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pino

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sábado, 16 de marzo de 2019

A la mierda con la república cuando los investigados son los propios

Mauricio Macri quiere echar al juez Alejo Ramos Padilla
Prohibido investigar
Cada vez más comprometido por la investigación de la red de espionaje y extorsión política, mediática y judicial, el Gobierno decidió cortar de raíz el proceso que involucra a muchos de sus principales operadores: pidió al Consejo de la Magistratura el juicio político contra el juez P/2/3
Por Sebastian Abrevaya


El Poder Ejecutivo presentaría la denuncia en el Consejo de la Magistratura este lunes. Imagen: Joaquín Salguero


El gobierno decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D’Alessio, agentes de inteligencia, fiscales como Carlos Stornelli, periodistas y dirigentes políticos. Al finalizar la tarde, el Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado. Según difundió el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, el gobierno de Mauricio Macri fundó la solicitud en la “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. El hecho principal que se le recrimina es la exposición del magistrado en el Congreso, el 13 de marzo. La decisión provocó un fuerte rechazo dirigentes políticos y abogados especialistas en derecho penal, que la caracterizaron como un “suicidio institucional”, un acto de “autoencubrimiento” y un intento de “obstaculizar la investigación”. Fuentes del oficialismo en el Consejo adelantaron a PáginaI12 que el pedido de juicio político podría presentarse este mismo lunes.

La embestida de Cambiemos contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se precipitó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D’Alessio, quien se negó a declarar. También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D’Alessio para realizar tareas de espionaje. En los allanamientos y la investigación sobre D’Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto. El alcance podría llegar incluso hasta el presidente Mauricio Macri, dado que en un intercambio de chats, D’Alessio le cuenta a Stornelli que “estaba con el amigo MM”. También hay evidencia de fluidos contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al gobierno nacional.

En la nota dirigida por la cartera que conduce Germán Garavano al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, el Ejecutivo sostiene que el juez actúa con “intencionalidad”, “afirmando como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. Le pide entonces al Consejo que determine si el juez incurrió en “incumplimiento de sus funciones”, y argumentó que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”. “No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”, manifestó la nota.

Asimismo, se señaló que “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal”. Y concluye que, “con motivo de todo lo hasta aquí expuesto, le solicito que por su intermedio se expongan los hechos descriptos precedentemente ante el Consejo de la Magistratura a los efectos de que se dé inicio al procedimiento legalmente previsto.

Por otra parte, se remarcó la “evidente finalidad política” que parece dirigir el accionar del juez, al solicitar su pedido de colaboración “a dependencias a las que no correspondía, como lo es el programa Verdad y Justicia, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, atento que el programa Verdad y Justicia solo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”. “El Dr. Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes”, finaliza la nota.

La noticia despertó un amplio rechazo entre juristas y académicos, incluso entre quienes han tenido una actitud muy crítica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el abogado Andrés Gil Domínguez. “Solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas del kirchnerisno y un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial. No luchamos tantos años por la República para terminar así”, señaló Gil Domínguez.

Para Maximiliano Rusconi la decisión de Cambiemos “es un tremendo y global acto de autoencubrimiento”. “La pregunta es qué quieren cubrir, ¿sólo lo que ya sabemos? ¿o esta decisión pretende encubrir actos que todavía no conocemos y que ellos creen que ya vamos a conocer? Es el típico acto del nivel de inmoralidad previo a dejar el Gobierno”, completó el abogado.

En una línea similar, Elizabeth Gómez Alcorta advirtió sobre la voluntad del Gobierno de “obstaculizar una investigación” y la actitud de “defensa de los que intervienen en esta organización paraestatal” que está siendo investigada. En cuanto a la actitud del juez en el Congreso, Gómez Alcorta remarcó que “todo lo que fue manifestado por Ramos Padilla formaba parte de lo que ya estaba en las resoluciones que ya había dictado, en los distintos procesamientos, como en el pedido del llamado a indagatoria, resoluciones que se hicieron publicas, porque una vez que las partes toman conocimiento, las teníamos todos”. “No adelantó en ningún momento opinión”, ratificó. En último punto, la abogada consideró que hay “una doble vara”, ya que no hay pedidos de juicio político a Stornelli, “quien está absolutamente acreditado a esta altura su actuación irregular”.

"Pero además también una cantidad de funcionarios, la mayoría fiscales que se pasean en programas televisivos que son asiduos asistentes a TN y que en ese sentido nadie objeta que puedan dar a conocer o que puedan hablar sobre las investigaciones que tienen en curso. Si uno pone en tela de juicio todo esto justo, creo que lo que queda claro es que lo no quieren que el juez Ramos Padilla siga investigando o que se conozca, o que todos podamos conocer que es lo que está pasando, que es lo que hay en esa causa", agregó Gómez Alcorta.

El trámite en el Consejo

La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que deberá analizar la denuncia contra el juez está presidida por el senador del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto. También la integran la diputada massista Graciela Camaño, el macrista Pablo Tonelli, la senadora radical Inés Brizuela y Doria, el representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez, los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones y el representante de la academia, Diego Molea. De esos 9 miembros, se necesitan 6 para emitir dictamen a favor de la destitución, que luego debe ser evaluada por el pleno del Consejo. Si bien 3 responden obedientemente al Ejecutivo (Mahiques, Tonelli y Brizuela), fuentes del Consejo sostenían anoche que es poco probable que los jueces Lugones y Culotta, pese a que son cercanos al oficialismo, decidan avanzar contra un par. “Tiene que ser una acusación muy, muy fuerte”, revelaban anoche. Tampoco será fácil que Molea, cercano al peronismo, acompañe la embestida. Habrá que ver qué actitud adopta Más Vélez, de cuna radical, pero cuyo voto no alcanzaría para lograr avanzar con la destitución.

De todas maneras, Ramos Padilla tiene que ir al Consejo de la Magistratura el 25 de marzo, ya que está concursando para ser juez federal de La Plata, un juzgado clave. Es el que tiene la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Si bien podría quedar primero en la terna que el consejo eleve al Ejecutivo, está más que claro que Macri no seleccionará el pliego de un juez al que pretende destituir

Algún día debería ir presa la ministra mentirosa, por producir tantas muertes injustas

Fausto Jones Huala fue liberado y quedó establecido que no tenía armas de fuego
Otro montaje de Patricia Bullrich que se cae
El hermano del lonko Facundo Jones Huala es uno de los dos testigos principales del asesinato de Rafael Nahuel. En el juicio abreviado al que fue sometido tras presentarse ante la Justicia se comprobó que se defendió con piedras frente a los prefectos del grupo Albatros que asesinaron al joven mapuche.
Por Santiago Rey


Imagen: NA

Fausto Jones Huala, testigo central del asesinato estatal de Rafael Nahuel, ya está libre. Se había presentado el jueves pasado ante las autoridades judiciales, y en un juicio abreviado realizado el viernes fue sobreseído por el delito de “usurpación”, mientras que se le estableció una pena de seis meses en suspenso por el delito del “atentado a la autoridad”. Un dato central surge de este último hecho: en el acuerdo de partes homologado por la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, quedó establecido que Jones Huala no utilizó armas de fuego contra los integrantes del grupo Albatros, lo cual desbarata el relato del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la existencia de un enfrentamiento entre la comunidad mapuche y los miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval.

Jones Huala reconoció haberse enfrentado con piedras a los uniformados, y de allí surge la pena en suspenso por el “atentado a la autoridad”.

El cambio de situación procesal del joven mapuche -que junto con Lautaro González Curruhuinca bajaron el cuerpo sin vida de Rafael hasta la ruta-, lo habilitaría para declarar como testigo en el expediente que investiga el asesinato de Nahuel.

Se trata de un dato fundamental ya que Jones Huala estaba al lado de la víctima, intentando evitar ser alcanzado por alguna de las entre 114 y 129 balas 9 milímetros que dispararon los cinco Albatros que el 25 de noviembre de 2017 ingresaron unos mil metros territorio adentro de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.

En el juicio abreviado se dio por sentado que Jones Huala no portaba -y por tanto no disparó- armas de fuego, lo cual hace tambalear la teoría de la ministra Patricia Bullrich sobre una emboscada mapuche. El relato del enfrentamiento fue edificado por el Ministerio de Seguridad a partir de un audio de WhatsApp del Oficial Principal Pablo Rubén Berra, jefe del operativo de los Albatros que concluyó con el asesinato de Rafael Nahuel.

Ese audio fue enviado por Berra minutos antes que se le secuestre el teléfono celular. Un día después, el 26 de noviembre, la ministra Patricia Bullrich dio por cierta la versión y repitió la teoría del enfrentamiento, a pesar de la ausencia de pruebas que la sustenten.

Jones Huala había sido procesado a principios de enero por el juez federal Leónidas Moldes, quien además le dictó la prisión preventiva. Desde mayo de 2018 se encontraba “prófugo” para la Justicia que había revocado su excarcelación. Pero este jueves se presentó, y luego de un juicio abreviado -que se concretó en apenas 24 horas y con la representación legal del abogado Matías Schraer- recuperó su libertad.

En horas de la noche del viernes emitió un comunicado, en el que detalló que fue “sobreseído del cargo por usurpación y de la absurda posibilidad de que me juzguen por atentado contra el orden constitucional. Esto fue descartado por la Justicia”.

El joven mapuche -hermano del lonko de la pu lof en Resistencia Cushamen, Facundo Jones Huala- explicó: “Lo único que he reconocido y aceptado es que me defendí con lo que tenía a mano del feroz e injustificado ataque del grupo de elite albatros que mataron a Rafael Nahuel.” Y aportó un dato fundamental: “También quedó descartada la teoría de que hubiera utilizado armas de fuego, quedando claro que se trató de un invento para justificar un inexistente enfrentamiento armado.”

Otra importante novedad se dio en las últimas horas en relación al expediente por el asesinato de Rafael Nahuel. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche fue admitida como querellante en la causa, lo cual implica un primer reconocimiento de que ese crimen puede enmarcarse como una violación a los derechos humanos.

