son coincidentes en marcar un giro más intenso del círculo vicioso que sumerge a la producción y las ventas. La consecuencia directa es la pérdida de puestos de trabajo y el descenso del poder adquisitivo de los salarios, que en la mayoría de los casos no llegan a compensar el incremento de precios de los últimos meses. Así como el dólar se movió a los saltos a lo largo del año, ahora se advierte una situación general de caída libre de la actividad y el consumo, frente a la cual el Gobierno deberá intervenir con más decisión si no quiere que se siga propagando. Más allá de la intención manifiesta del equipo económico de poner la economía en el freezer para enfriar el tipo de cambio, la jugada amenaza con golpearlo como un boomerang: en su regreso trae más problemas que los que buscaba atemperar.

Los brotecitos verdes que ahora promociona el Gobierno como señal del final de la caída están previstos en el relato oficial recién para el segundo trimestre del año que viene, a partir del empuje de una cosecha record. A eso debería sumarse una recuperación de la economía brasileña por la inyección de capitales especulativos bajo el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, lo cual a esta altura equivale a vender la piel del oso antes de cazarlo, ya que primero no es claro que ese escenario se vaya a producir y, segundo, por lo que vienen anticipando economistas de ese espacio es probable que la eventual mejora de la demanda derive hacia productos importados de China y otros mercados, lo que quitaría tracción a las exportaciones argentinas. El tercer factor de estabilización serían las inversiones en Vaca Muerta y el sector energético, aunque la baja internacional del precio del petróleo abre interrogantes sobre la velocidad de esos desembolsos. La pregunta que Mauricio Macri y Nicolás Dujovne dejan sin respuesta es cómo harán para pasar un largo verano con la economía barranca abajo sin que la acumulación de tensiones desencadene un recrudecimiento de la crisis también en el plano financiero. El precario equilibrio cambiario del Plan Primavera 2 –el primero fue el de Alfonsín y duró seis meses, hasta que estalló una devaluación que condujo a la híper– puede sucumbir incluso antes de que el calendario electoral lo ponga en aprietos. Ayer, de hecho, fue posible recordar la volatilidad que puede alcanzar la cotización del dólar cuando algún fondo de inversión decide bajarse de la bicicleta financiera.

La opción de cumplir a rajatabla con la meta de déficit cero asumida ante el FMI parece cada vez más impracticable. No porque al Gobierno le falte voluntad política para llevar adelante un ajuste que ninguna otra administración pudo ejecutar sin caer, como explicó Dujovne días atrás, sino por los límites que está poniendo la economía real. La encrucijada es la siguiente: si Hacienda sigue recortando gastos de acuerdo a lo comprometido, en obra pública, salarios y demás factores dinamizadores de la demanda y la inversión, la recesión será más aguda y los ingresos fiscales también terminarán resentidos. Implementar una política procíclica en medio de tanto estrés en la producción, el consumo y el empleo puede desembocar en una depresión económica difícil de administrar. Romper la promesa del déficit cero, por otro lado, expondría al Gobierno frente al poder financiero. La angosta cornisa que se abre delante del presidente Macri es renegociar por segunda vez el entendimiento con el Fondo Monetario. Los antecedentes de los planes de déficit cero -que en la Argentina se combina ahora con el objetivo de expansión cero de la base monetaria- deberían hacer reflexionar a las autoridades.