En la resolución que aceptó la participación de la APDH, la Cámara de Apelaciones de General Roca explicó que la muerte de Nahuel “se produce como resultado de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad, donde se analiza el contexto de la represión a un grupo mapuche en el marco de una protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza y el homicidio por la espalda del joven”.

viernes, 15 de marzo de 2019

Justicia reconoce el asesinato de Rafael como una violación a los derechos humanos

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue aceptada como querellante en la causa. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca aceptó el pedido. Implica un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el crimen.

EnEstosDias



Rafael Nahuel (foto Eugenia Neme)

La apelación del organismo de derechos humanos barilochense había sido rechazada por el juez federal Gustavo Villanueva, quien entendió que los hechos investigados no revestían una violación de los derechos humanos como para permitir dicha participación.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca interpretó que el asesinato del joven mapuche puede encuadrarse bajo esa figura y dio crédito al planteo de la APDH que, en base a fallos de Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo “la importancia de la participación de los organismos de derechos humanos, en causas en las que los órganos represivos del Estado son investigados como en el caso de Rafael Nahuel”. En ese hecho “su muerte se produce como resultado de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad, donde se analiza el contexto de la represión a un grupo mapuche en el marco de una protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza y el homicidio por la espalda del joven”.

De esta manera, la Cámara Federal citando jurisprudencia de la Corte Internacional entendió que la prohibición de ejecuciones extrajudiciales que señala el Derecho Internacional es una “grave violación de los derechos humanos”.

Para el Tribunal “hay un hecho no controvertido en la causa que es la muerte de un joven civil a raíz de un disparo de arma de fuego y la presencia en el lugar -lo que predica sobre su posible involucramiento en ese hecho- de integrantes de una fuerza de seguridad estatal”.

La presentación de la APDH fue realizada por su representante legal, Sebastián Feudal.

Con este fallo de la Cámara Federal no sólo los padres de Rafael Nahuel querellarán en la causa, sino también la APDH de Bariloche.

Para ese organismo el asesinato del joven mapuche fue “un homicidio agravado por alevosía y odio racial”, y debe actuarse “tanto contra los autores materiales como contra los instigadores y responsables del procedimiento represivo que culminara con dicha muerte”.

jueves, 14 de marzo de 2019

La democracia en peligro

“Quien tenga oídos para oír, ¡que oiga!” (Marcos 4,23)
Resultado de imagen para stornelli

Desde hace ya un buen tiempo, los argentinos estamos en democracia. Democracia que nos costó mucho conseguir, y siempre es bueno cuidar. Pero la democracia no es, solamente, elegir a nuestros representantes ejecutivos y legislativos (no judiciales ¿por qué?). La democracia es un modo de vida y un modo de gobierno.


Ya hemos señalado en textos anteriores lo deteriorada que está una democracia como la nuestra, en este tiempo de pos-verdad, cooptación de votos, y un poder judicial corrompido en tantas partes.

Ayer, los que quisimos, pudimos escuchar, o informarnos, de la declaración de un juez federal, ante la Comisión de libertad de expresión. Una serie de elementos invitaban a sospechar que un elemento tan importante de la democracia estuviera en peligro. Pero, precisamente, haciendo uso de dicha libertad, la prensa hegemónica en TV, radio y papel eligió ningunear el informe. Es más, más de uno de los implicados prefirió ir a una reunión en la Embajada de los EEUU.

El juez, con textos, documentos (no fotocopias), audios mostró la implicancia de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros en diferentes instancias de nuestro acontecer cotidiano. Periodistas, fiscales, jueces, diputadas y diputados y – probablemente – estamentos más altos aún de la política, además de algunas embajadas (se hizo referencia a la de los EEUU, Israel y Uruguay) aparecen implicados o sospechados de causas de espionaje también a periodistas, empresarios, y toda una alta gama de personajes, muchos de los cuales nos son desconocidos.

Creemos que el tema es de una gravedad inusitada, y nos cuesta creer que políticos, periodistas y funcionarios del poder judicial no sean capaces de dejar por un momento sus simpatías o antipatías en pos del sano funcionamiento de la democracia, de nuestra independencia y de la verdadera justicia. Pero si el poder judicial prefiere defender un fiscal, desentendiéndose de la justicia; si el Cuarto Poder, el periodístico (si sigue siendo el Cuarto y no es por momentos el Primero), prefiere defender a un periodista, desentendiéndose de la verdad e incluso si funcionarios nacionales prefieren una buena relación con países extranjeros antes que el bienestar de su pueblo, es ese caso estaremos asistiendo ante el escándalo de una corporación que se autopreserva, a costa de todo lo que sea.

Nosotros seguimos creyendo en el firme compromiso de buscar juntos la verdad y caminar hacia ella, de buscar justicia, para alcanzarla, y queremos invitar a todos y todas lxs argentinxs a no dejarnos confundir y comprometernos con la verdad y la justicia sin la cual la democracia se desmorona y el pueblo, y en primer lugar los pobres de la patría, sufrirán aún más todavía.

“La Justicia será el ceñidor de su cintura, la verdad el cinturón de su costado” (Isaías 11:5)

14 de marzo de 2019
Grupo de curas en opción por los pobres

“A Rafael lo dejaron morir”

Periferia



Caso Rafael Nahuel: audiencia de apelación, instancia previa al juicio oral.

Fiske Menuko, Puel Mapu.- Rafael Nahuel estuvo seis horas y media tirado en el piso antes de ser atendido por un médico. El impedimento para las primeras atenciones fue una decisión arbitraria y deshumanizante por parte de los mismos prefectos que le dispararon. Este hecho resulta clave (y poco mencionado) para entender el comportamiento del grupo Albatros. Las pruebas en contra de ellos son concretas: 314 vainas calibres 12/70 y 9 mm y una herida en la espalda de Nahuel. ¡El caso es de manual! Sin embargo, la defensa de los prefectos alega que éstos obraron en cumplimiento de sus funciones y en defensa propia, bajo comisión del mismísimo juzgado de Bariloche. Además aseguraron que el juez Leónidas Moldes nunca investigó ni rastreo el terreno en busca de pistas que pudieran comprometer a los jóvenes mapuche. Para la defensa el juez actuó temeroso y de forma parcial en beneficio de Fausto Jones Huala y Lautaro González.

Graciela Salvo y Alejandro Nahuel, madre y padre de Rafael Nahuel, dentro de la audiencia judicial.

Kiñe / Uno.

Son cerca de las 12:30 hs del mediodía. Afuera, en la calle, una brisa suave aunque vertiginosa anuncia la llegada del otoño. Mientras le cebó unos mates lavados a Alejandro, (conocido como ‘tito’ en la familia Salvo – Nahuel) él me cuenta que en Bariloche se dedica a vender leña. “Me tuve que comprar un caballo; el que tenía me lo robaron. Pedí un préstamo y lo fui pagando de a poco.” Algunas veces iba el ‘rafa’ a buscar la leña para vender. Al lado mío está Graciela (la mamá de Rafael) y el hermano del ‘rafa’. Estamos esperando el colectivo que los va a llevar de vuelta a Bariloche. Ambos, Graciela y Alejandro, se sienten animados, saben que estos procesos son largos, pero quedaron conformes con la labor de su abogada en la audiencia. En un momento de la mañana, durante la exposición del abogado del prefecto Javier Pintos, Graciela se quebró. No le quise preguntar nada al respecto. Le cebe un mate, mientras ‘tito’ me seguía contando en confianza, con un ritmo pausado: “al rafa le gustaba soldar. Hacia chulengos y cocinas para la leña. En la casa dejo uno. Vendió el que tenía yo y me dejo el que hizo él. Todavía está”. ‘Tito’ me cuenta que suele traer en el caballo un metro de madera. A veces se vende, a veces no se vende nada. “Vendo a $ 800 el metro, pero ahora la gente no tiene mucha plata. Compran poco.” ‘Tito’ tiene dos hermanos más y cinco hermanas. Dice vivir cerca del río, y me aclara: “el único que murió por un arma es el ‘rafa’, mi mamá y mi papá murieron de cáncer”. La sentencia me desencaja, la lógica de Alejandro Nahuel es irrebatible. Me quedo pensando en ello largo rato mientras esperamos el colectivo en la terminal de Fiske Menuko. Antes que Graciela se vaya le indicó que me gustaría ir a visitarlos dentro de poco tiempo y charlar un poco más con ella. Graciela me advierte: “si acá no nos dan una solución nosotros nos vamos a encadenar”.

Los pies del papá de Rafael dentro de la audiencia.

A Rafael y a la familia de Rafael se los acusa, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, de ser parte de un célula terrorista con apoyo económico internacional. Mostrar los pies del papá de Rafael es un recurso visual certero y evidente para entender lo errático y miserable de esta acusación. Al respecto es necesario aclarar también, que lo más peligroso de esta construcción comunicacional es que el operador y manipulador de esta propuesta de realidad no es, como suele ocurrir, un particular, sino, más bien, las mismas fuerzas comunicacionales del Estado. La versión 2.0 sobre el Pueblo Nación Mapuche se ha actualizado: de indios flojos y harapientos pasaron a ser terroristas financiados por fuerzas económicas internacionales con entrenamiento militar. El argumento discursivo resulta ser arbitrario, aunque dinámico; como dinámicas son las formas de producir dolor que ejerce el Estado argentino sobre las comunidades ancestrales que habitan el Puel Mapu.

Epu / Dos.

El alegato de la Defensa: pedido de sobreseimiento y falta de méritos para los prefectos comprometidos.

Los primeros en exponer fueron los abogados defensores de los cinco Prefectos de la Prefectura Naval (Albatros). Las tres partes coincidieron en varios puntos. En primer lugar reconocieron y recalcaron que el juez Leónidas Moldes interviniente en la causa actuó de forma temerosa, y que por lo tanto esta actuación fue parcial y en contra de los Albatros involucrados. En segundo lugar, la defensa intentó argumentar que no existe un arma homicida: “no sabemos quién lo mató, ni cuál es el escenario primario del crimen”, argumentó Anabella Rosetti (defensora y codefensora de cuatro de los cinco albatros involucrados). En tercer lugar, la defensa volvió a hablar de lanzas con puntas de metal, barricadas y un grupo de 15 a 20 personas que actuaron y se movieron en cuña. “No lo decimos nosotros lo dice el juez Leónidas Moldes”, insistió Rosetti. En cuarto lugar la defensa reconoció que las dos partes periciales fueron hechas por organismos estatales, arrojando resultados diferentes, y que por lo tanto es necesario pedir una tercera pericia antes de llegar a un juicio oral. Por último, y en quinto lugar, la defensa justificó que los Albatros, y específicamente Pintos, actuó con exceso en legítima defensa.

Anabela Smith y Alejandra Rossetti defensora de Juan Obregon, Cavia, Garcia y Valentin Sosa.

“Existe una duda que el propio juez reconoce, respecto del arma que da muerte al señor Rafael Nahuel. Hoy no se sabe cuál es el arma que disparó la bala que se encontró en el cuerpo de Rafael Nahuel Salvo. ¡No se sabe! ¡Existen dudas! Y esa duda, no puede jugar sino es en favor del imputado, sea mapuche o sea un defensor del orden. Todos, absolutamente todos, tienen las mismas garantías, y en este caso las garantías deben aplicarse de esta manera, por eso resulta inentendible, más allá de la resistencia a la autoridad, del accionar injustificado de los funcionarios de la prefectura, una resolución como la que apelo. No existe un sólo elemento que avale la hipótesis que esgrime el señor juez, no hay una sola declaración testimonial que describa lo que pasó en el lugar del enfrentamiento armado. No hay una sola filmación, no hay una sola grabación. No hay una foto, no hay un documento. No hay nada, no se sabe ni siquiera el lugar exacto donde ocurrió.”

La exposición de Rochetti es clara y elocuente. Tiene sobre la mesa un texto subrayado con lapicera que casi no lee. En toda su exposición, que duró cerca de 20 minutos Rochetti no se detuvo a la leer el escrito que tenía debajo de sus ojos, pero sí se detuvo, en tres ocasiones diferentes, para leer el nombre de Rafael Nahuel.

“Tenemos las versiones de un grupo de personas, tenemos las versiones de otro grupo de personas y tenemos un arma que (forzosamente) una pericia dice que fue y otra pericia posterior dice que no fue. Tenemos tres personas de una lado con dermotest positivo y tres personas por otro con dermotest positivo. En este contexto, siento que tampoco se encuentra acreditado que el subfusil MP5 asignado a Pintos participó del enfrentamiento ya que Pintos refiere haber efectuado disparos primero con un arma marcadora -que es el arma que tira tinta- y en una pericia que nos ratificaron ayer, en los resultados se encuentra acreditado que en las ropas de los señores Jones Huala, Rosales y Nahuel Salvo había manchas de esa arma. ¡No puede no dictarse, por lo menos, una falta de méritos respecto del señor Francisco Javier Pintos!”

Marcelo Rochetti, defensor de Francisco Pintos (Albatro), luego de sugerir (sin pruebas) ante el Tribunal de Jueces que Rafael murió a manos de quienes le intentaron salvar la vida, se acercó a Alejandro Nahuel, y le dijo que lamentaba la muerte de su hijo.

Durante toda su exposición Rochetti hizo referencia al enfrentamiento, incluso habló de armas que poseían los jóvenes mapuche, pero que según su lectura, el juez Leónidas Moldes se había negado en rastrear y periciar. Rochetti, fiel a sus convicciones, no se detuvo sólo en la hipótesis de las armas fantasmas que desaparecen solas, sino que además alegó que los que asesinaron a Rafael Nahuel fueron las mismas personas que intentaron salvarle la vida.

“Hay una hipótesis que esta defensa contempla, y que el juez no puede haber ignorado. Si el personal de prefectura que intervino en el enfrentamiento manifiesta como fue el enfrentamiento y como efectuaron los disparos, y no hay nada que rebata esa postura salvo los dichos de los señores González y Jones Huala. Y por otro lado también tenemos acreditado por los dichos de los funcionarios de prefectura que intervinieron en el enfrentamiento que recibieron agresión con armas de fuego por parte del grupo que estaba enfrentando a la autoridad. Y eso se encuentra acreditado por los dermotest realizados sobre los señores Gonzales, Jones Huala y Nahuel Salvo que dieron positivo. ¿No podría haber recibido el señor Nahuel Salvo un disparo proveniente de un arma que no fuese un arma de la Prefectura Naval Argentina? ¿Y por qué el juez no canaliza esa hipótesis investigativa? ¿Por qué no se investigó este hecho como debería haberse investigado? ¡Porque este hecho no se investigó! ¡Se juntaron papelitos! Pero este hecho que no se investigó, y esa no investigación genera un perjuicio fundamental principalmente al señor Nahuel Salvo, y después, por supuesto, a quienes están acusados de un hecho que hasta ahora no está acreditado que hayan cometido. Y nadie puede negar que lo que estoy diciendo es cierto porque acá hay una hipótesis investigativa, que tal vez no arroje el fruto que esta defensa espera o no espera, pero no se trató, no se tocó, no se hizo absolutamente nada. Cualquier instructor judicial novato que recibe un sumario de un enfrentamiento armado entre dos grupos, lo primero que va a hacer, es secuestrar las armas, pero el señor juez las únicas armas que secuestró son las de prefectura, y no hizo absolutamente nada para secuestrar las otras armas que habían intervenido en el hecho. Es más, ni siquiera realizó una reconstrucción del hecho para la mecánica del disparo, para ver si lo que dijo prefectura era cierto o no era cierto. ¡No hizo nada! ¡Se saco el problema de encima! Hizo una resolución desastrosa, deficiente, parcial y tuerta, porque mira con un sólo ojo, con el ojo que mira la prefectura. Entonces, en este marco, a criterio de esta defensa, existirían elementos para pedir el sobreseimiento del señor Francisco Javier Pintos, pero para el caso que nuestras excelencias no comparten ese criterio, no pueden no compartir el criterio de todas las deficiencias que poseen el auto de procesamiento, de todas las diligencias pendientes, cuyo resultado será seguramente esclarecedor ”.

Küla / Tres.

El alegato de la querella: “¡Para que haya exceso, primero tiene que haber defensa!”.

La abogada de la querella que comenzó exponiendo es Natalia Araya, representante de la familia Salvo – Nahuel. La abogada comenzó marcando un punto importante y necesario en la causa para entender y llegar a la verdad real. Araya hizo referencia a la contradicción que significa que los únicos testigos de la causa están hoy con pedido de captura.

Natalia Araya abogada querellante representante de la familia Nahuel – Salvo.

“Se tienen que separar las causas. Porque si nosotros tenemos procesados con un pedido de prisión preventiva a dos testigos fundamentales de la muerte de Rafael Nahuel, nunca vamos a saber la verdad. ¿Por qué? Porque hoy los tenemos con un pedido de captura, lo tenemos con indagatoria, por lo tanto no pueden prestar testimonio. Al no poder prestar testimonio no podemos saber qué es lo que ocurrió. Acá no existen versiones, existe una versión, que es la versión del Ministerio de Seguridad. No existe versión de quién se encontraban junto a Rafael Nahuel, porque los mismos no pueden prestar testimonio porque están indagados, procesados, con pedido de captura, por lo tanto no son libres para poder declarar lo que vivieron, lo que vieron ese día”.

Luego en una segunda parte, Araya hizo referencia a las 314 vainas presentes en la escena del crimen. El público presente escuchaba atento las palabras de la abogada. Los medios regionales presentes en el inicio del juicio ya se habían ido, sólo quedaban dentro de la sala los medios alternativos y la compañía de militantes sociales y activistas mapuche.

“¡Fue impresionante escuchar como sonaban los detectores de metales! A los 400 mts nombrados por el Ministerio de Seguridad no había una sola vaina, no había un sólo proyectil. ¡No había nada! A los 1000 mts no paraban de sonar, así que supimos que prefectura efectuó 314 disparos (por lo menos). Si 314 disparos, en este lugar, me parece que no puede haber nunca una defensa. ¡Si no hay defensa, no hay exceso¡ ¡Para que haya exceso, primero tiene que haber defensa!”

¡El caso es de manual! Pero también representa un caso testigo, un caso piloto para agilizar y generar precedentes jurídicos: “¡hay que matar mapuche y culpar a los propios mapuche de asesinarlos!” “¡Es necesario desalojar los territorios de sus habitantes nativos y ocuparlos con proyectos inmobiliarios y extractivos!” Es la historia del despojo y el genocidio contra el pueblo mapuche en movimiento, en su versión 2.0, con cámaras que filman en HD y lentes que ven en la oscuridad. No es casual que la sala de la Cámara de Casación de Fiske Menuko esté repleta, con más personas aguardando en la calle. El futuro de la mal llamada patagonia argentina en materia de Derechos Humanos y en materia de desalojos territoriales es incierta, aunque certera es la pretensión histórica de las tierras del Puel Mapu.

“El juez procesa por exceso en la legítima defensa: homicidio simple, cuando tiene que ser artículo 80, no el art. 79, agravado por el uso de arma de fuego. ¡No! Art. 80 inciso 9. Estamos hablando de funcionarios públicos. Funcionarios portadores de armas, funcionarios destinados a defender a las personas. ¡No! Acá no hay cumplimiento de un deber. ¡Lo único que acá falta es que hablemos de la obediencia de vida! ¡No tenemos cumplimiento del deber! ¡El cumplimiento del deber no es matar una persona! El cumplimiento del deber era: cuidar el predio, no permitir el ingreso de nuevos ocupantes, realizar patrullajes. Eso es lo que dice la orden. En ningún momento dice: ¡Abatir persona! ¡Perseguir persona! ¡Matar persona, dispararle y dejarla abandonada a su suerte. En ninguna lugar de la resolución dice algo parecido”.

Natalia Araya es sintética, y a la vez profunda. Reconoce que existen puntos periciales que son necesarios resolver antes de ingresar al juicio oral, pero también fundamental porque en las mismas pericias ya iniciadas hay elementos suficientes no sólo para avanzar en el proceso judicial, sino que además para exigir la prisión preventiva de los cinco Albatros comprometidos en el asesinato de Rafael Nahuel.