“Lejos de lo que se piensa, las experiencias con políticas de déficit cero son una rara avis a nivel internacional. Existen nada más que ocho precedentes en el mundo desde 1999, cuando lo intentó Portugal. Después siguió Argentina en 2001, Pakistán en 2005, Ucrania en 2008, Bielorrusia en 2009, Grecia en 2010, Italia en 2012, España ese mismo año y ahora otra vez la Argentina en 2019”, detalla un informe de la consultora PXQ, que dirige el ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis. Además de la conocida explosión argentina en 2001, los resultados en todos los casos fueron entre decepcionantes y desastrosos.
Portugal: en 1999 se propuso alcanzar al déficit cero en el transcurso de cinco años. Cuando llegó 2004 el déficit fiscal era de 3,8 puntos del PIB, contra el -0,4 que registraba cuando se lanzó esa política. Pero además la desocupación subió de 4,3 a 6,6 por ciento y la deuda pasó del 51 al 62 por ciento del PIB por la caída de la economía. El resultado fue más déficit, más desempleo y más deuda.
Pakistán: la meta fijada en 2005 era lograr el déficit cero en 2008, pero se movió de un superávit primario de 1,6 puntos del PIB a un déficit fiscal de 2,9. El déficit externo saltó de 1,7 a 8,1 por ciento.
Ucrania: en 2008 anunció el déficit cero para 2009 pero también fracasó. El desequilibrio se duplicó de 3 a 6 puntos del PIB. El plan fue una imposición del FMI y el paquete incluía la baja del salario mínimo y de los salarios públicos, reducción de subsidios a los servicios públicos y ajuste en las transferencias sociales. En 2009 el PIB se desplomó un 15 por ciento. Pero la historia no termina ahí. Después de pedir un crédito al FMI de 16.500 millones de dólares en 2008, Ucrania tuvo que solicitar 14.900 millones en 2010, 17.000 millones en 2014 y 17.500 millones en 2015.
Bielorrusia: “Es un caso extremo porque se puso como objetivo el déficit cero el mismo año que lo intentó implementar, en 2009. Pero ese año el déficit fue de 6,5 puntos del PIB y la economía se estancó”, explica el informe. La deuda pasó del 8 al 53 por ciento del PIB.
Grecia: asumió el compromiso del déficit cero en 2010 para 2012, pero fracasó. Ese último año el rojo era de 1,5 del PIB y la economía caía 7,3 por ciento, con una desocupación explosiva del 25 por ciento y una relación deuda-PIB del 160 por ciento. En 2011 el FMI le exigió la privatización de empresas para mejorar los números fiscales.
España: la situación fue distinta al resto de los países, ya que se planteó llegar al déficit cero en 2020. Por ahora lo que se puede marcar es que ha ido reduciendo el desequilibrio –en 2017 fue de 1 punto del PIB–, pero la deuda creció del 86 al 100 por ciento del producto. “El ejemplo de España es para tener en cuenta porque empezó con el ajuste cuando ya había retomado el crecimiento económico, no en medio de una recesión”, aclara Alvarez Agis.
Italia: en 2012 lanzó el plan déficit cero para 2014, pero no lo logró, ya que ese año el resultado fue de un déficit de 1 punto del PIB. Igual que España, Italia se fijó metas gradualistas que le permiten relajar el ajuste frente a circunstancias excepcionales.

La inconsistencia de apuntar al déficit cero en plena caída de la economía se ve reforzada por estos antecedentes. El Gobierno, por lo que ha demostrado en tres años de gestión, seguramente no tomará nota y llevará a los argentinos con temeridad a chocar otra vez contra un paredón. Los datos de actividad y ventas de noviembre son un buen indicio del desenlace del camino emprendido

Rafita está muerto, el que lo asesinó sigue libre y armado, la que dio la orden sigue ordenando represiones,...pero Moldes persigue a los que trataron de salvarlo

Caso Rafael Nahuel: emiten alerta roja a Interpol para detener a dos jóvenes mapuches

El juez federal Leónidas Moldes dictó la circular a la Organización Internacional de Policía Criminal para lograr la detención de Fausto Jones Huala y Lautaro González, a nivel internacional.


Fausto Jones Huala (a la izquierda) y Lautaro González fueron excarcelados a principios de diciembre pasado. (Foto: Archivo)

El juez federal Leónidas Moldes emitió una circular roja a Interpol para tratar de lograr la detención de los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, que se encuentran prófugos de la justicia federal.

Así lo informó esta tarde el portal Infobae, que asegura que Moldes dictó hoy viernes la resolución dirigida a la Organización Internacional de Policía Criminal. La alerta roja implica la orden de captura internacional.