Los jueces Richar Gallego, Mariano Lozano y Ricardo Barreiro notificaran a las partes, vía e – mail la resolución de esta audiencia

“Con respecto a las pericias químicas existentes, esta parte, y la defensa de Jones Huala y González, lo que ha pedido desde el principio es que se haga una interpretación exhaustiva. ¿Qué significa ésto? Que al momento de solicitar la pericia hay que saber todo. Ésto es: la forma en la que fueron tomado todas las muestras. A Rafael le tomaron pasadas las seis horas, luego de haberlo manipulado de un lado para otro; a Rafael no sólo que se lo dejó tendido en la cima de la montaña, muerto, lastimado y sin haberlo salvado o intentado salvarlo -cuando lo tuvieron que bajar sus compañeros, de lo contrario iba a quedar ahí arriba-, si no que después lo tiraron a la ruta, y lo iban moviendo de un lugar para otro. Lo dicen los prefectos, lo dicen los médicos, los testigos civiles que se encontraban en el lugar. ¡El cuerpo se iba moviendo! Se tomó todas las muestras después de pasadas las seis horas. A Rafael lo bajan a las cinco de la tarde, las muestras se tomaron a las once y media de la noche. ¡Once y media! Es decir, seis horas y media después. Y recién al otro día se hizo el dermotest en la morgue del hospital zonal. ¡Pasaron demasiadas horas! ¿Hay contaminación? ¡Y puede haber! ¡No lo podemos determinar! Que no haya contaminación de las once y media de la noche en donde le pusieron las bolsas, hasta el otro día, bueno puede ser, pero de las cinco hasta las once, es un espacio de tiempo muy grande. Rafael estaba en la calle tirado y manipulado”.

Araya reconoce que hubo entorpecimiento de la investigación y que existe riesgo de fuga por parte de los Prefectos de Prefectura Naval.

“Nosotros consideramos conforme a lo que hemos dicho desde un primer momento que el procesamiento no puede estar enmarcado en el art. 79 con exceso en la legítima defensa, sino que directamente tienen que estar enmarcado, en cuanto a Pintos, en el art. 80, y en cuanto al resto de los imputados (Cavia, Obregón, Sosa y García) tienen que estar como cómplices de este homicidio agravado. El juez dicta el procesamiento sin prisión preventiva porque considera que no existe riesgo de fuga, ni entorpecimiento de la investigación. Ésto es: que los imputados siempre han estado a derecho y que no van a entorpecer la investigación. La verdad que nosotros no estamos de acuerdo con ésto. El entorpecimiento de la investigación ha estado desde un primer momento. Esto es: poniendo esta teoría del enfrentamiento, dilatando la investigación. La fiscalía solicitó los 400 metros basándose en el informe del Ministerio de Seguridad y los testimonios recabados dentro del Ministerio de Seguridad a los miembros de Albatros y de Prefectura Naval Argentina. Esto es: si nos hubiésemos basados por los dichos nunca hubiéramos llegados al lugar donde se disparó y al lugar donde cayó Rafael Nahuel. Esto ya hace notar que hay un entorpecimiento de la investigación, que hay un pedido explícito de no llegar a la verdad real, y por lo tanto de que no haya justicia. Otro de los puntos que nos hace notar que hay un entorpecimiento de la investigación es este pedido que se hace dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad: las pericias, y que estas pericias se hayan hecho por parte de Gendarmería. Nosotros pudimos estar presentes en la pericia y la verdad que la forma en la que fue hecha la pericia, la convivencia que había entre peritos era impresionante, porque el perito de la defensa era profesor del resto de los peritos”.

Por último, para concluir con su alegato, la doctora Natalia Araya, visualiza la parcialidad en las decisiones y determinaciones de Moldes, decisiones y determinaciones parciales que atraviesan toda la causa, el procesamiento y que son verdaderamente comparables a otros armados de causas.

“Estamos hablando de Prefectos de la Prefectura. ¿Hay riesgo de fuga? Si hay peligro de fuga. El juez considera que con Jones Huala y con González existe el peligro de fuga, cuando son personas sin recursos económicos, sin recursos materiales, sin recursos para poder salir del país, pero no con los miembros de albatros. Están procesados por un delito que podría implicar pena de prisión, y más aún, si se los calificará como se los tiene que calificar, que es una escala penal muy elevada, con recursos materiales, ideológicos como para poder darse a la fuga si lo quisieran”.

El futuro de la causa Rafael Nahuel es tan incierta, como incierta son las nuevas causas que recaerán sobre otros jóvenes mapuche que transitan el Puel Mapu. Las pruebas son concretas en contra de los prefectos, pero como en “El proceso” de Kafka, aquí no se trata de pruebas, sino de construcciones de la realidad que permitan avalar el asesinato y el despojo territorial; por supuesto, que la resistencia es jurídica y comunicacional, pero también se trata de una resistencia de saberes, de sabidurías cosmogónicas (véase “Los nidos de los pájaros carpinteros que Patricia Bullrich no interpretó”) en donde se puedan reconocer visiones de mundos diferentes; visiones de mundos diferentes que el Código Civil y Penal argentino no contempla, pero que si intenta reconocer la abogada Natalia Araya.

“Hay varios testimonios en donde todos los miembros de la prefectura alegan no haber escuchado ruidos, no haber visto a ningún mapuche con armas, no haber escuchado disparos. Lo que sí refieren es: “¡escuchamos gritos!” Nosotros lo que estamos solicitando es, que también lo ha solicitado la defensa de Fausto y Lautaro, un estudio antropológico. ¿Por qué? Porque los gritos tienen un significado. Como puede ser que bajaron a Rafael y se escuchaban gritos. Todos los que vivimos en la zona, sabemos a qué hacen referencia esos gritos. El juez parece no estar interesado en lo que refiere a esos gritos. ¡Son gritos de despedida! Y así lo refirió un miembro de la comunidad que estaba en ese lugar. Estaban despidiendo a la persona que había sido abatida”.



Cobertura: Gustavo Figueroa.

domingo, 3 de marzo de 2019

El colmo de la cobardía

Denunciaron amenazas de muerte contra la madre de Rafael Nahuel
Graciela Salvo lo hizo público este viernes. Contó que durante la última marcha por el asesinato de su hijo un hombre se le acercó y le dijo “pará con las marchas porque vas a terminar como él”.

Bariloche- EnEstosDías



(Fotografía José Luis Zamora)

Acompañada por integrantes de la APDH, la Multisectorial contra la Represión, H.I.J.O.S, UnTer, ATE, CTA y familiares, Graciela Salvo, madre de Rafael Nahuel, contó llorando que un desconocido, “un hombre mayor, morocho y de baja estatura”, se le acercó durante la última marcha en reclamo de justicia por la muerte de su hijo, y le dijo al oído “pará con las marchas y los papeles porque vas a terminar como él”.

Rafael Nahuel (22) recibió un disparo por la espalda que le causó la muerte durante la represión de Prefectura a la comunidad mapuche Lafken Wuinkul Mapu en Villa Mascardi a fines de noviembre de 2017. En la causa hay varios prefectos procesados, pero ningún detenido, a pesar de que una pericia determinó que el cabo Javier Pintos fue el autor del disparo que mató al joven.

“Ese día de la marcha se me acercó un señor y me preguntó si yo tenía documentación de Rafita, y yo le dije que no, que la tenía el juez. Y entonces me dijo que no siga con los papeles porque me iba a pasar lo mismo que pasó con mi hijo”, relató Graciela Salvo, y aseguró además que “no voy a bajar los brazos por más que me hayan amenazado hasta que no haya justicia por Rafita”.

Salvo aclaró también que esta fue la primera vez que algo así le sucede: “era un hombre solo, bastante mayor, morocho, gordo y petiso”, recordó.

“Es una injusticia para la familia. Día a día es un dolor muy grande el que nos toca vivir, y es muy injusto que ahora, además de todo me amenacen”, dijo Salvo conmocionada y llorando; “Rafita es mi hijo, yo lo parí, yo lo crié, y ahora no puedo parar hasta saber qué fue lo que pasó con mi hijo, por qué me lo mataron”.





(Fotografía José Luis Zamora)

“Nos toca denunciar un hecho tristísimo en democracia”, señaló la abogada de la APDH, Natalia Araya, “Ocurrió el 25 de enero, cuando nos encontrábamos marchando, acompañando a los padres de Rafael en su pedido de justicia, con la participación de las organizaciones sociales, gremios y vecinos. En esas ocasiones mucha gente se acerca a solidarizarse, pero esta vez ocurrió que un hombre se acercó y le dijo a Graciela que si no la cortaba con las marchas y con el expediente judicial iba a terminar igual que su hijo”.

La abogada explicó que aún no han formalizado la denuncia ante la justicia. Dijo que durante los días transcurridos desde el hecho se han ocupado de recabar las pruebas que les permitan identificar al hombre que amenazó a Salvo. Araya pidió también colaboración a la Prensa para que aporte fotografías y videos.

“Este hecho ocurrió en la esquina de Moreno y Beschtedt”, puntualizó.

“Además de denunciar esto que es gravísimo”, continuó la abogada, “el mensaje que queremos transmitir es que las marchas no van a cesar, que el expediente judicial no va a cesar, y que vamos a estar presentes acompañando a la familia junto a los gremios y las organizaciones sociales”, y advirtió que “esto va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque el Grupo Albatros tiene que responder por este crimen del cual es responsable el Estado nacional”.


Natalia Araya, abogada de la APDH (Fotografía José Luis Zamora)



El 13 de marzo tendrá lugar la instancia de apelación ante la Cámara en General Roca en relación a la resolución de procesamiento de cinco integrantes del grupo Albatros por “por homicidio en legítima defensa” y los dos jóvenes mapuches testigos del asesinato de Rafael Nahuel, Fausto Jones Huala y Lautaro González, dictada a mediados de enero por el juez Federal Leónidas Moldes, quien además decidió el cierre de la Instrucción de la causa dando crédito a la "teoría del enfrentamiento" entre centenares de efectivos de las fuerzas de seguridad y un grupo de jóvenes desarmados.

El tamaño del dolor

Por Eric Nepomuceno




Poco después de las doce del mediodía del viernes Arthur, de siete años, murió. Había sido internado en un hospital de San Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de la ciudad de São Paulo, cinco horas antes. Diagnóstico: meningitis aguda.

Se pasaron unos veinte minutos y sonó el móvil del jefe de la Policía Federal en Curitiba, donde el abuelo de Arthur está detenido desde abril del año pasado. Y le tocó al funcionario transmitir la noticia al preso.

El abuelo se llama Luis Inacio Lula da Silva, fue el presidente más popular de Brasil en las últimas seis décadas –hay los que afirman que el más popular de la historia– y ha sido condenado en un juicio totalmente manipulado por un juez de provincia llamado Sergio Moro, transformado por los grandes medios hegemónico de comunicación en una especie de paladín de la justicia. Un sujeto cuya integridad moral tiene la consistencia de las alas de un mosquito transmisor de rabia.

Arbitrario hasta mucho más allá de los límites de la decencia, ese juez ocupa ahora el ministerio de Justicia y Seguridad Pública del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Ha sido el premio por meter Lula preso, en una sentencia absurda –“acto indeterminado”, dice literalmente, para luego aclarar que está basada en “convicciones”, o sea, sin prueba alguna– e impedirlo de disputar y ganar las elecciones presidenciales del año pasado.

Al escuchar la noticia dada por su carcelero, Lula se derrumbó en un llanto sin fin. De sus nietos, Arthur era el más allegado. Desde la muerte de doña Marisa, esposa del ex presidente, Arthur fue vivir con su padre, Sandro, hijo de Lula, y su madre, Marlene, en el departamento del abuelo. Amarga coincidencia: Arthur murió cuando se cumplieron treinta días de la muerte de Genival Inacio da Silva, el Vavá, hermano mayor de Lula que lo cuidó a lo largo de toda la infancia.

Cuando de la muerte de ‘Vavá’, la justicia de la provincia de Paraná impidió que Lula fuese al entierro, un derecho que le era garantizado por ley. Ahora, autorizaron el viaje, pero con restricciones inmorales: el abuelo podría permanecer solamente hora y media en el velorio. ¿Por qué no hasta el final? ¿Por qué no?

Bueno, Lula es Lula: se quedó dos horas. Lloró varias veces. El despliegue de seguridad fue otra aberración: uno de los policías federales que lo escoltó usaba chaleco antibalas, gafas de sol, ostentaba un fusil y en el pecho exhibía un escudo de la SWAT de Miami, Florida. Docenas de policías militares cercaron la capilla en que se velaba el cuerpo del niño Arthur y al menos diez entraron en el recinto, en una grotesca falta de respeto a la familia. Más que un circo absurdo, una muestra clara del pavor que Lula sigue despertando entre los abyectos de este país podrido.

Nada, sin embargo, se comparó a la actitud asquerosa de un pedazo de asco llamado Eduardo Bolsonaro, hijo del igualmente grotesco padre presidente: en las redes sociales, protestó contra el permiso –vale reiterar: asegurado por ley– para que el abuelo fuese al velorio del nieto. Y aprovechó para exigir que Lula sea transferido de la Policía Federal de Curitiba para una cárcel común.

Tanto Eduardo como sus dos hermanos animalescos, el senador Flavio y el concejal por Rio de Janeiro Carlos, son íntimos, junto al papá presidente, de grupos de exterminio en Rio de Janeiro, los llamados “milicianos”. El cuarteto traba una intensa disputa interna para probar cuál de ellos es capaz de destilar más odio y rencor. Ese es el clan que ocupa el poder en mi país. Esa la obscenidad que impera día y noche.

En poco más de un año Lula perdió a doña Marisa, a su hermano más cercano, a su nieto más allegado. Ayer, volvió del velorio a la celda y a la soledad más profunda. ¿Hasta cuándo aguantará? ¿Hasta cuándo este país de mierda seguirá aceptando lo que ocurre? ¿Hasta cuándo irá imperar la impotencia generalizada frente a una sucesión absurda de escándalos?

Lula sabe que he sido crítico de muchos aspectos de sus dos mandatos presidenciales. Que he sido –y soy– crítico de muchos actos de su partido.

Pero también sabe de mi amistad a toda prueba, y de mi afecto. Lo que no sé es si el mismo Lula sabrá el tamaño de su dolor. Y de mi indignación por lo que este país nuestro está viviendo resignado, callado, avergonzado.

Te abrazo, mi buen amigo.

domingo, 24 de febrero de 2019

El FpV aseguró que si es gobierno se termina el Reino de Lewis en Río Negro

El reclamo por el Escondido entró en la campaña rionegrina
Para que no escondan el lago
Los candidatos a gobernador y vice del Frente para la Victoria (Martín Soria y Magdalena Odarda) encabezaron una marcha para exigir el libre acceso al lago, impedido por el magnate Joseph Lewis, dueño de 12 mil hectáreas.


Candidatos, organizaciones sociales y vecinos marcharon por el lago Escondido.

La pelea por recuperar el Lago Escondido tuvo ayer un nuevo capítulo. Como parte de su campaña para las elecciones a gobernador, que Río Negro hará el 7 de abril, la fórmula del Frente para la Victoria (Martín Soria y Magdalena Odarda) encabezó, junto a organizaciones y vecinos, una marcha hasta la entrada a la estancia del magnate británico Joseph Lewis, que impide el libre paso por un camino público. En la actualidad, la única forma de acceder al lago es a través de un camino de 44 kilómetros por la montaña, con zonas de variada dificultad, al final del cual esperan los hombres de seguridad de Lewis. Se tarda entre tres y cinco días en llegar al lago.

“Estamos en medio de nuestra recorrida de campaña por la zona andina. Ayer fue un mediodía histórico, porque es la primera vez, a 43 días de las elecciones, que una fórmula se compromete a luchar para que ese lago vuelva a ser de todos los argentinos”, le dijo Martín Soria a PáginaI12. “Hace más de diez años del fallo que ordena abrir el paso al Lago Escondido, y el gobernador Weretilneck sigue desobedeciéndolo. La soberanía, la patria, se ejercen. Y no vamos a permitir que un gobierno cipayo como el de Macri ampare a su amigo Lewis y se queden con parte de nuestra patria. Por eso nuestra primera medida al frente de la provincia va a ser recuperar el lago para todos los argentinos y garantizar que todos podamos transitar por los caminos públicos”, insistió Soria.

Su compañera de fórmula, Magdalena Odarda, recordó: “El reclamo por el acceso al lago viene desde hace 14 años. En 2005, junto con varias organizaciones, presentamos un amparo. En 2009 salió la sentencia a favor de los ciudadanos, para que quede libre el Camino del Tacuifí (es una voz mapuche que significa ‘tanto tiempo’, una forma de saludo). Desde 1996, cuando con una maniobra fraudulenta Lewis compra esas tierras, siempre hubo mucha violencia y agresiones muy fuertes para que no accediéramos al lago”.

–¿Por qué es fraudulenta la compra de las tierras?

–Porque Lewis no puede comprar esas tierras porque es extranjero y ésa es una zona de frontera.

El multimillonario británico compró en 1996 una extensión de 11.000 hectáreas, dentro de la cual está el lago. Para sortear la prohibición que le imponía la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 385/44 (establecen que por su ubicación estratégica esas tierras no pueden estar en manos de extranjeros), Lewis se valió de testaferros, que fraguaron la compra y luego le vendieron la tierra. Sigue en marcha una investigación porque se anuló el sobreseimiento de los funcionarios públicos que en algún momento vendieron y certificaron esas tierras y de los privados que las compraron.

Según un informe presentado por la Universidad Nacional de Río Negro y la Legislatura provincial, el porcentaje de extranjerización de la tierra en la provincia de Río Negro es del 2,03 por ciento (358.562 hectáreas sobre un total de 17.679.594). En Bariloche, sin embargo, ese porcentaje es mucho mayor: la superficie rural en manos de extranjeros es del 21,61 por ciento (36.609,01 hectáreas sobre un total de 169.391,01). Además, los dos extranjeros con mayor cantidad de hectáreas son personas jurídicas: Estancia Río Foyel S.A. (de nacionalidad belga, con 21.480,22 hectáreas) y Hidden Lake S.A. (de nacionalidad británica, con 11.284,66 hectáreas).

–¿Tuvieron algún problema en la marcha?

–Hace pocos días (el 12 de febrero) hubo una marcha, en la que partieron dos grupos (uno por el camino de montaña y otro por el del Tacuifí) que iban a encontrarse en una isla que hay en medio del lago. La policía provincial y la seguridad de Lewis los atacaron, amenazaron, los tiraron al agua (muy fría). Esta vez hubo intentos de amedrentamiento.

–¿Qué pasó?

–La marcha había tenido mucha difusión y siempre hicimos hincapié en que era pacífica. Llegamos hasta la tranquera que cierra el paso del Camino del Tacuifí. No la abrimos aunque habríamos podido porque el camino es público. Muy significativamente, cuando estábamos llegando vimos una grúa inmensa que estaba poniendo una cámara, con la que nos fotografiaron durante todo el acto. Fue evidente que intentaban intimidarnos, porque la recuperación del lago es un acto de soberanía.

La senadora nacional y candidata a vicegobernadora concluyó: “Nuestra lucha es por el libre acceso a las costas para todos y contra la extranjerización de la tierra. Y también contra el cierre de las escuelas rurales que están dentro de los territorios que compró un príncipe de Qatar. Queremos ser la primera provincia argentina que le ponga un freno a este despojo de nuestro territorio y la primera que le ponga un freno al macrismo”.

Ellos mismos dicen que lo único que crecerá es la inflación y el dólar

Economistas prevén un cuatrimestre con "alta inflación"
23 Febrero 2019 - Ambito Financiero
El economista Miguel Kiguel consideró que la inflación de febrero será "más alta que la de enero". En tanto, Gabriel Zelpo, de Elypsis, consideró que la lógica es que el dólar evolucione como hasta ahora "en línea con la inflación".