Fausto es el hermano menor de Facundo Jones Huala, que fue extraditado a Chile, donde se encuentra detenido a la espera de ser juzgado por un tribunal de ese vecino país.

Fausto y Lautaro no comparecieron ante el juzgado federal de Bariloche luego de que el juez federal, que subrogaba el juzgado de Bariloche, Gustavo Villanueva, decretara el 10 de agosto pasado la rebeldía de los imputados y ordenara su captura.

Los dos jóvenes están imputados por el delito de usurpación y atentado agravado por la participación de más de tres personas a raíz de los hechos que ocurrieron en Villa Mascardi, a finales de noviembre del año pasado.

Fausto y Lautaro auxiliaron a Rafael Nahuel cuando fue herido de muerte por un proyectil calibre 9 milímetros, que salió de un arma que portaba uno de los albatros de Prefectura Naval que intervino en el procedimiento del 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi, distante a unos 30 kilómetros de Bariloche.

Los dos jóvenes bajaron a Rafael hasta la Ruta Nacional 40 Sur, donde fueron detenidos por personal de fuerzas federales, que se encontraban en ese lugar.

Pocos días después fueron liberados por orden de Villanueva, pero el Ministerio Público Fiscal apeló la excarcelación y a mediados de mayo pasado la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, admitió el recurso de casación que la fiscalía había presentado contra la resolución que otorgó la excarcelación de Jones Huala y González. Villanueva ordenó detener a los jóvenes que no se pusieron a disposición de la justicia.

Más información: ”Avalan la orden de captura para mapuches”

Moldes reasumió al frente del juzgado federal de esta ciudad luego de su paso por el Consejo de la Magistratura de Nación.

Río Negro consultó al abogado Matias Schraer, que es uno de los defensores de los imputados, pero recordó que Villanueva los dejó sin poder acceder al expediente cuando suspendió la posibilidad de que hagan presentaciones mientras Jones Huala y González no sean detenidos. Por eso, no les mandan más notificaciones desde el juzgado federal de Bariloche.
DeBariloche

domingo, 18 de noviembre de 2018

Villanueva pedirá nueva pericias para que no se sepa quien asesinó a Rafita

Villanueva pidió una nueva pericia sobre la bala que mató a Rafael Nahuel
El Juez ahora pone en duda el trabajo realizado que determinó de qué arma salió el proyectil que dio muerte al joven mapuche. A pedido de los prefectos, Villanueva abrió la puerta a un nuevo engaño en el expediente.

Santiago Rey- En Estos Días



En una medida insólita y que podría cambiar el rumbo de la investigación, el Juez Federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, requirió a la Gendarmería la realización de una pericia para comparar la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel con los proyectiles testigos de las armas de dos integrantes del grupo Albatros.

“Se viene la búsqueda de la verdad”

Magdalena Odarda, miembro de la Comisión Bicameral investigadora del ARA San Juan




El jueves, desde su banca, la senadora Magdalena Odarda hizo un solitario homenaje a las víctimas del ARA San Juan, anunció que “Ocean Infinity se está retirando de la búsqueda” y que presentaría un proyecto para exigir “la búsqueda continua” del submarino. Dos días después, tras el hallazgo, la rionegrina que integra la Comisión Bicameral Investigadora de la desaparición expresa su temor de que “la Armada quiera cerrar la investigación” y destaca que “se viene la etapa de búsqueda de verdad, justicia y condena a los responsables”. En diálogo con PáginaI12, Odarda adelantó que pedirá a la jueza federal Marta Yáñez la preservación del área para evitar que se contamine la prueba y consideró que el Estado debe hacer todo el esfuerzo necesario para recuperar el submarino.

–¿La sorprendió el hallazgo después de su advertencia?

–Sí, como a todos, me sorprendió que lo hayan encontrado. Son sentimientos encontrados: por un lado la tranquilidad de que la búsqueda llegó a su fin, y por otro, para nosotros y fundamentalmente para los familiares, es un golpe muy fuerte ver en qué condiciones está el submarino. Ahora se debe profundizar la investigación, por eso voy a pedir a la jueza Yáñez, como integrante de la Comisión, que ordene la preservación del área y que no se contamine la prueba. Temo que la Armada quiera cerrar la investigación argumentando que hubo un error humano del capitán y la tripulación, aprovechando que no se pueden defender, y de esa manera evitar la condena a los responsables de esta tragedia. Hay que profundizar la investigación y si es factible físicamente recuperar el submarino. No se puede invocar un impedimento económico cuando se gastan miles de millones de ganancias para bancos y empresas energéticas. No se puede argumentar un ahorro, no sólo por lo que significa para los familiares poder estar cerca de sus seres queridos sino también para profundizar la investigación.

–¿Cuál es su hipótesis de lo que sucedió?

–Hay que investigar todas las hipótesis. Como senadora patagónica voy a descartar la del error humano y el accidente por una implosión producto de una falla producida por los tripulantes. Más allá de su falta de sustento, es de extrema cobardía por parte de la Armada. Implicaría cerrar una página de la historia argentina sin determinar quienes son los responsables políticos y penales. Hay que investigar las fallas que tenía el submarino, cómo funcionó el sistema de rescate, por qué no se le ordenó volver a un puerto cercano cuando se informó del principio de incendio y el ingreso de agua, y en cambio se lo obliga a volver al puerto de Mar del Plata, que significaba seis días más de navegación. Hay que escuchar también a los familiares en la Bicameral, ya que aducen que a muchos de los submarinistas de alguna manera se los obligaba a subir sabiendo que habían padecido situaciones de extremo peligro, como en un viaje en el que tuvieron contacto con un submarino presumiblemente británico, todas situaciones que la Armada encubrió.

–¿Tuvo contacto con familiares tras el hallazgo?

–Tuve contacto con un hermano de Mario Toconás, el único rionegrino del submarino, una familia muy humilde de Sierra Grande, estaban shockeados. Es el submarinista que se ve en la última foto en el puerto de Ushuaia, que llevaba notas personales donde iba identificando fallas del submarino en el viaje anterior. Le sacó fotos a las notas que había tomado y las descargó en su computadora, se recuperaron hace poco y ya están en poder de la jueza. Me comuniqué también con (Luis) Tagliapietra, con quien coincidimos en la necesidad de fortalecer el trabajo de búsqueda de justicia, determinar las responsabilidades de la Armada y del Ministerio de Defensa y las razones de lo sucedido. Caratularlo como error humano o hablar de implosión producto de un accidente es para nosotros una irresponsabilidad, que apunta a cerrar la investigación y pedirle al pueblo que se olvide esta enorme tragedia.

–Macri anunció el jueves que “en pocos días” se iban a conocer “las conclusiones de las posibles causas”. ¿Qué expectativa le genera?

–Es el informe de la Armada que concluye en el error humano. Esas conclusiones están viciadas de nulidad porque uno de los firmantes es padre de una víctima y está afectado por la tragedia personal –dice sobre el capitán retirado Jorge Bergallo, quien manifestó su deseo de que el submarino “quede ahí” en el fondo del mar–. Hay que seguir adelante con una investigación imparcial y los legisladores tenemos un rol clave. Fueron los familiares más la bicameral los que logramos la contratación de esta empresa y nos pusimos como meta la búsqueda y la investigación de las causas de la tragedia. La comisión tuvo un rol clave y por eso voy a pedir que se prorrogue su trabajo, que en principio finalizaba en diciembre. Queremos seguir trabajando junto a los familiares en la búsqueda de la verdad.

viernes, 16 de noviembre de 2018

Habeas Corpus Preventivo antes que lleguen los muertos que pide Bullrich

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En el día de la fecha junto a otras Organizaciones Sociales presentamos un Habeas Corpus Preventivo Colectivo en virtud de los reiterados delitos cometidos por la policía de Río Negro contra la Comunidad de Bariloche, en particular contra lxs niñxs y adolescentes del barrio 2 de abril, que a menudo sufren agresiones por parte de efectivos de la Comisaría nro.42.