La suba está impulsada por tarifas, precio de carne vacuna y shock de costos tras la devaluación.

Economistas pronosticaron este sábado que habrá un cuatrimestre con "inflación alta", mientras consideraron que el dólar en la actualidad se encuentra en un nivel "competitivo".

El economista Miguel Kiguel analizó que la suba del dólar se dio porque "la tasa de interés de las leliq bajó demasiado rápido" y "la inflación, que fue del 2,9%, por arriba de lo que se esperaba".

"Todo eso llevó a que el tipo de cambio suba. El Banco Central reaccionó rápido y bien", destacó y aseguró que "dio muestras de que lo puede controlar".

Puntualizó que "en la Argentina es muy importante la estabilidad cambiaria", mientras estimó que "el dólar no va a acompañar la suba de precios este año, pero no se va a quedar muy atrás".

Con relación a la inflación, pronosticó que en febrero será "más alta que la de enero". “Va a ser un cuatrimestre de inflación alta. Para mayo deberíamos ver números un poco más bajos", consideró Kiguel en diálogo con FM Milenium.

Por su parte, el economista jefe de la consutora Elypsis, Gabriel Zelpo, evaluó: "El problema grande que tenemos es que el dólar es una variable que miramos todos los días".

"Es una economía bastante dolarizada y cada vez que se mueva un poquito, siempre nos despierta algún miedo. Más si se tiene en cuenta que venimos de una crisis cambiaria bastante significativa como la de 2018", señaló.

Además, subrayó que, en la actualidad, el dólar se encuentra en un nivel "relativamente coherente", por lo que rechazó la posibilidad de que haya un atraso cambiario.

"Pedir un tipo de cambio real más alto es lo mismo que pedir un mayor ajuste que ya hemos observado", alertó Zelpo.

Con relación a los posibles movimientos del billete en el corto plazo, señaló: "Esperamos que evolucione como hasta ahora, en línea con la inflación y cercano a la banda inferior".

"Más allá de algún salto como el de la última semana, que se siga ubicando cerca de la banda inferior", insistió.

La pesada herencia de Bullrich y cia.: Se triplicaron los asesinatos en Bariloche

Crecieron un 200% los homicidios en Bariloche durante el 2018

El año pasado murieron nueve personas por hechos violentos en la ciudad andina. Algunos fueron juzgados y otros están en proceso. Uno a uno, un repaso por todos los casos.


POR JORGE VILLALOBOS FEBRERO 24, 2019 10:32 AM Río Negro




Iris Colivoro fue asesinada de una puñalada en su casa del barrio Nuestras Malvinas. (Foto: Alfredo Leiva)

Despertó esa madrugada alertada por una de sus hijas que escuchaba ruidos en la casa. Saltó de la cama urgida y caminó sigilosa por el piso helado de cemento crudo hacia la cocina, mientras las tres niñas quedaron en la habitación. A finales de octubre, las noches de Bariloche todavía son muy frías y a la casa de Iris Colivoro le faltaba abrigo. No tenía gas natural y para calentar la vivienda, de paredes de ladrillos, utilizaba leña. En pocos segundos, descubrió que desconocidos habían entrado a su domicilio y advirtió angustiada que le habían robado la garrafa de gas. Iris nunca imaginó que la sombra de la muerte estaba a su lado. Minutos después, la mujer se desplomó al suelo herida de muerte. Una veloz puñalada en el pecho la mató ante la mirada atónita de sus hijas, que se habían despertado por los gritos.

El autor del homicidio huyó con la complicidad de la noche, junto a otro muchacho y una joven. Los sospechosos fueron arrestados pocos días después. El autor de la puñalada que causó la muerte de Iris la madrugada del 23 de octubre pasado, admitió su responsabilidad ante el juez. El otro muchacho reconoció haber sido el autor del robo de la garrafa, que ocultaron en un pinar frente a la vivienda, que está ubicada en la calle Pedro Giachino, entre Soldado Olavarría y Tierra del Fuego, en el barrio Nuestras Malvinas.

Como son menores de 18 años fueron declarados responsables y enviados a instituciones para adolescentes en conflicto con la ley que funcionan en otras ciudades de la provincia. Fuentes judiciales explicaron que cuando cumplan los 18, se definirá si corresponde aplicarles una condena.

Pendiente

El homicidio de Iris dejó perplejos a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que todavía tiene que resolver la situación procesal de la joven que estaba con los dos adolescentes. Las fuentes informaron que aún no se pudo esclarecer con certeza el rol que cumplió la chica. Pero hay testimonios que indican que intentó evitar la tragedia.

Respuesta
7 casosde los 12 registrados en los últimos dos años fueron resueltos por la Justicia provincial.

Iris tenía 36 años y tres hijas. En la casa del barrio Nuestras Malvinas ya no se escuchan risas ni gritos de las niñas. En el patio quedó un triciclo desgastado, un poco de leña y mucho silencio.

El crimen de Iris causó estupor y mucha indignación en el barrio y los alrededores. Pocos vecinos hablan del caso. Pero destacaron que Iris era una mujer muy trabajadora, que luchaba por salir adelante con sus hijas. Su esposo no estaba en la casa cuando ocurrió la tragedia.

El año pasado hubo 9 homicidios en Bariloche. Los investiga la fiscalía que conduce Betiana Cendón y su equipo. La fría estadística indica que hubo el año pasado un incremento del 200% en comparación con 2017, cuando hubo 3 homicidios investigados por la Justicia provincial. No se incluye el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, que ocurrió la tarde del 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, porque es una causa que investiga la Justicia Federal.

Hay cinco albatros procesados como coautores del delito de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa.

El juez federal de Bariloche Leonidas Moldes dictó a principios de enero pasado el procesamiento, sin prisión preventiva, contra los albatros. Los defensores y la querella apelaron ante la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.

Crecimiento

Como el caso de Iris hubo otros que el año pasado causaron asombro. Historias que en un minuto cambiaron para siempre la vida de los protagonistas. Pérdidas dolorosas, proyectos y sueños que se rompieron.

Cristian Juanico no tenía relación con la familia de su novia. Pero la madrugada del 20 de febrero decidió en un puñado de segundos acompañar a la joven que iba en auxilio de su madre y su hermana, que tenían problemas con un vecino.

Juanico había terminado su jornada laboral, pero llevó su arma reglamentaria. Efectuó un solo disparo la madrugada del 20 de febrero del año pasado. La bala terminó con el conflicto y con la vida de Ricardo Javier Correa Castro. El homicidio sucedió en el patio de la casa 70 del barrio 270 Viviendas.

El joven nacido en Comallo llevaba apenas un año como policía cuando su vida dio un vuelco inesperado. La pericia balística constató con certeza que el proyectil salió del arma reglamentaria de Juanico, que aseguró que nunca tuvo intención de matar a nadie.

En el juicio abreviado, el empleado policial admitió su culpa y lo condenaron a 10 años y 8 meses de prisión. Antes de ser esposado y trasladado a la cárcel, pidió perdón a la madre de la víctima. La mujer abrazó al joven condenado, que estaba desconsolado. Y lloraron juntos. La imagen quedó grabada en el público que estuvo esa jornada.

Enemistad

Darío Millalonco y Juan Llancanao se tenían bronca desde hace rato por problemas que habían tenido en el barrio.
Llancanao estaba convencido de que Millalonco había entrado a robar a su departamento. Por eso, la noche del 24 de agosto pasado cuando observó que Millalonco caminaba hacia una despensa ubicada en la calle Sobral al 1100, decidió interceptarlo para aclarar las diferencias.

Llancanao había tomado unas cervezas. Discutieron en la calle. Pero cuando Llancanao se dio vuelta para retirarse, Millalonco sacó un arma de fuego y efectuó presuntamente un tiro. El proyectil impactó en la cabeza de la víctima, que murió en la calle.

Sergio Rodríguez estaba con la víctima. Pero conocía también al agresor.
Rodríguez explicó después a los fiscales que huyó del lugar y, después, se reunió con Millalonco y acordaron atribuir el homicidio a un tercero.

Millalonco se presentó a las 5.20 del sábado 25 de agosto en la comisaría 28 y se puso a disposición de la Justicia. Rodríguez se entregó después en la misma unidad policial. Los investigadores no hallaron aún el arma.
Rodríguez relató la secuencia ante la jueza de garantías Romina Martini y señaló a Millalonco como el supuesto autor del disparo que mató a Llancanao.

Cendón pidió que el testigo sea excarcelado y sobreseído. La querella agradeció a Rodríguez la colaboración con la investigación y adhirió al pedido de la fiscal.