Entre las medidas solicitadas se exigió se ordene a la policía que se abstenga de efectuar detenciones ilegales, que el personal policial utilice su identificación personal y a Senaf Río Negro que disponga dispositivo preventivos y presencia territorial.



Destacamos que en virtud de los gravísimos hechos ocurridos el día 9/11, y que como consecuencia de la brutalidad policial un adolescente perdió su ojo derecho, repudiamos que de los cinco efectivos que participaron sólo uno se encuentra imputado, mientras los restantes se encuentran en funciones. Hecho este que también denunciamos para que sean apartados de sus funciones



Esta presentación lleva la firma, además de APDH Regional, de las siguientes Instituciones :



Consejo de Niñez e Infancia Municipal,



Movimiento de Infancia



Fundacion Gente Nueva



acompañan



Multisectorial Contra la Tortura y la Represión,e Hijos Bariloche

domingo, 11 de noviembre de 2018

Se acerca Diciembre, ..para ir calentando un pibe perdió un ojo

Otro caso de violencia policial en el barrio 2 de Abril
Ocurrió al anochecer del viernes. Personal de la comisaría 42 irrumpió en una vivienda particular del barrio y disparó con munición anti tumulto provocándole graves heridas a un menor de 16 años, que como consecuencia del impacto de una posta de goma perdió su ojo derecho. Es el cuarto caso en un mes. En esta nota, el video del procedimiento.




Los protocolos para este tipo de situaciones marcan que la munición disuasiva anti tumultos debe dispararse a una distancia no menor a 100 metros y “de rebote”, es decir hacia el piso. El personal policial entrenado en el uso de estas armas conoce que de no respetarse los parámetros el disparo puede resultar igualmente letal.

En este caso, personal de la comisaría 42 del barrio 2 de Abril, a cargo del comisario Luis Hawrylak, irrumpió y efectuó disparos de escopeta dentro del predio de una casa particular, aunque los vecinos aseguran desconocer los motivos.

“Cerca de la 8 de noche llegaron policías de la comisaría 42, atravesaron el auto frente a la casa de una vecina del barrio y se bajaran disparando, sin dar ninguna advertencia”, confirmaron dos testigos que dialogaron con este medio, pidiendo reserva de sus identidades.

Según relataron, el joven, que en ese momento se encontraba dentro del terreno de la propiedad corrió a refugiarse detrás de la vivienda al ver el despliegue policial.

“Una mujer policía sacó su arma reglamentaria (pistola calibre 9 milímetros)”, contaron los vecinos, “eran cinco en total; tres se metieron el terreno persiguiendo al chico, y efectuaron por lo menos 5 0 6 disparos con escopetas”.






Segundos después el joven quedó tendido a consecuencia de varios impactos de posta de goma, uno de ellos en el rostro. Fue esposado –a pesar de ser menor, cuestión estrictamente vedada en procedimientos de esta clase- y trasladado en un móvil de la comisaría al hospital zonal donde fue intervenido quirúrgicamente para extirparle el ojo derecho.

La fiscal Silvia Paolini, quien estuvo presente en la casa donde ocurrió el episodio, inició las actuaciones preliminares a partir de las cuales se secuestraron cartuchos de escopeta calibre 12/70, transparentes, compatibles con munición anti tumulto para escopeta Itaka, y pudo comprobar además las marcas de los disparos sobre las paredes de la vivienda.

Fuentes policiales divulgaron este domingo a través de diversos medios de Prensa que se trató de un “enfrentamiento”, y que “cuatro individuos habrían llegado hasta la comisaría y, luego de proferir insultos y amenazas, comenzaron a agredir con objetos contundentes el edificio”.

“Incluso”, señala la crónica, “habrían hecho disparos de armas de fuego”.

No hay sin embargo roturas en el edificio policial, ni rastros de la mencionada agresión. Tampoco se realizaron pericias ni la fiscal intervino a partir del ataque supuesto, afirmación que corre por cuenta exclusiva de los medios que publicaron la versión.

La excusa del “enfrentamiento” se ha transformado en los últimos tiempos en ardid común cuando las fuerzas de Seguridad intentan solapar con borrosos eufemismos eventuales excesos en el uso de la fuerza.

Consultados por estos hechos, los vecinos negaron de plano el supuesto ataque a la comisaría.

Adicionalmente, fuentes de la 42 confirmaron a este medio la visita extraoficial a la comisaría, el jueves pasado, del ministro de Seguridad de la provincia, Gastón Pérez Estevan, solo 24 horas antes del procedimiento que culminó con el menor herido. Único registro de actividad oficial –aunque fuera de todo protocolo- en torno a los recurrentes hechos de violencia en el barrio, que datan ya desde hace por lo menos un año, sin solución.

La organización Multisectorial contra la Impunidad y la Represión, confirmó a través de un comunicado lo ocurrido en el barrio, y convocó a una conferencia de Prensa para este lunes a las 11 en la puerta del hospital Ramón Carrillo para dar a conocer detalles de lo que califican como “Otro crimen de la Policía de Río Negro”. (EnEstosDías)

Vamos a ver muchos más enfrentamientos, muchas más muertes, ... ese es el modelo

Un menor podría perder un ojo tras un violento enfrentamiento con la policía

El sábado por la madrugada se produjo un enfrentamiento entre personal policial de la Comisaría 42° y un grupo de jóvenes que generaron disturbios en el interior y habrían efectuado disparos en el exterior de la dependencia.
Archivo

Un adolescente de 16 años recibió una grave herida en el ojo derecho presuntamente por un disparo de un proyectil de goma. El adolescente está internado en el hospital zonal con riesgo de perder el ojo.

La fiscal Silvia Paolini interviene en la investigación que se mantiene en hermetismo. (B2000)

No fue tragedia, fue ausencia estatal







La muerte de una mujer y sus seis hijos en un incendio, que además dejó en gravísimo estado al padre de los chicos, volvió a exponer la situación de extrema precariedad habitacional en la que residen ciento de familias en la capital provincial. Preocupante subejecución de los programas provinciales sobre hábitat.

Por Carolina González



(Foto gentileza Noticias.net)

La familia de ocho integrantes vivía en un monoambiente que habían construido en el patio trasero de la casa del padre de Débora Huayquillán -madre de los seis hijos- en el barrio Zatti, más conocido como barrio IPPV, en la periferia de la ciudad.

Los seis niños tenían entre uno y doce años de vida, y al igual que Débora, quedaron atrapados por el fuego. El padre, Jonhatan Sanzana, tiene heridas que le cubren el 82 por ciento del cuerpo e impiden un traslado a otro centro asistencial de mayor complejidad.

Jonhatan trabaja en el sector de la construcción y Débora recibía una pensión de Nación por discapacidad.

Aún no se conocen las causas del incendio, pero se sabe que el fuego se propagó con rapidez en el pequeño cuarto de material donde dormía la familia. Los ladrillos de telgopor expuesto del techo, hizo que el incendio fuera incontrolable.

El padre de la joven madre, explicó que había construido ese espacio para su hija, y que quería hacer otra habitación “para que durmieran las nenas”, pero que la crisis le ganó de mano y no pudo comprar material.

Luján, Ayelén, Natacha, Félix, Yahir y Maximiliano Sanzana, los hijos de la pareja, vivían con por lo menos uno de sus derechos vulnerados: el derecho a un techo digno.




Una familia abandonada por el Estado

Esos niños y niñas engrosaban el porcentaje de menores de 17 años, que sufren esa realidad.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina que depende de la Universidad Católica, en el año año 2017 el 22, 6 por ciento de los niños argentinos de entre 0 y 17 años vivían en situación de hacinamiento y el 24.5 en viviendas por lo menos precarias.