Martini rechazó el pedido de sobreseimiento para Rodríguez porque consideró que es “prematuro”, pero le concedió la libertad. En cambio, ordenó que Millalonco sigue detenido hasta que finalice la investigación. En los próximos días será juzgado.
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Las víctimas



Alén Coronado Pacheco murió la madrugada del 3 de febrero de 2018 ahogada. La investigación apuntó de inmediato a Diego Sebastián Maldonado, que fue detenido horas después. Los dos habían compartido bebidas alcohólicas y un paseo en motocicleta hasta la zona de Virgen de las Nieves, donde Alén murió. Maldonado no avisó a nadie de la tragedia. Tampoco le prestó auxilio. La chica tenía 19 años y una hija pequeña. La fiscal Betiana Cendón lo imputó por abandono de persona seguido de muerte . Pero no surgieron pruebas para sostener esa hipótesis y Maldonado fue condenado a 3 años de prisión efectiva por homicidio culposo, en un acuerdo que la abogada querellante Natalia Araya consintió.
Marco Antonio Barrera Santibáñez recibió un puntazo la tarde del 18 de junio último y murió por la grave hemorragia. Tenía 24 años. Por el crimen, fue condenado Francisco Damián “Chompi” González, pero los jueces concluyeron que el homicidio se cometió con exceso en la legítima defensa. Por eso, lo condenaron a 3 años de prisión efectiva: valoraron que no tiene antecedentes. La sentencia fue impugnada por la fiscalía, que había acusado por homicidio simple, y la querella ante el Tribunal de Impugnación.
Marcos Queipo vivía en un departamento de la calle Chubut, entre Elordi y Ruíz Moreno. Lo mataron a puñaladas el 10 de noviembre pasado. Por el crimen están imputados Maximiliano Sánchez Surraco y Gustavo Zambrano, detenidos con prisión preventiva. Fuentes con acceso a la causa informaron que mañana está previsto que se haga un juicio abreviado para resolver este caso.
Ricardo Javier Correa Castro murió por una bala calibre 9 milímetros que salió del arma del policía Cristian Juanico. El homicidio ocurrió la madrugada del 20 de febrero de 2018 en el patio del domicilio de la víctima, en el barrio 270 Viviendas. Una pelea entre vecinos originó la tragedia. Juanico fue condenado por el delito de homicidio agravado por su condición de policía a 10 años y 8 meses de prisión. La sentencia quedó firme. La víctima tenía 38 años.
Gustavo Manuel Quiñehual estaba casado y tenía tres hijos. Fue apuñalado la madrugada del 20 de julio pasado en la calle Elflein al 1000, frente a una pinturería, tras haber compartido un asado con colegas pintores. Tenía 35 años. Los jueces Gregor Joos, Marcos Burgos y Bernardo Campana condenaron a Ubaldo Martín Chamorro, que reconoció su culpa, a 8 años y 8 meses de prisión al homologar un acuerdo pleno entre la fiscalía, la querella y la defensa.
Mario Sandoval recibió un puntazo en la espalda el 10 de septiembre pasado. Por el homicidio está acusado Maximiliano Ojeda, que estuvo detenido 5 meses y recuperó la libertad hace días porque venció el plazo de la prisión preventiva. La fiscal Betiana Cendón acusó a Ojeda de haber sido el autor del homicidio de Sandoval, que ocurrió entreel 10 de septiembre pasado en el barrio Nahuel Hue. La fiscalía sostuvo que Sandoval se enfrentó en la calle con Ojeda, que le dio un puntazo en la espalda. La víctima tenía 21 años. El imputado negó haber sido el autor del crimen. Y sus defensores confiaron que el estudio de ADN sobre la ropa y las zapatillas de Ojeda no halló rastros de sangre de la víctima.
Oscar Horacio García fue asesinado la noche del 16 de junio pasado, en un a toma ubicada en la zona del barrio San Francisco IV. García murió de un disparo de un arma calibre 22 cuando intentaba derribar con un machete la puerta de una vivienda que atacaba con otros sujetos. Tenía 36 años. Una vieja enemistad entre las familias originó la violencia. El presunto autor del disparo está detenido y será juzgado. Una mujer está además sospechada.
Juan Llancanao murió casi en el acto. Fue ejecutado de un tiro en la cabeza la noche del 24 de agosto en inmediaciones del cruce entre las calles Sobral y Sarmiento. Por el homicidio está imputado y detenido con prisión preventiva Darío Millalonco. El juicio está previsto para mediados de marzo. La víctima tenía 27 años. La investigación estableció por ahora que había una enemistada entre el presunto autor del crimen y Llancanao.
Iris Colivoro fue asesinada de una puñalada en el pecho el 23 de octubre. La mataron en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Nuestras Malvinas. Habían entrado a su casa y le habían robado la garrafa de gas. Tenía 36 años y tres hijas. Los sospechosos fueron detenidos pocos días después. Uno admitió su culpa y fue declarado responsable. Como tiene menos de 18 años fue enviado a un centro para adolescentes en conflicto con la ley. Cuando cumpla la mayoría de edad, la fiscalía resolverá si pide condena. Otro menor de edad reconoció la autoría del robo. También fue declarado responsable y enviado a otro centro. La fiscalía tiene que resolver la situación procesal de una joven -mayor – que estaba con ellos.

El mundo según Macri: pocos rubios de traje o minifalda manteniendo a muchos morochos vagos

Los rubios que sostienen a los morochos

Un dibujo elegido por el Gobierno para ilustrar el sistema impositivo sintetiza la visión de la Administración PRO: una mayoría pasiva de tez morocha sostenida por unos pocos rubios activos vestidos de CEO. Los criticaron por la discriminación y por la falacia económica.




Una multitud de personas de tez morocha y pelo negro son sostenidas por un puñado de oficinistas blancos de pelo rubio. La imagen aparece incluida en un documento del Ministerio de Producción que ayer se filtró en las redes sociales y es utilizada para demostrar que supuestamente el 20 por ciento de la población, rubia, blanca y trajeada, mantiene al 80 por ciento restante, morocha y vestida modestamente, a través de sus impuestos. Más allá del evidente tinte racista del dibujo, que generó revuelo en las redes sociales, los especialistas consultados por PáginaI12 advierten que es totalmente falaz que el 20 por ciento de los contribuyentes sostengan al 80 por ciento restante. Para demostrarlo remarcan que la estructura tributaria es regresiva, lo cual implica que la multitud que consume está proporcionalmente más afectada por los impuestos que las minorías de más alto ingreso. Fuentes oficiales se limitaron a aclarar que el dibujo lo tomaron de Internet, que se trata de una presentación interna y que lo importante son los datos de recaudación que la acompañan y las propuestas del Gobierno.

En Venezuela “La paz es ya”

Silvio Rodríguez contra la intervención en Venezuela

“Que se resuelva entre venezolanos”



El trovador cubano Silvio Rodríguez grabó un breve mensaje en el que repitió su postura contra la intervención extranjera en Venezuela.

“Yo quisiera que todos los problemas que tiene Venezuela ahora mismo se resolvieran bien entre venezolanos y sin injerencia de ningún tipo”, pidió el artista, que recordó un escrito del héroe cubano José Martí que cuenta su viaje a Caracas y el momento en el que se inclinó ante la estatua del Libertador Simón Bolívar.

Argentina entre los países del mundo que peor paga a los mestros

El salario docente pierde contra la pobreza y los precios

Vuelven las clases y regresa la discusión salarial. Los datos revelan que los sueldos son bajos respecto a otros países y no superan la línea de pobreza.

POR DIEGO PENIZZOTTO  FEBRERO  24, 2019 11:30 AM Río Negro



Reclamo. Los docentes reclaman por la educación y los salarios en todo el país.


“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser”escribió Hesíodo, poeta de la Antígua Grecia.

Dificilmente alguien se oponga conceptualmente al hecho de que la educación es la llave que abre la puerta de la libertad, tanto a nivel individual como social.

Sumado a ello, el momento que atraviesa el desarrollo tecnológico y económico global, pone a los alumnos de hoy, ante desafíos impensados hace una década. Distintas fuentes especializadas en desarrollo humano, han establecido hace años que dos terceras partes de los alumnos que se inician hoy en la educación formal, deberán desempeñarse en un mundo laboral inédito, y en puestos que aún no existen.

El consenso que existe en relación a la importancia de la educación, queda sin embargo en tela de juicio cada año al promediar el mes de febrero cuando se inicia la discusión salarial entre los gobiernos provinciales y los gremios docentes. En tal instancia, suele ‘olvidarse’ que los trabajadores en cuestión, tienen en sus manos la herramienta más importante para el desarrollo del país en el mediano plazo.


Algunos números
11%La pérdida de poder adquisitivo del salario docente promedio a nivel país, a lo largo del año 2018.


Naturalmente, los salarios son solo una parte de la estructura que compone el sistema educativo. Pero si el rol del maestro es protagónico rumbo al desarrollo, la pregunta natural es si la remuneración actual de la tarea docente, es acorde con tamaña responsabilidad.

Una primera aproximación, surge al comparar el salario docente con la remuneración que reciben otras ramas profesionales. Un cálculo sencillo en base al último dato disponible en la Dirección de Estadística de Neuquén respecto a las remuneraciones promedio del sector registrado, permite advertir que el salario docente promedio, es un 82% inferior a la remuneración de un médico, un 134% menor a la de alguien que se desempeña en la intermediación financiera, y un 400% menor a la remuneración media del sector petrolero.

La desigualdad luce desproporcionada en contraste con el lugar protagónico que la sociedad asigna conceptualmente a los maestros.

En perspectiva


Con razón, puede el lector señalar que la comparación lineal entre la remuneración docente y la del resto de los sectores, resulta sesgada dado el sin número de factores y particularidades que caracterizan cada actividad y rama profesional.

Por tal motivo y a fin de obtener un panorama más acabado respecto al salario docente en Argentina, es bueno poner el mismo en perspectiva frente a tres parámetros relevantes.

El primer parámetro es el salario docente alrrededor del mundo. Un reciente estudio del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA), compara el salario docente en Argentina a fines de 2018 con el de los 37 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economicos (OCDE). Para la comparación, se utiliza la remuneración promedio anual de un docente con 10 años de antiguedad, medida en dólares y utilizando el criterio de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

Tal como se refleja en el gráfico adjunto, si Argentina fuera parte de la OCDE, el salario docente de nuestro país sería de los más bajos de la lista, ocupando el lugar 34° entre 37 países. El contraste es todavía más claro al advertir que el docente argentino percibe un 20% de lo que gana un maestro en Luxemburgo(el tope de la lista), un 34% de lo que se paga en EEUU (la primera economía del mundo), y un 63% de lo que se paga en Chile (un país vecino y cercano por idiosincracia y estructura económica).

Es lógico pensar que la distancia de remuneración respecto a países que cuentan con un grado de desarrollo mayor, radica en la diferencia de productividad que exhibe la toda la economía nacional respecto a los otros países de la lista, y que la citada diferencia en las remuneraciones promedio tal vez se verifique para el conjunto de las actividades productivas. Por tal motivo, hay un segundo parámetro pertinente, en tanto se relaciona con la realidad argentina, y es la pobreza. El Indec publica periódicamente el valor de la Canasta Básica Total (CBT) en cada región del país, lo que habitualmente se conoce como “línea de la pobreza”. Un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), compara el salario promedio de un docente de enseñanza primaria con 10 años de antiguedad en cada provincia para el mes de diciembre de 2018, con la línea de la pobreza regional publicada por Indec. Tal como se aprecia en el cuadro que acompaña la nota, resulta que en 17 de las 24 jurisdicciones provinciales, el salario docente promedio no alcanza a cubrir la CBT necesaria para no caer en la pobreza. Un contraste crudo que no deja demasiado espacio para suspicacias.