Los programas provinciales


El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tiene dos programas de desarrollo del hábitat, uno de ellos Hogares Rionegrinos, que según la página oficial del Gobierno, tiene por objeto “implementar políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna para los sectores más vulnerables, y dar respuesta eficiente a los distintos problemas habitacionales de familias, grupos y entidades comunitarias”.

El presupuesto asignado, inicialmente, para el 2018 para Hogares Rionegrinos fue de 5 millones de pesos. Luego, se aumentó a 7.750.000 pesos. Para el mes de septiembre no se había ejecutado un sólo peso.

Otro programa provincial es el Hábitat Social, que se encarga de la “provisión de materiales para mejorar las condiciones habitacionales existentes en viviendas que presentan: deterioro producido por el paso del tiempo, inclemencias climáticas y/o catástrofe, o simplemente la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad”.

Este programa inició el año con un presupuesto de 25 millones de pesos, que luego fue recortado en más de un 40 por ciento, a 16 millones de pesos, de los cuales fueron ejecutados 15.

Ninguno de esos programas llegó hasta la familia Sanzana-Huayquillán.

Una casilla por año

En la ciudad de Viedma, el incendio de viviendas precarias y la muerte o el milagro de la vida, son noticias frecuentes.

Morena Patrizio y Julián Arribas (Registro Nacional de Barrios Populares y Conicet-UNRN) trabajaron en el relevamiento de los barrios populares de Viedma como profesionales e integrantes de organizaciones sociales.



(Foto gentileza Noticias.net)

En ese conteo se encontraron con que de las 2.300 personas que en la capital provincial viven en tomas, casi el 40 por ciento son niños. Estos barrios populares, que el municipio considera ilegales, están poblados de casillas, construidas con chapa, nylon y maderas, sin ningún tipo de servicios básicos como agua, cloacas, luz o gas.

“La toma de tierras nace como la escapatoria al hacinamiento. La falta de políticas de Estado para la construcción de viviendas empuja a las familias a esos lugares, entonces ahí es donde se produce el hacinamiento muchas veces, en las casillas que construyen”, asegura Julián Arribas. Y Morena Patrizio reafirma que “la mayor precariedad se da en los primeros momentos” en que una familia se instala con una casilla en la toma.

“Por lo menos tenemos un incendio de casilla por año, donde hay muertos , normalmente por estar calefaccionándose de manera inadecuada”, remarcó Patrizio.

La familia Huayquillán Sanzara estaban en situación de precariedad, y las instituciones lo sabían.

Verónica Hernández, Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar de la Provincia, área que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) le dijo a En Estos Días, que los “chicos participaban de un programa preventivo promocional que se da en el Galpón Amarillo”, un espacio de contención, con talleres culturales y deportivos que depende del Gobierno rionegrino.

Consultada sobre si conocía la situación de precariedad habitacional en la que vivían los chicos, admitió que sí, pero argumentó que “no tenemos injerencia para dar respuestas habitacionales, porque nosotros trabajamos desde lo vincular, sobre las carencias en los cuidados parentales, y no era este el caso”.

“Son papás que no tenían dificultades en los cuidados parentales, por el contrario, los cumplían adecuadamente con cada uno de sus niños, por eso no estaban bajo el programa de fortalecimiento familiar”, explicó la funcionaria.

En Estos días: ¿El grupo familiar estaba bajo situación de vulnerabilidad?.

Verónica Hernández: Si, pero no bajo situación de vulnerabilidad que nosotros trabajamos, que son situaciones de maltrato, violencia o negligencia en el cuidado. Todo lo que es habitacional se articula con el Municipio, si la familia no lo ha hecho. En el caso de ellos la articulación estaba hecha porque una de las hermanas de la persona que fallece, trabaja en el municipio.

Mientras velan a Débora, Luján, Ayelén, Natacha, Félix, Yahir y Maximiliano, el papá de los niños sigue peleando por su vida en el Hospital Zatti. (EnEstosDías)

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