El último parámetro de comparación, es tal vez el más habitual pero no por ello el menos elocuente, y es la inflación. El citado estudio del CEPA, estima que en el conjunto de las provincias argentinas, el poder adquisitivo del salario docente cayó un 11% durante 2018, y que la baja oscila entre el 7% y el 20% según la realidad de cada jurisdicción. Se destaca al mismo tiempo que Neuquén es la única provincia del país en la que los salarios docentes crecieron un 8% por encima de la inflación el año pasado.

A su vez, el estudio cuantifica la pérdida en términos reales (versus inflación mensual) del salario promedio, para un docente primario con 10 años de antiguedad en cada jurisdicción. Los resultados se observan en el segundo gráfico que acompaña la nota, donde surge que, a excepción de Neuquén, la pérdida real acumulada en los 12 meses de 2018, oscila entre los $15.994 y los $72.536.

El ajuste que vive el conjunto de la economía nacional no deja exenta a la educación. La foto mas clara surge de los propios datos del Ministerio de Educación de la Nación, los cuales dan cuenta por ejemplo de que en 2018 el presupuesto para la construcción de jardines de infantes se sub ejecutó en un 30%, que el gasto en equipamiento se sub ejecutó en un 19%, o que las transferencias a universidades nacionales se incrementaron un 22% frente a una inflación anual del 47,6%.

Las mezquindades propias del año electoral, hacen que la política se inmizcuya al momento de negociar paritarias docentes en cada provincia.

Sin embargo a la luz de los datos, queda claro que al analizar la política educativa en su conjunto y a nivel país, es necesario recalificar y volver a valorar la tarea docente como el núcleo base del desarrollo futuro que se proclama.

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Diego Penizzotto
diegopenizzotto@rionegro.com.ar

viernes, 15 de febrero de 2019

Fundación San José Obrero pide ayuda para seguir construyendo futuro


Tras el robo en San Jose Obrero, solicitan apoyo de la comunidad

En la madrugada del miércoles 13 entraron a robar en la obra del Centro de Integración Juvenil que impulsa la Fundación San Jose Obrero, donde se llevaron las máquinas y herramientas del Taller que funciona en el Barrio Malvinas.

Pero lejos de desalentarse por este lamentable hecho, los integrantes de San Jose Obrero lograron obtener otras herramientas y maquinas para seguir trabajando con este proyecto social. Desde la organización agradecieron el apoyo recibido y apelaron a la ayuda que les pueda brinda la comunidad.



Para colaborar con la fundación San Jose obrero Bariloche pueden ingresar a la siguiente dirección en facebook: *http://bit.ly/2GxIEsf*

En la página de facebook figura en numero de cuenta de banco de la Fundación y contactos para quienes quieran colaborar con dinero o acercar maquinas como también herramientas.

Oscar Moreno

Bullrich con la idea fija de la represión

Palos, gases y balas de goma en Constitución

Feriazo reprimido

La Policía de la Ciudad reprimió a los integrantes de la UTT que intentaron concretar en Plaza Constitución un nuevo “feriazo”, la protesta en la que los pequeños productores rurales venden a los vecinos frutas y verduras a precio justo.



Una mujer intenta recuperar alguna berenjena tras la brutal represión policial. Imagen: Bernardino Ávila

Con la excusa de que “se ensucia la plaza”, la Policía de la Ciudad reprimió a los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que intentaron concretar en Plaza Constitución un nuevo “feriazo”, la protesta en la que los pequeños productores rurales venden a los vecinos frutas y verduras a precio justo. Luego de dispararles balas de goma y arrojarles gases lacrimógenos, las fuerzas de seguridad secuestraron decenas de cajones con mercadería en camionetas del gobierno porteño.

martes, 12 de febrero de 2019

Agresiones de policías y patovicas del magnate Joe Lewis

Los que ocultan al Escondido
Un grupo de policías de Río Negro y guardias de seguridad del empresario americano amigo de Mauricio Macri atacó a los integrantes de la cuarta marcha para liberar al Lago Escondido. Hoy presentarán una denuncia.


Imagen: Infografia Alejandro Zabalo


Dos integrantes de la cuarta marcha en reclamo al libre acceso al Lago Escondido, en Río Negro, fueron amenazados de muerte: custodios del magnate Joe Lewis –amigo personal de Mauricio Macri que en 1996 adquirió de forma irregular las miles de hectáreas que rodean el espejo de agua– voltearon este sábado el kayak en el que se trasladaban los marchantes mientras repetían “¿conocen la muerte por hipotermia?”. Estas dos personas habían salido el miércoles junto a otros 20 compañeros por el camino de montaña. Otro grupo más numeroso salió este sábado por el camino de Tacuifí, más corto y seguro, pero no pudo llegar al lago: se encontraron con tranqueras cerradas y un grupo de propietarios, de personas cercanas a Lewis y de policías que impidieron el paso.

La primera columna salió el día miércoles por el camino de montaña, un trayecto de 44 kilómetros con varias dificultades de terreno. Durante la madrugada del sábado lograron llegar a la cabecera oeste del lago. Sin embargo, se encontraron con algo más que el espejo de agua: “Allí los estaba esperando una patota de la seguridad de Lewis y efectivos de la Policía de Río Negro. Los amenazaron y les marcaron con estacas el espacio donde podían acampar, un espacio muy reducido. No los dejaban salir ni siquiera para hacer sus necesidades, bajo amenaza de ser detenidos”, contó Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), una de las organizadoras.

Cuando los marchantes intentaron caminar por el borde del lago, los guardias los corrieron al grito de “esto se va a poner peor”. Y se puso peor. Según contó a PáginaI12 Andrea Gatabria, integrante de ATE Capital y de Fipca, ella y un compañero de Radio Gráfica, David Ramallo, decidieron cumplir lo que habían planificado para el sábado al mediodía: remar hasta una isla, encontrarse allí con la otra columna, e izar una bandera argentina. “Antes de llegar a la isla nos pasó por al lado una lancha manejada por 4 personas de la patota de Lewis, las mismas que nos habían amenazado en la cabecera oeste del lago. Pasó a toda velocidad generando un oleaje importante”, relató Gatabria. Minutos después, cuando estaban llegando, vieron una bandera en la isla y creyeron que se trataba de sus compañeros. Cuando pudieron acercarse vieron que se trataba de los cuatro efectivos de seguridad privada de Lewis que previamente habían pasado con la lancha.

“Nos comenzaron a rodear para generar oleaje. Nos dijeron que nos íbamos a caer y nos íbamos a ahogar. Nos preguntaron si conocíamos la muerte por hipotermia, que consiste en quedarse congelado y dormirse”, recordó todavía angustiada.

Y continuó: “Cuando dijimos que regresaríamos por la cabecera este, más segura, enloquecieron y empezaron otra vez a girar. Nos cruzaron la lancha y pudimos esquivarla. Pero dieron la vuelta y nos embistieron el kayak”. Tiraron sus pertenencias al lago, mientras otra lancha que apareció en ese momento las recogió del agua (y luego las volvió a tirar). “La primer lancha nos dio vuelta el kayak y quedamos flotando en el agua congelada. Perdimos la noción del tiempo, pero ellos seguían girando mientras sonreían y nos decían ‘¿Vieron que se iban a caer?’. Cuando ya casi no nos salía la voz para pedir ayuda nos sacaron del agua y nos tiraron en la lancha como una bolsa de papa”, recordó Gatabria. Y lamentó: “Nos describían cómo era la muerte por hipotermia y automáticamente pensaba en Santiago Maldonado”.

Según relató, los llevaron a la costa y solo fueron asistidos por sus compañeros. Horas más tarde lograron salir acompañados por las mismas personas que los habían amenazado, porque la policía dijo que “no tenía medios para trasladarnos”.

“Nuestros abogados presentaron un habeas corpus para que la policía garantice la vuelta del resto de los compañeros. El juez accedió, así que los estamos esperando”, explicó Urien. Este grupo llegará hoy a las 17. Los abogados de Fipca, además, presentarán una denuncia por tortura, privación ilegítima de la libertad y atentado contra la vida.

El otro grupo, que iría al lago por el camino de Tacuifí, no logró llegar. Según contó Urien, los que fueron por este sendero público que permanece cerrado pese al fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que ordena su apertura, se encontraron con que la primer tranquera estaba cerrada con candado. “Estaba la policía, el abogado de Lewis y 10 propietarios. Después de media hora, los compañeros treparon a la tranquera. Los autos se tuvieron que quedar”, contó Urien. Pero este mismo grupo se encontró con una segunda tranquera más adelante, que también tenía presencia policial y personal de seguridad de Lewis.

Según contó Urien, los abogados presentaron un recurso de amparo y el juez Victor Massimino ordenó el paso. Se abrió la primer tranquera pero no la segunda, dado que la gente de Lewis se había llevado la llave del candado. “Saltamos y llegamos al río Foyel. Un grupo de 20 compañeros más jóvenes decidió seguir al lago y el resto volvimos. Pero cerca de las 23 apareció la policía y dijo que tenían la orden de que no siguieran avanzando porque esa altura de la noche era muy peligroso y tenían que ser evacuados”, agregó.

Otro grupo intentó ese mismo sábado llegar al lago por el Camino del Manso (privado) pero tampoco lo logró. El dueño, que los había autorizado, recibió un llamado del administrador de Lewis, Van Ditmar, para impedir el paso a los marchantes: orden que cumplió inmediatamente. Ahora, una vez reunido, el grupo redactará y presentará la denuncia por tortura, privación ilegítima de la libertad y atentado contra la vida. En manos de la justicia.

Informe: Azul Tejada.
Andrea Gatabria, a la derecha, fue atacada cuando navegaba en kayak.

P12

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